La diputada socialista asturiana María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad en el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, se encargó ayer de defender en el Congreso la ley para despenalizar y regular la eutanasia en España. Era la tercera vez que la Cámara debatía una toma en consideración de una legislación del derecho a morir. Carcedo recordó en una emocionada intervención al gijonés Fernando Cuesta, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que acudió a Suiza "para pagarse la muerte que él deseaba". La exministra asturiana subrayó que el objetivo de la nueva ley "es regular un nuevo derecho, quien quiera que lo ejerza y quien no quiera que no lo haga; va más allá de la despenalización". Carcedo, que desarrolló la propuesta legislativa durante su tiempo en Sanidad, se dirigió a los escaños de la derecha para pedir su apoyo y subrayó que "el dolor y el sufrimiento humano no tienen ideología, va vinculado a la condición humana". "No permitan, por favor, que la gente siga sufriendo", dijo entre aplausos de los socialistas.
Según Carcedo, la nueva normativa que pretende alumbrar el Gobierno de coalición PSOE-Podemos es una ley "mayoritariamente apoyada por la ciudadanía española, como vemos en las encuestas. Los profesionales médicos también somos partidarios mayoritariamente (de ella). Profesionales que viven continuamente con el dolor no son insensibles al dolor de estas personas", añadió.
PP y Vox rechazaron tajantemente la argumentación de María Luis Carcedo. Según el diputado popular José Ignacio Echániz existe un "asunto financiero" bajo esta intención de legalizar la eutanasia: el ahorro que supone para las arcas públicas no tener que seguir ocupándose de estos enfermos. Echániz sentenció que "la longevidad se ha convertido en un asunto financiero". "Tenemos la obligación de eliminar el dolor y el sufrimiento pero no a la persona con dolor y sufrimiento", añadió. Ante estas declaraciones, María Luisa Carcedo pidió al diputado popular "un poco de saber estar y de dignidad".
La portavoz de Vox, Lourdes Méndez Monasterio, fue más directa y aseguró que la nueva legislación convierte al Estado "en una máquina de matar" y a los médicos" en sus "cómplices y verdugos". También dijo que la normativa que proponen los socialistas "avala un homicidio asistido en respuesta a un sistema quebrado de pensiones". La diputada de Vox expresó un último deseo para aquellos que apoyen la ley: "Que Dios les perdone". No menos áspero resultó el representante de Podemos, Pablo Echenique, cuando le tocó intervenir en defensa de la nueva ley. Aseguró que la posición de la derecha al respecto es "que se joda Ramón Sampedro", en alusión al pescador gallego tetrapléjico que se quitó la vida con ayuda de una amiga y en cuya historia está inspirada la película "Mar adentro". Echenique calificó a los diputado del PP de "gente sin escrúpulos". "Qué cosas más repugnantes tenemos que oír a veces en esta Cámara", añadió.
"Quien quiera, que viva"
La intervención de María Luisa Carcedo comenzó con un recuerdo de las palabras que dejó escritas el gijonés enfermo de ELA, que la exministra citó literalmente: "Quien quiera vivir que viva, pero que nos deje a los demás morir libremente, la eutanasia no es una obligación. Yo pediría a los políticos que piensen de una vez en los ciudadanos y sobre todo en los ciudadanos que están en estas condiciones".
Carcedo también citó otros dos casos más de personas que solicitaban la eutanasia, el de Maribel Tellaetxe -" cuyo su hijo no pudo cumplir su promesa", indicó la exministra- y el de Ángel Hernández, que ayer estaba presente en el Congreso, quien "por amor, tras 30 años de cuidar a su mujer" la ayudó a morir, "lo que le valió la paradójica acusación de violencia de género", apuntó la diputada asturiana.
Carcedo insistió en que la nueva ley pretende instaurar un nuevo derecho "de forma ordenada, con todas las garantías humanas y sanitarias".Y detalló: "Este nuevo derecho se asienta sobre tres grandes leyes en nuestro país. La primera es la Constitución, que regula el derecho a la dignidad de la persona, el valor superior de la libertad, el derecho a la vida y a la integridad física y moral y la libertad ideológica y conciencia. La segunda es la ley de autonomía del paciente, que determina que es la libertad de la persona, debidamente informada, la que decide los tratamientos; y, finalmente, el Código Penal, que hasta ahora penaliza la ayuda a las personas en estas circunstancias, aunque con atenuante". Carcedo concretó que la proposición de ley regula las circunstancias en las que puede recurrir a la eutanasia: "invalidante, grave, que no tiene tratamiento efectivo, que se sabe cómo evoluciona pero que no puede ser aliviada y que no supone una muerte con carácter inmediato". Y remató: "Hay muchas personas, muchas más de las que podemos imaginar y desearíamos, que están sufriendo estas situaciones y podemos evitárselas".
