El anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual llegó ayer al Consejo de Ministros precedido por los sucesivos desencuentros entre los socios de gobierno, Unidas Podemos y PSOE, con posiciones encontradas sobre la celeridad de su tramitación y la concreción del concepto de consentimiento. El texto legislativo, que fue aprobado ayer, acaba con la diferenciación entre abuso sexual y violación, poniendo en el centro del sistema penal el consentimiento de la mujer, e introduce el nuevo delito de acoso ocasional sexista leve o acoso "callejero".
El consentimiento queda definido como "la manifestación libre por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, de la voluntad de la persona participar en el acto". "La clave para saber si hay violación es el consentimiento", especificó la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras el Consejo de Ministros.
La otra novedad es la inclusión en el Código Penal del delito de "acoso ocasional", entendido como aquellas "expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas" que pongan a la víctima en una situación "objetivamente humillante, hostil o intimidatoria" y que se produzcan en la vía pública, bares, fiestas privadas, conciertos o lugares similares. El delito de acoso ocasional no reiterado conllevará penas de localización permanente, trabajos comunitarios o multas.
La ley de libertad sexual contempla un endurecimiento del Código Penal, con hasta 15 años de prisión para los casos más graves de violación.
Ayer, tras el Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad destacó que con la nueva legislación España se convierte en una referencia internacional en la defensa de las libertades sexuales. La futura ley pone el foco en la prevención y la sensibilización, además de en el acompañamiento a las víctimas en todas las fases del proceso y su reparación. El objetivo, según Irene Montero, no solo es condenar las conductas lesivas, sino erradicar toda la violencia sexual.
