El COVID-19 se ceba con los más mayores, lo que ha llevado al Principado a implantar una normativa común para las residencias geriátricas asturianas que establecen hasta la división de los centros por plantas y estancias para evitar, o al menos controlar los contagios, y que indican a los profesionales hasta que deben llevar las uñas cortas. Un estricto protocolo que según las autoridades, se está cumpliendo a rajatabla.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la administración asumirá la gestión de las residencias privadas, como ya se hizo con la sanidad. Un anuncio que en Asturias no ha supuesto ningún sobresalto porque ya hace días que estos centros trabajan en colaboración con la Consejería de Salud.

Los mayores son el vector de población más vulnerable al ataque del COVID-19, fundamentalmente porque sufren patologías crónicas, a veces múltiples, que minan su resistencia. De hecho, la mayoría de los fallecimientos -todos en el caso de Asturias- se centran en el segmento poblacional que cumple con esas características. Y además, el Principado es una de las poblaciones más envejecidas del país, de Europa e incluso del mundo. De ahí que se tenga una especial atención y sensibilidad hacia los ancianos y se extremen las precauciones en las residencias geriátricas.

El Principado se ha mostrado especialmente riguroso en ese aspecto. De hecho, cuando el Gobierno central aún se permitía el acceso a una visita por residente, en Asturias se suspendieron totalmente. Sin límite de fecha y aún a sabiendas del sufrimiento que esto podía causar a la mayoría de las familias, con mayores cuyo estado de salud es más que delicado.

La residencia de Grado es la más afectada hasta el momento, con tres fallecimientos y 80 test positivos entre residentes y el personal. De ahí que el Ejecutivo regional decidiera convertir el edificio en lo más parecido a un hospital. Le sigue el centro de El Villar, en Castrillón, donde ya se ha registrado un fallecimiento. Pero aún así las autoridades sanitarias advierten: lo peor está por llegar. Así que la aplicación de la normativa es estricta.

Las pautas básicas que se están aplicando en las residencias geriátricas asturianas, públicas y privadas, se basan en dos principios fundamentales, que son la restricción de movimientos y mantener las distancias de seguridad entre los residentes.

Estas dos normas de obligado cumplimiento conllevan otras mucho más rígidas en el caso de que se detecte a un residente con síntomas o que se confirme que padece coronavirus. En ese caso, y si no es necesario su traslado a un centro hospitalario, se le aísla en una habitación que debe tener buena ventilación, que sea preferiblemente al exterior y que tenga baño propio. Además, se la someterá a una vigilancia continua en busca de síntomas respiratorios.

Se colocarán carteles en la puerta o en la pared fuera de la habitación donde se describa claramente el tipo de precauciones necesarias y las medidas de protección que se requieren (EPI). Y dentro de la habitación del residente se coloca un cubo de basura con tapa y pedal para que los trabajadores puedan descartar fácilmente el material utilizado.

En cualquier caso, sólo con que presente síntomas se informará a los servicios sanitarios, que establecerán las pautas a seguir. Y si es necesario que el residente pase por estancias comunes, será durante el tiempo mínimo que se requiera y deberá llevar mascarilla.

Para poder cumplir con estos requisitos, las residencias han ido adaptando las estancias y separando por plantas o departamentos a los residentes según su estado de salud.

El riesgo evidente para los profesionales se evalúa de manera individualizada, aunque las indicaciones generales son que se continúe con la actividad laboral habitual manteniendo la vigilancia para detectar precozmente la aparición de síntomas.