El Principado no descarta aprobar más ayudas para salir de la crisis causada por la pandemia, pero lo hará con "rigor presupuestario", señala el consejero de Industria, Enrique Fernández, y sin incurrir en promesas falsas que son "un engaño y una estafa". De las diez ya aprobadas, siete están en marcha y la de los 400 euros autónomos se prevé aprobar la próxima semana. "Se ha inducido el coma a la economía" para acabar con el coronavirus -que es la máxima prioridad, afirma- aun a sabiendas, dice, que "cuanto más dure, más larga será la recuperación". Asegura que habrá rescates ("No se abandonará a nadie") y niega que se haya vulnerado el decreto del Gobierno para eludir la parálisis industrial.
- ¿Cuál es la situación hoy de la economía asturiana?
-Haría un símil sanitario: la economía está sometida a un coma inducido para superar el COVID-19. Es una medida necesaria porque la vida es prioritaria y esencial. Se están tomando medidas de excepción porque la batalla que se está librando es excepcional e inédita. Estábamos acostumbrados a luchar contra el paro, el déficit, la exclusión social, la inflación... Pero ahora luchamos contra una pandemia. Y el resto de las funciones vitales están en coma inducido para centrarnos en el frente sanitario, que es donde se salvan vidas.
- El decreto del domingo, que impuso un parón en la industria no esencial, ¿fue oportuno? ¿Tenía sentido su precipitación?
-Entendemos la justificación última de que la lucha contra el virus obliga a tomar decisiones en cada momento en función de las cifras de contagio, evolución de la enfermedad, colapsos en los hospitales... y que esto obliga a tomar decisiones muy rápidas (en días, e incluso en horas), que en condiciones normales se adoptarían en semanas. Nadie está hoy en España en una situación de confort. Hay que ser conscientes de la trascendencia y gravedad de la situación. Tenemos que lograr que el virus no nos use como cadena humana de transmisión para alcanzar a los colectivos más vulnerables: mayores, inmunodeprimidos y personas con patologías previas. Y esto obliga al Gobierno a actuar muy rápido con toda su capacidad operativa frente a un agente que es invisible y que se difunde con mucha rapidez y alta capacidad de contagio, y del que aún no conocemos todas sus armas. Es una batalla sin cuartel que obliga a tomar decisiones y a aprobar decretos con mucha celeridad y en horas intempestivas. Puede ser comprensible dada la excepcionalidad de la situación. Yo no quiero recurrir al lenguaje bélico, que puede parecer grandilocuente y épico, pero en otras países se está hablando de situación de guerra.
- ¿Cuál es el impacto para la economía asturiana de ese decreto y cuál habría sido si se hubiese aplicado el cierre industrial con toda la intensidad?
-Sabemos que la medicina necesaria que se está aplicando contra la pandemia tiene efectos secundarios sobre la actividad, el mercado laboral y los índices de pobreza, y hay que crear una red de contención porque todo lo que desandemos ahora habrá que recuperarlo después. Cuanta mayor sea la caída, más larga será la recuperación y más va a ser lo que tengamos que reconstruir.
- En la aplicación del decreto en Asturias, que exoneró a gran parte de la industria básica, ¿se vulneró la letra o el espíritu de la norma
-En absoluto. He visto interpretaciones que no se ajustan a la realidad. El decreto eximía a los sectores esenciales y también a las cadenas de valor vinculadas a ellos, y la mayor parte de la industria asturiana fabrica productos para esos sectores. Resumimos esa información y el lunes hicimos un documento interpretativo del real decreto que aportamos a la Delegación de Gobierno. Su equipo económico lo estudió y lo consideró adecuado. Se hizo cuanto antes porque había mucha incertidumbre en las empresas. Entre las ocho y las nueve de la noche las empresas ya supieron que la Delegación de Gobierno las consideraba esenciales. No es cierto que se hiciese a las diez de la noche. Luego llegó otra circular del Gobierno central que precisaba la inclusión de los procesos de fabricación continua y de los negocios de exportación. Quedaba la duda de cuál era el nivel de actividad para esos sectores y se convino que era el de un fin de semana. Nosotros pusimos nombres y apellidos a esos supuestos. Luego esto levantó revuelto sobre por si habíamos aplicado el lado ancho del embudo. No es cierto. Hicimos una interpretación ajustada y no fuimos restrictivos.
