Los presidentes autonómicos de la cornisa cantábrica se afanaron ayer en librar del cierre total a la siderurgia, conscientes del daño irreversible que una parada total puede suponer en un sector con fuertes competidores mundiales. La "hibernación" descrita por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que los próximos 10 días "tengan el mismo nivel de movilidad que un domingo" no convenció al lehendakari, Íñigo Urkullu, ni al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que expusieron sus discrepancias tras la videoconferencia multilateral con Pedro Sánchez y el resto de dirigentes autonómicos.
El presidente vasco defendió al término de la "cumbre" telemática que "la aplicación uniforme de las nuevas restricciones podía resultar contraproducente", un análisis que tenía como escenario de fondo el sector metalúrgico. "Hoy el empleo, la economía y el futuro se enfrentan a un panorama peor dado que cerrarán empresas cuyos competidores, europeos y del resto del mundo, siguen abiertos", argumentó Urkullu.
El gallego Núñez Feijóo también reivindicó un cierre de actividades no esenciales, "de forma ordenada", en determinados sectores por los "problemas" que podrían generar "cierres abruptos" en la siderurgia, la metalurgia, las obras actualmente en ejecución y en la industria conservera.
Adrián Barbón llegaba a la videoconferencia con dos objetivos: reclamar más restricciones de movilidad y actividad, pero salvaguardar de las nuevas límitaciones a sectores cuyo parón entrañaría el riesgo que se perdieran miles de empleos. Un guiño claro a la industria electrointensiva, apoyada también por el País Vasco y Galicia.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evitó en su comparecencia de primera hora de la tarde entrar en detalle sobre el alcance de esa "hibernación" en la industria pesada y electrointensiva. Afirmó que el decreto se conocería horas más tarde pero quiso dejar claro un mensaje: "No tiene sentido que haya diferencia de medidas entre las comunidades autónomas. Este virus no entiende de frontera, se expande y contagia", recalcó la portavoz del Gobierno. "Es más nuestra pretensión es que las medidas sean lo más homogéneas en el conjunto de Europa pero cada estado es soberano", añadió.
La amplia casuística en función de la realidad de cada territorio también quedó de manifiesto en el planteamiento trasladado por el presidente de Aragón. Javier Lambán advirtió de que "la recogida de la fruta", una actividad relevante en la economía de su comunidad autónoma, era "una actividad no demorable". Y su iniciativa de que los niños pudieran salir unos minutos cada día ante la prolongación del confinamiento no prosperó, al ser desaprobada por el Ministerio de Salud. Uno de los aliados de Sánchez ante el endurecimiento del estado de alarma fue el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, que ya había reclamado por un confinamiento más duro y amplio la semana pasada.
El capítulo que concitó mayores unanimidades entre todos los presidentes autonómicos fue el relativo a la "preocupación" y la reclamación al Gobierno central de la necesidad de dotarse con más equipos, desde respiradores a mascarillas, para afrontar las próximas dos semanas, un período clave para "aplanar la curva" de contagios.
