Una avalancha a gestionar en un tiempo récord. La Dirección General de Trabajo del Principado tendrá siete días para dar salida a los cientos de expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) que se esperan que presenten las compañías asturianas para hacer frente a la caída de actividad derivada de la crisis del coronavirus. El Gobierno aprobó ayer medidas para agilizar al máximo los procesos administrativos de estas regulaciones por fuerza mayor, la vía más rápida para tramitar estos recortes laborales. Ante el aluvión que se avecina, el Principado ya está movilizando al personal para que dé salida a estos trámites de la forma más ágil posible.

Eso sí, las empresas que quieran acogerse a estas suspensiones temporales de empleo por fuerza mayor tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que vincule su solicitud con las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra el coronavirus que considera que le han perjudicado. El plazo máximo para resolver cada expediente es de siete días, así que los funcionarios van a tener que trabajar lo más rápido posible.

En el servicio de Relaciones Laborales de la Consejería de Industria trabajan seis personas que, desde hace unos días, están únicamente dedicadas a ir estudiando las solicitudes de ERTE por fuerza mayor que se han ido presentando y a atender las numerosísimas consultas de los empresarios, especialmente de pymes, que son un mar de dudas sobre los procedimientos que deben de seguir. Ante el pico de trabajo, la Administración ha derivado personal de otros departamentos para reforzar a la plantilla de este servicio de relaciones laborales, que se espera que tenga un gran volumen de tarea durante los próximos días.

Mientras tanto, los despachos laboralistas siguen preparando el papeleo para sus clientes -empresas que quieren regular plantilla- y así ir ganando tiempo. Aunque ayer los abogados evitaban realizar valoraciones porque quieren leer toda la letra pequeña del decreto, sí que alguno señalaba que aún hay bastantes dudas con algunos casos que, muy probablemente, no entren dentro del supuesto de ERTE por fuerza mayor. Ponen como ejemplo el caso de la industria de la automoción que cómo casi todos los sectores están plantando también regulaciones, pero dicen los abogados que no está claro que puedan tomar esa vía rápida y, probablemente, deberán pedir una regulación por causas productivas. Un camino mucho más lento.