La reclamación es ya un clamor de los profesionales de las residencias geriátricas públicas y privadas de Asturias para que se realicen los test de coronavirus a todos los residentes y trabajadores para frenar los contagios. Y más ahora que los laboratorios de Salud Animal de Jove y del Serida se han puesto a disposición de Sanidad y según el Principado no hay carencia de test. Se trataría de unas 18.000 pruebas en total, que permitirían detectar incluso aquellos casos que siendo asintomáticos portan el virus, de tal manera que se les podría aislar. La Consejería de Derechos Sociales, de la que depende el ERA, que gestiona las residencias públicas, insiste en que la decisión es de la Consejería de Salud, que se basa en criterios clínicos y epidemiológicos. Salud, que encabeza Pablo Fernández, no respondió ayer a las preguntas de este periódico.
La carencia y distribución de test y de material sanitario ha sido una de las principales críticas a la gestión de los medios sociosanitarios en esta pandemia provocada por el coronavirus. El Gobierno central requisó una partida de mascarillas encargada por el Principado para los geriátricos públicos asturianos. Según explicó la gerente del ERA, Ana Suárez Guerra, la entrega de la partida coincidió con el decreto del estado de alarma y la empresa comunicó que estaba requisada. "No se efectuó ningún pago ni supuso un problema a la hora de facilitar material a los profesionales, ya que desde la Consejería de Salud siempre se ha dado soporte también en este caso concreto", señaló.
Pero una vez que hay material de protección individual, la clave está en saber si se van a realizar los test a todos los residentes y profesionales que trabajan en las residencias geriátricas asturianas, como exigen los trabajadores. Tanto la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, como la gerente del ERA se limitan reiteradamente a indicar que "la decisión es de Salud" y que en los geriátricos públicos y privados se aplican los protocolos establecidos por esa Consejería en base a lo que establecen los epidemiólogos.
Lo que sí se mantiene en todas las residencias son los planes de contingencia para evitar contagios, que determinan, por ejemplo, que si dos personas comparten una habitación debe haber una distancia de seguridad de al menos dos metros entre ambos.
También se ha establecido una sectorización tanto para el alojamiento de residentes como para los profesionales. Esto quiere decir que las residencias deben distribuir a los ancianos por plantas o por estancias en función de si son asintomáticos o si presentan síntomas de contagio, en cuyo caso son valorados para su confinamiento en el mismo centro o trasladados. En cualquier caso, los residentes son atendidos por los mismos profesionales, minimizando la capacidad de transmisión si se diera. El número de residentes a los que atiende cada profesional se ajusta a las necesidades de cada centro.
También se puede dar el caso de que haya residentes que por sus características necesiten deambular y sea difícil el confinamiento. En ese caso, se les supervisa y acompaña para que no haya contacto con otras personas.
Además, se ha establecido que los centros Santa Teresa, El Naranco, Grado o El Villar sean designados de nivel 3, lo que indica que están medicalizados y pueden atender casos leves en los que no sea necesaria la hospitalización. Estas instalaciones se suman a las del Centro de Referencia para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) en Langreo y a las de Mieres, donde también se atiende a residentes en geriátricos en estado asintomático o leve.
