La recientemente creada Asociación de Propietarios de Inmuebles Arrendados (de la que es secretario el abogado Antonio Pichel y cuyo teléfono de contacto es el 636423277) se opone al decreto del Gobierno que autoriza una moratoria en el pago de alquileres y retrasa el lanzamiento de los inquilinos, y anuncia que presentará recursos de inmediato ante los tribunales. Los motivos de queja de esta asociación se acumulan.
"La norma únicamente pretende favorecer a los arrendatarios, olvidándose de los propietarios, tan afectados o más que los propios inquilinos por el COVID-19, al mermar de forma considerable sus ingresos y tener que seguir abonando los tributos o impuestos que gravan la propiedad, como el IBI o Patrimonio", señala la asociación.
Además, "los aplazamientos en el pago de la renta establecidos en un plazo superior a tres años, implican de hecho el impago real de la renta". Para esta asociación, el decreto del Gobierno, de 31 de marzo, "no distingue la capacidad económica de los propietarios", ya que, aun poseyendo varias propiedades, podrían ver muy mermadas sus condiciones de vida por el impago de los alquileres.
Para la asociación, "se demoran en exceso, seis meses, los plazos para poder desahuciar a quien no paga la renta, no distinguiendo la causa del impago -si es por propia voluntad, por razones sobrevenidas-, sin que se garantice al propietario el pago de los alquileres impagados durante el citado periodo".
Indefinición
Por otro lado, "no se define para quién son las ayudas que estipula el Gobierno, si para el arrendatario o para el arrendador, ya que este es a quien el arrendatario ha de abonar la renta impagada, que es la esencia de la ayuda concedida".
Por todos estos motivos, la asociación considera que "se está produciendo una injerencia en la propiedad privada destinada únicamente a beneficiar a una de las partes en la relación arrendaticia". Y exigen que se retire el decreto y no se aplique. En caso contrario, "será objeto de recurso inmediato".
