El servicio de Relaciones Laborales del Principado puso cifras ayer al aluvión de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que están presentando las empresas asturianas como consecuencia del derrumbe de actividad económica asociado a las medidas para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Y el número impresiona. Durante las primeras 24 horas desde que el Gobierno aprobara su paquete de medidas extraordinarias para agilizar las regulaciones temporales de empleo, 1.100 compañías de la región presentaron solicitudes para acogerse a ellas. Equivale casi a una por minuto (0,76). En su inmensa mayoría se trata de pequeños comercios o empresas de hostelería de pocos empleados, establecimientos que se han visto obligados a cerrar tras el decreto que instauró desde el día 15 el estado de alarma en España. En total, desde el miércoles de la semana pasada, cuando comenzaron las dificultades severas para algunos sectores -caso de los afectados por los cierres de colegios-, se han presentado 1.331 expedientes de regulación de empleo ante el Principado.

Eso quiere decir que hubo 231 compañías que no pudieron ni siquiera aguantar a las medidas del Gobierno y ya la semana pasada y el lunes se lanzaron a intentar regular su personal. Ocurrió sobre todo en compañías cuya actividad está ligada con los centros de enseñanza, sin actividad desde hace una semana para evitar la propagación de los contagios. La Consejería de Industria y Empleo quiere darse prisa para tramitar tan ingente cantidad de regulaciones. Ayer había 140 empresas con luz verde para mandar al paro temporalmente a sus trabajadores, un total de 1.773 en esos casos.

Este alud de regulaciones llevan días avisándolo los abogados laboralistas, que ayer vivieron una jornada de continuas llamadas y consultas. El teléfono echaba humo. Los primeros en recurrir al auxilio como salvaguarda de su negocio han sido por ejemplo las compañías de catering. Una de las primeras en tomar esta vía fue Serunion, que sirve comida a numerosos colegios de la región. Tan voluminoso es su expediente en particular que de los 1.773 empleados que se puede considerar que ya están regulados en la región, casi la mitad pertenecen a esta empresa.

Una vez que el Consejo de Ministro aprobó las nuevas medidas para tratar de agilizar el llamado ERTE por fuerza mayor el chorro de expedientes se desbocó. La mayoría de esta primera oleada se corresponde con pequeños negocios como comercios, bares y restaurantes, generalmente con muy pocos trabajadores. Pero se acerca otra que ya está a las puertas del despacho de Relaciones Laborales del Principado, y de la que forman parte un montón de talleres de automoción y peluquerías, apuntan los abogados asturianos.

Y en los siguientes días abra otra oleada integrada por empresas industriales, que están viendo cómo su actividad está comenzando a descender en picado. Una de las primeras ha sido Vauste, la fábrica de amortiguadores asentada en Gijón, que ha presentado una regulación temporal para sus 134 trabajadores, cuyo expediente llegó el miércoles al Principado.

Habrá muchas más. Marcos Martínez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, asegura que a los despachos de las asesorías están comenzando a llegar numerosas solicitudes de regulaciones de empresas de la zona rural.

Lo que tampoco ha cesado son las dudas de los laboralistas y de las propias empresas. Aseguran que la normativa aprobada por el Gobierno para agilizar estos ERTE aún deja muchísimas incógnitas abiertas. Tantas son las llamadas que el Principado estaba recibiendo que ha encargado al propio Colegio de Graduados Sociales que vaya recopilando en un mismo documento toda la casuística para intentar darle respuesta y distribuirla entre las asesorías.

El Colegio de Gestores Administrativos aplaudió la premura que se está dando el Principado para dar salida a esta avalancha de expedientes. La mayoría de las solicitudes se están realizando de forma telemática, lo que está ayudando a acortar considerablemente los plazos.

Los empresarios critican que aún no se sepa nada de los avales que anunció el Gobierno

Sin embargo, las empresas asturianas no aprecian que las administraciones estén actuando a la altura de lo que requiere una situación excepcional que está amenazando con provocar un "shock" en la economía regional. "Ante situaciones excepcionales no se pueden aplicar soluciones al uso", señaló Alberto González, director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), tras escuchar las quejas de los asociados.

La patronal destaca que a estas alturas, y después de la declaración del estado de alarma del sábado, aún no hay una norma clara sobre la movilidad de los trabajadores que deben acudir a su puesto. La FADE comparte con el Gobierno la importancia de las medidas para flexibilizar los ERTE, pero reclama una tramitación acorde con la excepcionalidad de la situación. "Hay que poner fácil la tramitación para que se aprueben los expedientes antes de que las empresas se vean obligadas al cierre. Se necesita simplificar el papeleo, ser flexibles en las interpretaciones y resolver rápidamente", señaló Alberto González.

El secretario general de FADE afirmó que las empresas, al igual que demandaban durante la pasada gran recesión, lo que necesitan es flexibilidad laboral, ayudas fiscales (ya sean bonificaciones o aplazamientos en el pago de impuestos ante la "caída a plomo de los ingresos") y financiación para tener liquidez y afrontar los pagos a proveedores y las cuotas de los créditos pendientes. "El presidente del Gobierno anunció una línea de avales de 100.000 millones de euros y a día de hoy aún no sabemos nada de ella. Nos dicen que se desarrollará en el Consejo de Ministros de la próxima semana, pero el tiempo se echa encima y aún no conocemos ni cómo se va a articular", afirmó el director general de FADE, que añadió que la inmensa mayoría de las empresas asturianas son micropymes "con muy poco músculo financiero, y estos avales son imprescindibles para soportar el parón de actividad, y esperamos que, una vez aprobados, su tramitación sea también sencilla y rápida".

Alberto González también lamentó que las ayudas para los autónomos no contemplaran la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social mientras se mantenga el estado de alarma, que ha obligado a muchos a suspender su actividad.

"Lo que piden las empresas y los autónomos no es nada nuevo, es lo mismo que reclamaban durante la anterior crisis, de la que deberíamos haber aprendido", incidió González.