Una mujer de 96 años y un hombre de 85 elevan a tres las víctimas mortales en Asturias

La segunda víctima mortal por el coronavirus en el Principado se conoció ayer noche. Es una mujer de la residencia moscona, de la que no trascendieron más datos que su edad, y cuyo fallecimiento confirmó la Consejería de Derechos Sociales a primera hora de la noche. No pasaron ni dos horas cuando la Consejería de Salud confirmó también la muerte de un hombre de 85 años, sin más datos. Se da la circunstancia de que un fisioterapeuta que atendía en la residencia de Grado y en la del Cristo (Oviedo) había dado positivo unos días antes.

También ayer dieron positivo en las pruebas cuatro residentes más del geriátrico de El Villar, en Piedras Blancas (Castrillón), con lo que ya suman cinco en ese centro, además de un trabajador.

Al cierre de esta edición había un total de 23 positivos en los geriátricos públicos asturianos. El más afectado era el de Grado, con 12 residentes y tres profesionales. El de Santa Teresa, en Oviedo, con un profesional contagiado. Según distintas fuentes, también en la residencia de Sotiello (Moreda) una anciana de 97 años dio ayer positivo y hay tres personas aisladas, una de ellas una trabajadora.

Las residencias de mayores, donde viven 14.000 asturianos, se han convertido, junto con la red sanitaria, en el principal foco de preocupación y atención de las administraciones públicas. La gerente de Establecimientos Residenciales de Ancianos del Principado (ERA), Ana María Suárez, se trasladó ayer a la residencia de El Villar (Castrillón) para explicar a la plantilla las medidas que se impulsarán para reforzar la protección contra el COVID-19. También indicó que ayer mismo por la tarde se enviaría un operativo para realizar la limpieza exhaustiva y la desinfección en este centro y en el de Grado, los dos más afectados por el momento, y para reforzar las medidas de contención de la pandemia del nuevo coronavirus. También se comunicó a varios centros la posibilidad de que las familias de algunos residentes puedan trasladar a las personas mayores que viven en estos centros a sus hogares durante la pandemia.

La movilización de recursos de manera coordinada ha llevado a que la Guardia Civil recorriera entre la tarde del miércoles y ayer los centros geriátricos de sus áreas de competencia en el Principado para conocer de primera mano su situación y necesidades, y está previsto que en breve inicie una campaña de atención en la zona rural a las personas mayores, ya que muchas viven solas.

Esta actuación se enmarca en un plan general que se ha desarrollado en todo el país y durante el que se han realizado unas 2.300 visitas a residencias geriátricas, según se informó ayer desde la dirección general del instituto armado.

Precisamente ayer el Gobierno central decidió elevar a orden ministerial un protocolo de actuación para residencias geriátricas con fecha del 5 de marzo, que desde entonces se limitaba a ser una lista de recomendaciones centrada en el cierre de centros sin condiciones, atención médica y límite de visitas.

El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias compareció ayer en rueda de prensa telemática para dejar claro que él coordinará la gestión de los Servicios Sociales con comunidades y ayuntamientos. En ese marco, anunció una serie de medidas que venían exigiendo al PSOE y que defiende con el sello de Unidas Podemos.

Una de ellas es la creación de fondo especifico de contingencia con 300 millones de euros para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes, en coordinación con Defensa y Sanidad.

¿Y cómo se distribuirá este dinero? Fuentes del Principado explicaron que a las 12.30 horas de hoy está previsto celebrar por videoconferencia un Consejo extraordinario Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que, en teoría, se desgranará el plan.

En dicho consejo está previsto que participen la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, y la directora general de Prestaciones y Servicios Sociales, Paula Álvarez. Serán las encargadas de presentar las propuestas del Ejecutivo asturiano atendiendo a las necesidades trasladadas por los responsables de los centros geriátricos.

Otra de las medidas anunciadas por Pablo Iglesias es la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social. Esto es, atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus. El límite conjunto del gasto sumarían otros 300 millones de euros.

Pero según explicaron desde la Federación Asturiana de Concejos, esa flexibilización del gasto del superávit se refiere exclusivamente al correspondiente a 2019, con lo que cada ayuntamiento conoce sus cuentas, pero se ignora la cuantía global porque el Ministerio de Hacienda aún no ha publicado la liquidación de ese año.

Los ayuntamientos habían acumulado hasta 2018 (durante ocho años) un remanente global de unos 412 millones de euros. Razón suficiente para reclamar de manera insistente desde hace unos años que se les levanten plenamente las restricciones de gasto de sus ahorros que les fueron impuestas en plena crisis. Pero la flexibilización de recursos no ha llegado tan lejos.

La Asociación de Centros Geriátricos del Principado (Ascege), patronal de las residencias privadas y miembro del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), también emitió ayer un comunicado con sus reivindicaciones. Alegan que "los trabajadores de atención a la dependencia y no solo las residencias del ERA necesitan de forma urgente disponer de medios de protección para continuar con el cuidado a los mayores". Y denuncian que "tras numerosas peticiones" al Principado y al Gobierno nacional desde CEAPS "seguimos sin obtener ningún tipo de respuesta. La situación es insostenible".

Los geriátricos privados centran sus reclamaciones en tres puntos. Que se haga llegar de inmediato a todos los centros los materiales necesarios de protección (EPIS) para que los profesionales puedan trabajar en condiciones de seguridad.

Además, exigen que se considere a los trabajadores de los centros y servicios sociosanitarios como personal sanitario de nivel 1, mediante una certificación oficial para que puedan hacerles la prueba de la enfermedad. Por último, que los mayores, cuando los síntomas respondan, tengan preferencia para realizar las pruebas y prevenir así la posibilidad de contagios. "Queremos seguir aportando a la sociedad toda nuestra capacidad y profesionalidad para superar esta situación de alarma".