El Gobierno central ha restablecido los controles en las fronteras terrestres en lo que supone un paso más en el confinamiento del país para tratar de frenar la epidemia del coronavirus. Desde la pasada medianoche se han restablecido los controles fronterizos y solo podrán acceder al territorio nacional los transportes de mercancías, los ciudadanos españoles, los residentes en el país, los trabajadores transfronterizos o aquellas personas que acrediten causas de fuerza mayor o situación de necesidad. España se aísla así del resto de Europa, después que el número de infectados por coronavirus en el conjunto del país se aproxime a la barrera de las 10.000 personas, con más de 300 fallecidos. El escenario se agrava y el Gobierno ya asegura que el estado de alarma se prolongará más allá de los quince días marcados inicialmente cuando fue decretado.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el cierre de fronteras en la tarde de ayer, tras participar por videoconferencia en una reunión en la que participaron los titulares de Interior y Sanidad de la Unión Europea. Previamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó la medida al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y al primer ministro de Portugal, António Costa. Según precisó Grande-Marlaska, el cierre de fronteras permanecerá en vigor mientras dure el estado de alarma, y no se descarta que efectivos militares participen en los controles, para velar por el cumplimiento la medida.
El cierre de fronteras en situaciones como las que define el estado de alarma está contemplado en el artículo 28 del código de fronteras que regula el espacio Schengen. La medida no supone que se vayan a activar nuevos controles a los territorios de Andorra y Gibraltar.
Otros países europeos, como Italia, Alemania o Finlandia, han ejecutado cierres parciales de sus fronteras ante el avance de la epidemia, pero esto puede ser solo el primer paso de una restricción de accesos a nivel comunitario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso ayer que se restrinja la entrada a los países de la Unión Europea desde el exterior, por un periodo inicial de treinta días, con el objetivo de detener la expansión del coronavirus. Según su propuesta, se aplicarían restricciones para permitir la entrada en territorio comunitario de ciudadanos de la Unión, residentes de larga duración que retornen a casa, familiares, personal sanitario, científicos y personal diplomático. Al igual que se ha aplicado en España, el transporte de mercancías quedaría exento de estas medidas para garantizar el flujo de suministros esenciales.
La aplicación de esta drástica opción se debatirá a lo largo del día de hoy, durante la reunión que mantendrán por videoconferencia los líderes de la UE. Para que la restricción sea efectiva, la Comisión Europea considera que también debería ser aplicada por los cuatro países no comunitarios que forman parte del "espacio Schengen": Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Además, la medida debe de ser aprobada por cada uno de los estados que forman parte de la Unión Europea.
El restablecimiento del control fronterizo se prolongará mientras dure el estado de alarma. Aunque el plazo inicial de la medida es de quince días, con lo que se levantaría el 29 de marzo, desde el Gobierno central ya reconocen que habrá que ampliar ese plazo.
"Tendremos que prorrogar"
"Es evidente que tendremos que prorrogar esta situación, ya veremos con qué medidas, pero en quince días no creo que estemos con capacidad para ganar esta batalla", admitió ayer el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista radiofónica.
En el caso de que el Gobierno central pretenda prorrogar el estado de alarma ya no podrá hacerlo con la mera aprobación del Consejo de Ministros, sino que tendrá que pedir autorización al Congreso de los Diputados, que además podrá delimitar el alcance y las condiciones vigentes durante ese periodo ampliado. En todo caso, partidos como el PP y Ciudadanos ya se han mostrado dispuestos a apoyar una eventual prórroga del estado de alarma.
En el caso de que se diese ese escenario, Ábalos alerta de que probablemente las medidas que se introduzcan con la prórroga sean aún más severas que las que se han implantado esta semana. Todo dependerá, precisó el ministro, de la eficacia de este primer paquete de actuaciones, para lo cual puso el acento en la necesidad de que los ciudadanos se conciencien de la importancia de atender a las recomendaciones de las autoridades. "Si realmente todos somos responsables y actuamos de acuerdo a los requerimientos y no banalizamos ni frivolizamos la situación, sino que nos corresponsabilizamos y estamos unidos ante la pandemia, evidentemente (estas medidas) tendrán más efecto", afirmó Ábalos.
Las recomendaciones del ministro llegaban en una jornada en la que proliferaron las sanciones por toda España por incumplimientos de las normas incluidas en el Real Decreto por el que se aprobó el estado de alarma. Además se produjeron casos concretos de aglomeraciones tanto en el metro como en la red de cercanías de Madrid, la ciudad que registra el mayor número de afectados de todo el país, con más de 4.000 infectados y más de 200 muertos.
Industria
En plena escalada de infectados, las repercusiones económicas de la pandemia se dejan notar con fuerza. El conjunto de la industria del motor a nivel nacional, un total de diecisiete plantas de seis fabricantes, cesó ayer su actividad para evitar la transmisión del coronavirus entre sus empleados, y también por la dificultad que están teniendo los fabricantes para recibir suministros de piezas y componentes. En total, el sector de la automoción da trabajo a unas 93.000 personas en toda España, 66.000 de ellas en las cadenas de producción.
Varios de los fabricantes han anunciado la tramitación de expedientes de regulación temporada de empleo (ERTE), aunque otros están esperando a conocer las medidas de choque que, en el día de hoy, aprobará el Consejo de Ministros para paliar los efectos económicos de la pandemia. Entre esas medidas se prevé la inclusión de fórmulas para flexibilizar la tramitación de los ERTE.
Por su parte, las empresas hoteleras y las aerolíneas también preparan la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo, después de reducir su actividad de manera drástica debido al impacto que la pandemia está teniendo en el sector turístico. En el caso de los aerolíneas, la Asociación Internacional del Tráfico Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) estima que la crisis derivada de la epidemia global podría costar al sector más de 100.000 millones de euros, a nivel mundial. En el caso de los hoteles, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) -que representa a más de 15.000 establecimientos- insta a sus asociados a dirigirse a la autoridad laboral para solicitar la tramitación de los ERTE por fuerza de causa mayor.
