La idea sin matizar según la cual el Gobierno estudia movilizar los ahorros de los ayuntamientos para ponerlos al servicio de los cuantiosos gastos de la crisis sanitaria despierta unos cuantos recelos y más de un sonoro cabreo en las casas consistoriales asturianas. Sobre todo en las que no manda el PSOE, pero también en algunas de gobierno socialista, la sola mención de la posibilidad de tocar el superávit, esas cantidades que en los últimos años el Estado no ha permitido tocar a los ayuntamientos, o sí pero con muchas restricciones, genera reacciones encontradas. La federación que agrupa a los municipios asturianos asume la emergencia y la obligación de colaborar, pero incita con cautela a actuar sobre esas partidas "con ánimo de sumar esfuerzos entre administraciones".
Pero hay alcaldes más contundentes. La propuesta recibe respuestas de comprensión de algunos regidores socialistas, pero también negativas rotundas desde todos los frentes. Los alcaldes de la derecha y los de IU la reprueban sin fisuras, el gobierno popular de Oviedo habla de "confiscación", Gijón reclama su derecho a invertir el remanente y alguno, como el regidor de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, cataloga la medida como "un sinsentido" y "un ataque a la autonomía de los ayuntamientos" y llama directamente "a la insumisión si llega a aplicarse". Los que opinan como él arguyen que los ayuntamientos han cumplido y que la crisis sanitaria de la COVID-19 no ha hecho más que incrementar sus propias necesidades de gasto.
La alternativa esbozada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante los consejeros autonómicos trastocaría los propósitos financieros de unos ayuntamientos que presumen de ser las administraciones más saneadas del país y que vienen de una larga etapa de oposición a las restricciones impuestas desde Madrid para invertir en beneficio de sus vecinos los recursos que ahorran. Los cálculos dicen que la posible movilización de fondos podría alcanzar los 5.000 millones de euros en el resumen nacional. Los ayuntamientos asturianos, que no tienen datos conjuntos oficiales de su superávit en 2019, cerraron 2018 con 81,3 millones y acumulan desde 2012 unos remanentes que ascienden a 410.
La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, reaccionó ayer con una llamada a la fusión de colaboraciones entre diferentes instancias administrativas para buscar salidas a la crisis y otra al consenso respecto a la fórmula que ha de articular la contribución de los ayuntamientos. La alcaldesa de El Franco entiende que "mientras no haya un pronunciamiento oficial del Gobierno, no cabe debatir sobre conjeturas", pero se dice "convencida de que cualquier medida que pueda adoptarse sobre los superávits de 2019 y los remanentes se hará siempre con ánimo de sumar esfuerzos entre las Administraciones, con sentido de Estado y pensando en servir a la ciudadanía". Afirma que en un momento así "ya no cabe hablar en términos de conveniencia, sino de urgente necesidad", y manda por delante la obligación de los ayuntamientos de "movilizar todos los recursos de que disponemos".
Otra cuestión es la fórmula. "Son muchas" las que pueden articular esa contribución de las entidades locales, precisa Pérez, segura de que "cualquier opción que se adopte al respecto será en consenso con la FEMP".
Oviedo. El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, el popular Javier Cuesta, duda en calificar de "lamentable" o de "ocurrencia injusta e insolidaria" la idea de echar mano del superávit de los ayuntamientos, que en el caso de Oviedo ronda los 30 millones de euros. "Ese dinero es de los ovetenses y se tiene que dedicar a inversiones en la ciudad y a revitalizar la economía local cuando pase todo esto", dice Cuesta. El edil acusa a la Ministra de "querer confiscar" un dinero que han acumulado los municipios "con su buena gestión y contención de gasto". "Me parece peligroso tan solo que a alguien se le ocurra eso", concluye.
Gijón. La escueta reacción del Ayuntamiento de Gijón, que encabeza la socialista Ana González, reclama para sí los frutos de su ahorro. "Nosotros estamos pidiendo que nos dejen usar el remanente, no solo para ahora, sino sobre todo para compensar la pérdida de ingresos y lanzar programas de reactivación", señalan fuentes municipales. También el grupo municipal de IU pide rescatar esos remanentes acumulados, que en el mayor ayuntamiento de Asturias ascienden a 73 millones de euros.
