Oviedo / Madrid
Un aparente desfase en las cifras de fallecimientos en Castilla-La Mancha durante el mes de marzo ha abierto un nuevo frente de polémica en torno a la gestión gubernamental de la pandemia. El PP registró ayer en el Congreso una serie de iniciativas para exigir al Ejecutivo que facilite "cifras reales" de muertes por el virus. El Gobierno replicó que los datos comunicados por las comunidades autónomas son fiables y que, en todo caso, será el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien deba aclarar el supuesto desfase registrado en su comunidad.
La polémica saltó el lunes cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anunció que el número total de licencias de enterramiento expedidas en marzo en los registros civiles de la región por muertes causadas por COVID-19, o sospechosas de haberse desencadenado por ese motivo, eran 1.921. Esta cifra no concuerda con el agregado estatal para el periodo, que atribuye 774 muertes por la pandemia a Castilla-La Mancha.
El mismo lunes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó que la diferencia en el cómputo se debe a las limitaciones del sistema informático, y añadió que se "pulirán" las mecánicas de recuento para ajustar las cifras estatales y las regionales.
La explicación no convenció a la oposición y ayer el ministerio de Justicia adelantó que ya está trabajando en reunir los datos sobre defunciones causadas por la pandemia que se inscriben en todos los Registros Civiles de España, tanto en aquellos que informatizan los datos en la plataforma "Inforeg" como los que no lo hacen. El objetivo, precisó Justicia, es ofrecer la información con el "mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad".
La explicación más plausible para el desfase, apuntó el Ministerio, es que el protocolo emitido por el Gobierno para computar los fallecidos insta a contabilizar aquellas muertes confirmadas como casos de COVID-19, pero no las que simplemente tienen carácter de sospechosas,
El caso de Castilla-La Mancha se suma a la denuncia lanzada la pasada semana por el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, quien aseguró que hay "una orden" del Gobierno para "ocultar el número real" de fallecidos. Monago explicó que el Gobierno ordena no incluir en la lista de fallecidos por la pandemia a todos aquellos que no hubieran sido diagnosticados como portadores de SARS-CoV-2.
En la iniciativa que ha presentado en el Congreso, el PP aboga por modificar las fuentes y los métodos. Para los populares, hay que recurrir al Registro Civil y a las licencias de enterramiento. Para los populares, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los positivos por coronavirus requieren de una prueba de laboratorio, el Gobierno "aún no ha sido capaz de proporcionar las herramientas necesarias para que se lleven a cabo los test en todos los casos requeridos". De ahí que, según entiende el grupo popular, "muchas defunciones causadas por el virus SARS-CoV-2 no se están contabilizando correctamente".
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial recalcaron que el Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no da "cifras reales", sino que constata el desproporcionado incremento del número de licencias de enterramiento y defunciones. En todo caso, las fuentes del órgano del gobierno de los jueces destacaron que en modo alguno se están cuestionando los "criterios científicos" establecidos por el ministerio de Sanidad para llevar a cabo los recuentos.