- ¿Se hizo así en otras regiones?
-Tengo la sensación de que fuimos los primeros. El País Vasco hizo un informe un día después. Pero para nosotros no se trata de una competición y de ser los primeros. Hubo un trabajo muy intenso de las direcciones generales de Industria y de Energía y Minería, y la Delegación de Gobierno entendió nuestro planteamiento.
- En esa decisión, ¿cómo se ponderó entre los dos bienes a proteger: la salud y la economía?
-El lunes por la tarde-noche volvimos a hablar con la Consejería de Sanidad. En esos contactos siempre se valora cada decisión por su beneficio marginal en términos sanitarios y su perjuicio marginal en términos económicos, y tanto en el corto como en el medio y largo plazos. Pero el frente prioritario es el sanitario. El beneficio marginal de salvar aunque sea una sola vida siempre es muy elevado: es infinito, aunque sabemos el impacto social y económico que van a tener estas medidas.
- ¿Ha habido descoordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas?
-En una situación excepcional como ésta, y cuando se ha declarado un estado de alarma que concentra todos los poderes en el Gobierno central, a nadie puede extrañar que haya problemas de coordinación. Todas las quejas se tienen que enmarcar en el contexto sin precedentes que vivimos: una decisión que se demore una o dos horas puede costar la vida a personas. Y estamos en una situación inédita para la que nadie tenia experiencia previa: ni los gobiernos, ni la oposición ni los ciudadanos.
- ¿Percibe que otros países hayan tomado más y mejores decisiones?
-Sinceramente no. Al contrario: veo gobiernos que han hecho menos y peor que España. Hubo gobernantes que, tras declarar la pandemia la Organización Mundial de la Salud (OMS), siguieron resistiéndose a decretar confinamientos y negaron el problema. Aquí no hubo negación. Y en Asturias prohibimos concentraciones de personas, actos públicos y eventos 48 horas antes del decreto de alarma. No vale acertar el lunes la quiniela del domingo. Los que ahora dicen que había que haber tomado antes estas medidas deben acreditar fehacientemente cuándo pidieron ellos el confinamiento de la población y la parada total de la actividad económica. Quienes no lo hicieron y lo hacen ahora no me merecen respeto ni política, ni ética ni moralmente.
- ¿Se está preparando el escenario posterior a la pandemia?
-Estamos haciendo un mapa de vulnerabilidades económicas (actividades, sectores y mercado laboral) y sociales (desempleados, colectivos con niveles de exclusión y pobreza, y otros) para acudir al rescate. Y van a tener que rehacerse las previsiones presupuestarias locales, autonómicas, nacionales y europeas. Habrá que monotorizar qué sectores tendrán capacidad de recuperación por sí mismos y cuáles precisarán ayuda. El objetivo crucial es que este "shock" en la economía sea temporal.
- ¿Habrá rescates si se precisasen para restablecer la normalidad?
-Los gobiernos de España y de Asturias tienen voluntad de salir al rescate. No se va a abandonar a nadie. Y ahora esto ya se oye también en la Unión Europea.
- ¿Cómo prevé que sea la salida de esta crisis?
-Dependerá de dos variables: del tiempo que duren la pandemia y el confinamiento, y de si se logran pronto vacuna y tratamiento. Cuanto primero logremos restablecer la normalidad y la movilidad (cuya restricción golpea sobre todo al turismo y en general a los servicios), mayor y más rápida será la recuperación. La velocidad de recuperación será distinta según sectores.
- ¿Se atreve a aventurar cómo será: en forma de V, U, L...? Hay quien habla de una forma intermedia entre V y U, e incluso se apunta que podría describir una curva similar al logotipo de Nike.
