Siete horas de consejo de ministro fueron necesarias para que Pedro Sánchez cumpliese lo que anunció el viernes: la declaración del estado de alarma, una situación que permite la Constitución en situaciones excepcionales y que supone severas restricciones para el país. "Las medidas son drásticas y van a tener consecuencias", aseguró un severo Sánchez tras la comparecencia más demorada, con el país en vilo. Al tiempo que el Presidente anunciaba medidas que obligan al confinamiento de los españoles en sus casas, que limitan sus movimientos por la calle salvo para ir a trabajar o acudir a las urgencias, saltaban las costuras de su gobierno bicolor, de sus apoyos parlamentarios y del estado autonómico.

La declaración del estado de alarma anunciada por Sánchez incluye medidas muy duras. El Gobierno limita al máximo la posibilidad de que los ciudadanos salgan de casa, con el objetivo de frenar el contagio del coronavirus. A partir del lunes a las ocho de la mañana, los españoles, 46 millones de habitantes, podrán salir a la calle únicamente para trabajar, salvo que no pueda hacerlo desde casa. También para comprar comida o medicamentos, o para acudir a centros sanitarios, cuidar a personas dependientes o mayores. En cualquier caso deberán evitarse las aglomeraciones y deberá mantenerse siempre una distancia de seguridad de al menos un metro para evitar contagios.

Una medida tan drástica supone un severo impacto económico; no obstante el Gobierno no quiere paralizar totalmente la producción. Habrá restricciones en el transporte público y podrán permanecer abiertos algunos negocios, pero muy específicos. La policía vigilará que todas las personas cumplan la norma. Las medidas se asemejan mucho a las que padecen ahora los italianos.

Todas las policías autonómicas quedan al mando del Gobierno, según un decreto que centraliza también la sanidad y la seguridad en toda España. El Boletín Oficial del Estado tenía previsto publicar esta madrugada el texto final. Sánchez contará con cuatro "autoridades delegadas": la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Sanidad, Salvador Illa; el de Transportes, José Luis Ábalos, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sánchez ha excluido de ese gabinete de crisis a los ministros podemistas que forman parte de su gobierno de coalición.

Pero más allá del rosario de medidas que desgrana el decreto, ayer se evidenciaron las tensiones dentro del Ejecutivo y las diferencias entre las comunidades autónomas. Pablo Iglesias se saltó la cuarentena y acudió a la reunión siguiendo un protocolo sanitario, pero puso sobre la mesa trabas que retrasaron la aprobación. Principalmente sobre las medidas económicas que deberían acompañar la declaración, y que el Presidente pospuso hasta el próximo martes. También trascendieron las críticas del País Vasco y Cataluña, que consideraban que el decreto del estado de alarma suponía arrebatarles las competencias a modo de la aplicación del artículo 155.

Esas tensiones quedaron en evidencia con las palabras de Sánchez tras la larguísima reunión. El Presidente llamó a la unidad de todas las comunidades autónomas y de todos los ciudadanos para vencer al virus.

Insistió el jefe del Ejecutivo en que su Gobierno utilizará "todos los recursos a nuestro alcance para combatir la curva del contagio. Es importante no equivocarnos de enemigo, es el virus, y todos debemos combatirlo unidos", resaltó. Con tono severo, Sánchez insistió en que todo el país se tiene que poner al servicio de la lucha contra el COVID-19, incluido todo el sector privado y el Ejército.