Tres nuevos fallecidos en las últimas horas elevan a 11 las víctimas mortales por covid-19 en residencias de ancianos de Asturias. Estos casos se han producido dos en la red privada, donde hasta ahora no se contabilizaba ninguna baja, y otro en la residencia pública de Grado, según los datos que nos han aportado los propios centros esta mañana. La red privada-concertada tiene 192 establecimientos registrados y esta mañana ya habían enviado los datos de afectación por el covid-19 la práctica totalidad de los centros. Sólo faltaban siete por dar sus registros que, hasta ahora arrojan un balance de nueve pacientes afectados -con los dos fallecidos citados- y tres trabajadores también positivos.

Por lo que respecta a la red del ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias), que aglutina a los centro públicos, en esta jornada hay que sumar un nuevo fallecimiento y ya van nueve en total. La residencia más golpeada es la de Grado, con 7 fallecimientos y los 74 residentes considerados como afectados, pese a que solo han dado positivo en los registros 45 de ellos. El número de muertes por coronavirus asciende así a un total de 9 en las residencias publicas y el número total de afectados con positivos en toda la red son 117 ancianos y 39 trabajadores.

El Principado no facilitó ayer el número de positivos en los centros públicos al ser incapaz de cuadrar las cifras. La Consejería de Derechos Sociales ha advertido de que a partir de hoy se abrirá expediente sancionador o disciplinario, en función de la titularidad del centro, a aquellas residencias que no remitan correctamente la información requerida.

El cordón sociosanitario impuesto por el Principado y pionero en España según los geriatras, ha conseguido contener los contagios en las residencias de mayores asturianas. A expensas de que entre esta semana y la próxima se alcance el pico de contagios, los especialistas confían en que sea inferior en los geriátricos a lo que se preveía inicialmente. Las claves han sido la prohibición de acceso a las familias y la separación y confinamiento de los ancianos en los centros, afirman. La Fiscalía Superior del Principado ha reclamado tanto al Gobierno regional como a las residencias públicas y privadas los datos sobre los residentes, plantillas y la situación de cada uno de ellos para comprobar si se esta cumpliendo la normativa y contrastar los datos, que serán remitidos a la Fiscalía General del Estado.