El veto a los despidos por causas ligadas con la crisis sanitaria del coronavirus que aprobó esta semana el Gobierno y cuyo detalle se publicó ayer en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE) -a través de un decreto- puede suponer la puntilla para muchas pequeñas y medianas empresas, y también para los autónomos con empleados a su cargo. La reflexión la hacen los abogados y asesorías laboralistas asturianos, que critican que estas nuevas medidas hacen "más rígidas las relaciones laborales" y generan aún mayor inseguridad porque lejos de aclarar el panorama lo complican aún más. La carga de trabajo de estos negocios es desde hace unos días brutal. La lluvia de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se ha convertido en un chaparrón y critican que las reglas del juego no están nada claras. No les convencen casi ninguna de estas últimas medidas aprobadas. Y citan como especialmente lesiva la modificación que establece que los temporales que se suspendan durante esta crisis sanitaria tendrán que prorrogarse una vez que la economía vuelva a echar a andar. Puede suponer el final para muchas compañías, especialmente para las más pequeñas.
El problema que atisban ya las empresas es que una vez que el estado de alarma se levante -previsiblemente el 12 de abril- aún llevará un tiempo que la economía mejore y que las ventas vuelvan a ser las de hace un par de semanas.
Contundente, Carlos García Barcala, socio responsable del departamento de derecho laboral de Garrigues en Asturias, asegura que, por ejemplo, la limitación que establece que los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor (dirigidos a aquellas empresas que por decreto hayan tenido que cesar su actividad durante esta crisis) solo duren lo que se alargue el estado de alarma será otro problema. Según añade García Barcala, las empresas asturianas ya están preparando un plan B por si acaso tienen que volver a presentar una nueva regulación de empleo -esta vez por causas objetivas- por si la actividad no remonta el vuelo de forma tan rápida como se espera. Es decir, más carga para la saturada Dirección General de Trabajo y para el Servicio Público de Empleo. Dice Barcala que "en muchos sectores industriales no se va a reactivar la actividad de golpe, se necesitará un periodo de tiempo en el que será necesario tomar medidas".
El abogado laboralista asegura también que la medida de prohibir los despidos "no es acertada". Y añade: "Las empresas no despiden por capricho. E impedir que se puedan tomar medidas es dificultar las cosas y poner trabas que al final pueden provocar una situación de ahogo financiero para muchas de ellas". Las más castigadas entiende el presidente del Colegio de Graduados Sociales, Marcos Martínez, serán las pequeñas empresas y los autónomos que tengan algún trabajador a su cargo. Martínez entiende que poner veto a los despidos ligados al coronavirus tiene una parte lógica para "que no haya trampas por parte de las empresas", pero otra negativa porque ahora se establece que esos expedientes tengan que pasar por dos barreras, la del Servicio Público de Empleo (SEPE) y la de la Inspección de Trabajo. Más trabas administrativas y, por lo tanto, más incertidumbre, según los laboralistas. "Puede ocurrir que haya trabajadores que denuncien a su empresa ante la Inspección por entender que la regulación fue fraudulenta y que dentro de unos meses la compañía tenga que devolver todas las ayudas recibidas. Se pondría en jaque a muchas", señala. Pero la puntilla para una buena cantidad de pequeñas y medianas empresas puede venir por la nueva norma que establece que estas compañías tendrán la obligación de renovar los contratos temporales que venzan durante este estado de alarma. "Eso puede abocar a muchas al cierre y por proteger unos contratos temporales lo que se va es a sacrificar un buen número de empresas", dice. Esto ocurrirá porque, previsiblemente, la actividad económica tardará un tiempo aún en levantar cabeza.
El decreto veta los despidos derivados del coronavirus, pero no pone coto a los que puedan darse por otras vías, como los disciplinarios o los improcedentes, para esos no hay limitaciones. Aunque, advierten los laboralistas, lo previsible es que las autoridades revisen con lupa cada caso.
Manuel Prieto, responsable de la firma asturiana MP Asesores, asegura que todas estas modificaciones provocan que las "relaciones laborales vayan a ser más rígidas", y es también de la opinión de que las pymes serán las que peor lo pasen con todos estos nuevos cambios. "Es importante que las empresas ganen tamaño y crezcan, es la mejor forma de aguantar cuando se presenta una situación como esta", apunta. Y añade otra incertidumbre: "¿Qué pasará con las nóminas de marzo de las empresas que han presentado un ERTE y aún no se lo han aceptado?". Muchos trabajadores tendrán que esperar para cobrar. El asesor laboral asturiano José Alfredo Lloret asegura que los cambios normativos generan muchas dudas. "El problema es que la lluvia de ERTE es tal que a la Administración no le da tiempo a revisarlos y eso genera dudas, por ejemplo, a la hora de solicitar el paro para los trabajadores", explica.
