La enorme avalancha de consultas y llamadas que habían recibido durante estos últimos días los despachos de abogados laboralistas asturianos por parte de empresas que querían saber qué pasos debían seguir para presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) desembocaron ayer en trámites concretos ante el Principado para llevar a cabo estos ajustes de plantillas. La mayoría quiere hacerlo por la vía de las regulaciones de fuerza mayor, que son las que a la larga menores secuelas dejan e incluyen una serie de beneficios fiscales para el empresario, pero no está claro que todas vayan a ser admitidas por este camino. Hay muchas dudas, y los letrados especialistas en este tipo de asuntos aseguran que la letra pequeña del decreto aprobado por el Gobierno y que supuestamente iba a hacer que estos procedimientos fueran mucho más ágiles puede provocar en realidad dmoras.

Los abogados aseguran que ya no son solo los negocios que se han visto obligados a cerrar -por mandato del decreto que regula el estado de alarma del país parar tratar de frenar el avance del coronavirus- los que están regulando a sus plantillas. El contagio sobre la economía es ya general. Tanto que está tocando de lleno a la industria, aseguran, y a sus auxiliares, que hasta hoy habían aguantado el tirón.

Carlos García Barcala, socio del departamento de derecho laboral de Garrigues en Asturias, afirma que "no se ha conseguido el objetivo de simplificar los trámites. De hecho ahora es incluso más complicado". ¿Por qué? En el caso de los ERTE por fuerza mayor (aquellos para negocios que se han visto obligados a cerrar por decreto como los comercios o la hostelería) ahora es necesario notificar a todos los empleados de la compañía que se va a realizar la regulación. Un trámite administrativo que no existía hasta ahora. Para una oficina, señala Barcala, puede ser sencillo, ya que bastaría con enviar un correo electrónico, pero para una fábrica, por ejemplo, puede resultar algo más complicado.

Añade Belén Fraga, socia del departamento de derecho laboral de Vaciero, que "además ahora se necesita elaborar un informe que justifique de qué forma la actividad de la compañía se ha visto afectada por el coronavirus". También hay dudas de que las empresas industriales -como ArcelorMittal o las ligadas con la industria auxiliar del automóvil- puedan tomar la vía de estas regulaciones por fuerza mayor. Los propios sindicatos dudan que puedan acogerse a ellas y aseguran que todo dependerá del criterio de las autoridades laborales.

Es probable que estas compañías tengan que presentar un expediente de regulación por causas productivas, cuyos trámites el Gobierno también ha modificado para hacerlos más ágiles. Ahora el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en lugar de ser de quince días es de solo una semana. Pero en la letra pequeña vuelven a surgir dudas. Dice Belén Fraga que "hasta ahora había que negociar con el comité de empresa y seguirá siendo así, pero en el caso de que no haya acuerdo (como en las compañías pequeñas) hay que alcanzar un pacto con una especie de comisión de la que formen parte representantes de los sindicatos más representativos del sector". Si no se consigue formar esa comisión habría que negociar directamente con la plantilla. Más papeleo. Los propios sindicatos tienen dudas. Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias, asegura que "hay muchas casuísticas que quedarán a criterio de la autoridad laboral".

Por su parte, el Principado anunció ayer que se han simplificado los trámites para tratar de hacer el proceso lo más sencillo posible para las empresas. Solo será necesario, asegura, aportar los datos de la empresa y los de los empleados regulados.