La consejería de Derechos Sociales y Bienestar solicitó al Gobierno de España "la militarización" de sus 7 residencias donde se habían confirmado casos positivos de coronavirus. La petición se formalizó, a través de la Delegación del Gobierno en Asturias, el pasado lunes pero no obtenido respuesta. El Jefe del Estado Mayor, Miguel Villarroya, manifestó 24 horas después que el cometido del Ejército no es entrar las residencias de mayorespara garantizar su funcionamiento sino, únicamente, proceder a su desinfección.

La pretensión del Principado era garantizar la asistencia a un colectivo vulnerable en la crisis sociosanitaria del coronavirus, los mayores de 70 años, en las siete residencias públicas, donde el pasado lunes ya se habían confirmado análisis positivos de residentes y personal. Esas residencias eran las de Grado, donde se ha declarado el, por ahora, mayor foco de letalidad en Asturias, con siete muertos; Palacio del Villar (Castrillón); El Cristo, Santa Teresa y Naranco (Oviedo); Moreda y residencia Clara Ferrer (Gijón), según reveló la consejera, Melania Álvarez, en la comparecencia que tuvo ayer ante los portavoces de los siete grupos de la Junta General.

¿Y en qué consistía esa "militarización"? Pues en "utilizar los recursos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para lo que sea preciso", según confirmaron fuentes de la consejería. Los responsables del Principado comentaron en esta misma comparecencia, por videoconferencia, que no habían tenido novedad acerca de dicha solicitud. Pero apenas 24 horas después, el general Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor (JEMAD) aclaraba en rueda de prensa que "no podemos entrar a sustituir a ningún sistema que funciona" y precisó que la misión encomendada a los militares en las residencias de mayores consiste en su desinfección.

La solicitud al Gobierno de España para "militarizar" las residencias por parte del Principado se producía 72 horas después de que la Fiscalía Superior de Asturias reclamara información al Principado sobre las residencias donde se hubieran producido fallecimiento, una exigencia que no trascendió públicamente hasta cinco días más tarde, este miércoles, el mismo día en que el presidente del Principado, Adrián Barbón, reconocía en una entrevista la complicación que suponía que haya "gente que está rechazando incorporarse al trabajo" en las residencias de mayores. "El miedo es humano, pero es cruel", afirmó Barbón, quien también vinculó el foco de Grado con el brote en el centro de la Fundación Masaveu. En la comparecencia de ayer, los responsables de Derechos Sociales indicaron que esa conexión aún está bajo investigación.

La diputada Reyes Fernández Hurlé aprovechó esta comparecencia para expresar la "preocupación" del PP asturiano "por la escasez de material de protección en las residencias" de la región, al tiempo que reclamó "información veraz y en tiempo real" para las familias de residentes como para el personal". Laura Pérez Macho (Cs) reclamó la adopción de medidas preventivas "antes de que muera gente" en el conjunto de las residencias. Lorena Gil (Podemos) y Ángela Vallina (IU) pidieron la realización de test inmediatos a trabajadores y residentes y también para el personal de la ayuda a domicilio. Ignacio Blanco (Vox) reclamó más dotación de mascarillas en las residencias.