Los avales que el Gobierno movilizará por un importe total de 100.000 millones para facilitar que los bancos concedan créditos y líneas de liquidez a empresas y autónomos sin el temor a incurrir en impagos cubrirán a las entidades financieras el 80% del riesgo de impago en el caso de pymes y autónomos (y tanto para nuevos préstamos como para refinanciaciones de créditos anteriores) y el 70% del importe en el resto de empresas cuando se trate de préstamos nuevos y el 60% en los casos de renovación. Las garantías del Estado podrán aplicarse con carácter retroactivo a operaciones financieras que hayan sido concedidas a partir del pasado miércoles.

Así lo aprobó ayer el consejo de ministros, en el que se desbloqueó un primer tramo de 20.000 millones del total de 100.000 millones que decidió otorgar el Gobierno el día 17. A partir de que se consuma la primera fase, se activarán de forma automática los siguientes tramos. Las condiciones podrían ser revisadas, si a la vista de la experiencia acumulada hasta entonces, se entendiera que se precisasen ajustes.

Los avales para empresas y autónomos impactados por la epidemia y las medidas de confinamiento y cierres obligatorios de negocios podrán garantizar créditos y líneas de liquidez que se destinen al pago de salarios y facturas, así como a financiar el circulante, vencimientos de obligaciones y deudas tributarias o financieras.

Con tipos de interés en tasas muy bajas, y con las grandes inyecciones de liquidez otorgadas al sector financiero por el Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno considera que con la concesión de garantías públicas no debería haber obstáculos para que la banca movilice sus recursos e inyecte crédito a la economía real para sostener el empleo y la actividad productiva.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evitó comprometer la suspensión del pago de las cuotas a la Seguridad Social por pymes y autónomos (ya están eximidos en caso de ceses de actividad, ERTE y caída del 70% de los ingresos, entre otras ayudas) pero no lo descartó: "Si fuesen necesarias más medidas, se tomarán".

La patronal FADE se felicitó de la rapidez pero cree insuficiente la cobertura con avales (debería llegar, dice, al 90%) y el importe inicial (20.000 millones) y pide agilidad en la aplicación. Femetal juzgó positiva la medida y reclamó rapidez y que no se aplique de modo restrictivo. La Cámara de Comercio de Gijón también demandó agilidad.