Avilés. La alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, ve "lógico que utilicemos todos los recursos disponibles para superar esta crisis sanitaria y económica y que lo hagamos de la manera más eficiente y asumiendo compromisos conjuntos por parte de las tres administraciones". Monteserín alude además a la "legitimidad" de los ayuntamientos para "usar ese dinero" y a las necesidades ingentes que se les van a plantear. A partir de ahora, resalta, "nuestros presupuestos se van a enfocar a dar soluciones a lo que estamos pasando, por lo que entendemos que el superávit debe ser una herramienta más que facilite esas soluciones".
Siero. El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, "Cepi", entiende que "la prioridad es empezar a salir de la crisis sanitaria y pensar en la económica. Hay que arrimar el hombro. Es un problema que nos afecta a todos y hay que cambiar la forma de pensar y hacer que teníamos antes del coronavirus".
Langreo. La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú (PSOE), coincide. "Está claro que tenemos que luchar contra el coronavirus con todos los recursos disponibles", afirma, y "parece lógico por tanto que los remanentes municipales se puedan usar para ello".
Mieres. "Se trataría de un robo a mano armada a los ayuntamientos que no estamos dispuestos a consentir", afirma el vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, que espera que esta iniciativa "se quede en un globo sonda de mal gusto". "El Gobierno de Sánchez no puede repetir el mismo error del PP, no puede hipotecar el futuro de los ayuntamientos", afirma.
Lena y Morcín. La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), asegura que "no nos parece bien, porque los ayuntamiento ya estamos gastando dinero para otras cosas relacionadas con la crisis del coronavirus". Maximino García, regidor de Morcín, afirma que, desde el punto de vista de la solidaridad, "es una injusticia, los ayuntamientos gestionamos con cautela para intentar tener una economía equilibrada y no es justo que nos quiten ese dinero".
En nombre de IU, su secretario de política municipal y alcalde de Illas, Alberto Tirador, aboga por la corresponsabilidad entre administraciones más que por la imposición. También deja claro que "esos fondos tienen que ser destinados a los propios municipios y a labores de fomento de la inversión". Para IU, el superávit municipal no debe emplearse para gastos generales del Estado.
Llanera. Dentro de las filas del municipalismo socialista hay quien tiene una opinión abiertamente contraria a la del Gobierno central. Gerardo Sanz, alcalde de Llanera, lo lamenta como "un sinsentido, una auténtica vergüenza. Llevamos muchos años ahorrando y cumpliendo. El municipio tiene muchas necesidades y somos nosotros a los que acuden los ciudadanos en esta situación. Parece más acertado que usemos nosotros este dinero en medidas para paliar la situación. Es un ataque a la autonomía de los ayuntamientos. Si se lleva a cabo, tendremos que volver a hablar de insumisión".
Carreño. "Aun comprendiendo la necesidad de solidaridad entre administraciones", le acompaña la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández (PSOE), "nos parece desacertado dejar sin recursos para el futuro a los ayuntamientos".
Nava y Villaviciosa. "No estamos en momento de discutir sobre el dinero de unos o de otros", tercia el alcalde de Nava, Juan Cañal (PSOE). Su compañero de Villaviciosa, Alejandro Vega, asiente a que "lo prioritario es salvar la crisis sanitaria sumando esfuerzos entre todas las administraciones".
Pravia. "Obviamente, nuestra idea es solicitar que el remanente de tesorería esté a disposición de los ayuntamientos", apunta el también socialista David Álvarez, alcalde de Pravia. "Bruselas ha hablado de relajar la norma de estabilidad y techo de gasto y creemos que por ahí viene la solución".
Cangas de Onís. El popular José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís, asegura que la medida ha sido "poco estudiada. Que hayamos cumplido haciendo encajes de bolillos y ahora venga el Estado a coger el dinero de nuestra buena gestión no me parece ni medio normal".
Salas. Sergio Hidalgo, alcalde de Salas (Foro), considera que los ayuntamientos pequeños ya están "arrimando el hombro" para paliar los efectos de esta crisis sanitaria. Por ello, propone que el dinero extra que se necesita se obtenga de la reducción de los sueldos de los altos cargos del Gobierno.