-Ojalá sea rápida. Los indicios que llegan del ámbito sanitario apuntan la percepción por primera vez de que podría estar controlándose la pandemia y que las medidas de confinamiento eran las correctas aunque sus resultados no se pudiesen ver en días sino en semanas.
- ¿Confía en que no haya una avalancha de despidos cuando se levante la actual prohibición?
-Todo lo que se está haciendo es para que la crisis económica sea temporal. Para eso se está dando a las empresas mecanismos de flexibilidad, se han declarado actividades esenciales para que paren y se han concedido permisos retribuidos recuperables al menos hasta el 9 de abril, los ERTE por fuerza mayor, con condiciones mucho más ventajosas y que eximen a las empresas del pago de las cuotas a la Seguridad Social y permiten acceder a la prestación por desempleo a trabajadores sin derecho a ello y que además no computará como paro consumido para ninguno de los afectados. Son herramientas novedosas para que no sean necesarios los despidos. Se ha avanzado en teletrabajo para mantener al menos la actividad mínima. Y se está tratando de garantizar la renta disponible y la capacidad adquisitiva para que cuando se levanten las restricciones, la actividad coja velocidad. Se está intentando que estemos ante una profecía autocumplida: queremos que sea una crisis temporal y hay que lograr que efectivamente lo sea.
- Las ayudas del Principado ¿están ya disponibles?
-Los agentes económicos tienen que tener la certeza de que esas ayudas las van a tener y que pueden contabilizarlas ya en sus previsiones. No hemos prometido nada que no vayamos a hacer. No ocurre así en otras regiones. Alguna ha llegado a prometer que iba a ayudar a los trabajadores a tramitar el ERTE cuando no son los empleados sinos las empresas las que lo hacen. De las diez medidas que aprobamos en Asturias, siete ya están sobre la mesa: la facilidad de crédito y liquidez a los ayuntamientos, la posibilidad de ajustar potencia eléctrica (el término fijo de la factura) mientras exista estado de alarma, el aplazamiento de los tributos autonómicos hasta el 1 de junio para pymes y autónomos, el aplazamiento de pago de créditos de Asturgar y lo mismo con los préstamos del IDEPA, el aumento de las bonificaciones para la contratación de asesores de comercio exterior y la moratoria de pago de alquileres en los centros de empresas vinculados al Principado. Estamos trabajando en las otras tres: la posibilidad de que los bancos anticipen las prestaciones por desempleo en ERTES por fuerza mayor cuando ya haya reconocimiento de la prestación (aunque el Gobierno ha anunciado que el Servicio Público de Empleo va a agilizar los pagos); la ayuda de 400 euros a los autónomos para compensar los costes fijos queremos que sea ágil y muy sencillo y requiere más detalle, pero esperamos aprobarlo esta semana en un Consejo extraordinario; y el aumento de la liquidez a pymes y autónomos a través de una línea de avales de Asturgar por el 100% y con una dotación de 10 millones. Nuestra filosofía será complementar lo que hace el Gobierno central. Por eso esperamos a conocer el plan estatal.
- ¿No descartan entonces aprobar más ayudas?
-No lo descartamos. Pero siempre lo vamos a hacer con seriedad y con rigor, y no con anuncios populistas que sean brindis al sol. Aún no sabemos a cuánto llegará el gasto de sanidad y deberemos actuar manteniendo el rigor presupuestario. Hay críticas que prometen ayudas sin viabilidad financiera y sin memoria económica. Son un ejercicio de irresponsabilidad y un engaño y estafa a la opinión pública. Está muy bien que todo el mundo haga propuestas pero con un mínimo de rigor presupuestario.
- ¿Controlarán los ERTE para evitar abusos?
-La inmensa mayoría de los ERTE responden a la realidad de la situación económica y de la parada de actividad. Hay algún caso en el que la autoridad laboral entiende que puede haber un aprovechamiento de la circunstancia, pero la inmensa mayoría (y son miles) son adecuados. Habrá inspecciones "a posteriori".
