Los despidos laborales por causas económicas, organizativas, técnicas, productivas y de fuerza mayor que las empresas pudieran promover alegando como causa la crisis del coronavirus han quedado prohibidos desde ayer en España y mientras dure la pandemia. Así lo decidió el consejo de ministros extraordinario en el que se progorró durante quince días más (hasta el 11 de abril) el estado de alarma para combatir los contagios del COVID-19, una vez que el miércoles el Gobierno obtuvo la autorización del Congreso de los Diputados para ampliar el periodo de confinamiento de la población, cierre de locales y restricción del tránsito y la movilidad.
La prohibición de las rescisiones de contratos, que perdurará mientras persista la crisis sanitaria, trata de impedir, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que algunos empleadores puedan aprovechar la circunstancia excepcional de una emergencia sanitaria para reducir plantillas, lo que, según el Ejecutivo, no es necesario una vez que el Gobierno ha establecido "mecanismos legales y recursos públicos ingentes" mediante los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor y exenciones de cotizaciones para descargar a las empresas de costes laborales mientras no puedan desarrollar con normalidad su actividad productiva.
Por la misma razón, el Consejo prohibió también la extinción de contratos temporales (incluidos los de interinidad, formativos y de relevo), que podrán ser interrumpidos por fuerza mayor mientras dure la crisis pero que deberán ser prorrogados por el tiempo en que se suspendan. Sólo se abrirá "un paréntesis", dijo la ministra.
Para agilizar la tramitación de los ERTE, el Gobierno aprobó un modelo "hipersimplificado" de formulario en el que solo será necesario hacer constar el nombre, número de documento de identidad, base reguladora y cuenta bancaria de los trabajadores afectados. Díaz se comprometió a que el Servicio Público de Empleo (SEPE), que ha sido reforzado con mil trabajadores, reconozca de modo "inmediato" las prestaciones por desempleo. Se establecerá, dijo, un "trámite agilizado" para que los trabajadores cobren con rapidez el seguro de paro, que según se decidió en un consejo anterior será abonado también a aquellos asalariados afectados por los ERTE que no hubiesen alcanzado el periodo mínimo de cotización que en condiciones normales se exige para percibir el desempleo.
Se mantiene vigente a su vez el cambio legal que ya había sido aprobado con anterioridad por el que los trabajadores afectados por ERTE de fuerza mayor mientras persista la pandemia no consumirán periodo de paro, que les será restablecido en la situación anterior a la aplicación del expediente.
Las prestaciones se mantendrán en este tipo de ajustes con las mismas condiciones que en los procedimientos convencionales por desempleo (una cuantía máxima de 1.098,09 euros), incluido el reconocimiento por hijos a cargo (que había sido descartado por algunas versiones difundidas), con lo que se incrementan a 1.254 euros en el caso de un descendiente y a algo más de 1.400 euros a partir del segundo.
La ministra se comprometió a que, pese a la avalancha de expedientes de regulación que se están produciendo y que pudieran producirse -y que está "desbordando", admitió, al Servicio Público de Empleo-, éste mantendrá el día 10 de cada mes como fecha de abono de la prestación a los beneficiarios.
Los socios de cooperativas podrán acogerse también a estas medidas una vez que ayer el Gobierno aprobó la modificación de una norma que obstaculizaba la aplicación a este colectivo.
"Nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria para despedir porque hemos puesto los mecanismos jurídicos y los recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo", dijo la ministra de Trabajo. "Si hubiese fraude", advirtió, "las empresas deberán devolver la cantidad percibida así como el importe de la prestación pública que hayan recibido sus trabajadores". Trabajo reforzará la inspección para detectar posibles abusos, explicó.
La prohibición de los despidos mientras se prolonguen las medidas excepcionales de freno a la actividad económica para intentar poner coto a los contagios fue una reivindicación de los sindicatos, siguiendo precedentes como el existente en Italia, donde ya se está aplicando esta norma laboral restrictiva.
El Gobierno pretende con estas nuevas disposiciones que "la crisis sanitaria sea un paréntesis en el ámbito económico", dijo la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, en la comparecencia posterior al consejo de ministros.
