Miles de autónomos y pequeñas y medianas empresas asturianas (pymes) reclaman a Hacienda que les dé un respiro económico permitiendo retrasar el pago de los impuestos. Sería un alivio. Muchos negocios y empresas -los que tienen facturaciones anuales por debajo de los seis millones de euros anuales- deben afrontar unos días antes del 20 de abril el pago de las autoliquidaciones del año correspondientes al primer trimestre de este 2020. Antes de esa fecha tope están obligados a ingresar en las arcas del Estado las retenciones del IRPF de sus trabajadores, el IVA repercutido y, en su caso, la fracción correspondiente del impuesto de sociedades.
Tras negarse en un primer momento, el Gobierno ahora se muestra receptivo a conceder un aplazamiento general, después de que los asesores fiscales hayan transmitido el clamor de las pymes exigiendo esa demora. En Asturias, aseguran los especialistas consultados, se cuentan por miles las empresas obligadas a tributar en estos días, muchas de ellas con su actividad suspendida por el decreto de alarma o severamente mermada.
Quienes más alto están reclamando la moratoria fiscal son aquellos negocios que han tenido que cerrar sus puertas temporalmente. En su gran mayoría, negocios ligados al turismo, la hostelería o el comercio. Una de las organizaciones que primero han reclamado este aplazamiento, vistas la cantidad de consultas que estaban llegando a sus asociados, fue el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), que preside el asturiano Jesús Sanmartín. "Planteamos al Ministerio de Hacienda que se aplace la fecha de estos impuestos, manteniendo que quien quiera pagarlo ahora que lo haga", apunta Sanmartín.
La encrucijada de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es compleja. Por un lado, el Gobierno necesita de manera inmediata ingresos para afrontar los gastos extra ligados a la lucha contra la pandemia y para sostener las ayudas y medidas extraordinarias que se están poniendo en marcha para amortiguar el descalabro de la actividad económica. Pero buena parte de las empresas no pueden pagar sus impuestos por la ausencia de ingresos o están muy ajustadas. "No me gustaría estar en el Ministerio de Hacienda ahora mismo", reconoce Sanmartín.
El caso es que después de mostrarse inicialmente reacia, María Jesús Montero señaló hace unos días que el Ejecutivo estaba estudiando que "los plazos se pudieran prorrogar", en concreto para los autónomos y pequeñas empresas que facturan menos de 600.000 euros anuales.
El delegado en Asturias de la Asociación de Asesores Fiscales, Jesús Gutiérrez-Tuya, asegura que la del aplazamiento es una "reclamación que llevábamos haciendo desde hace por lo menos dos semanas". Y apunta: "Puede ser un poco tarde para aprobarla, pero considero que es una necesidad motivada por la defensa de la utilidad pública". La situación requiere una reacción contra reloj, porque aunque el plazo finaliza oficialmente el 20 de abril y dadas las circunstancias muchas compañías están apurando al máximo ese tiempo, cinco días antes, el día 15, es la fecha límite que tienen las empresas y autónomos si quieren domiciliar los pagos, lo que ocurre en la mayoría de los casos.
La propuesta lanzada por los asesores fiscales es que en el caso de que el estado de alarma se levante el próximo día 26 -tal y como está previsto-, los plazos para pagar estos impuestos puedan demorarse hasta el 1 de junio sin penalizaciones para las compañías. Es decir, sin tener que pagar un recargo. Para el caso de que el estado de alarma deba prolongarse unas semanas más, reclaman que se permita el aplazamiento hasta el 20 de julio. Esa fecha es clave, porque es cuando deberían realizarse las autoliquidaciones correspondientes al segundo trimestre del año.
Los fiscalistas reconocen que la preocupación entre las compañías asturianas es muy grande. Tanto como lo es la carga de trabajo de estos despachos, que con la crisis económica que ha desatado esta alarma sanitaria se ha incrementado notablemente. Sanmartín reconoce, no obstante, que en marzo no hubo demasiados problemas para que las compañías pudieran hacer frente a las obligaciones tributarias y a otros gastos que tenían pendientes ese mes. Eso sí, muchas de ellas arreglaron la situación pidiendo financiación a la banca. Pero las autoliquidaciones que deberían afrontar ahora son otra historia, porque las cuantías a abonar, aunque dependen de la cantidad de trabajo y del sector de actividad en el que esté enmarcada la compañía, son considerablemente mayores.
En la actualidad, el Gobierno ya permite a las empresas con una facturación inferior a los seis millones aplazar hasta 30.000 euros de sus pagos durante seis meses (tres de ellos sin intereses). Por eso, en un primer momento Montero dijo que el aplazamiento de los pagos ya había sido aprobado. Sin embargo, se trata de una cantidad (la de los 30.000 euros) que los asesores fiscales consideran insuficiente, ya que en muchos casos ese límite se supera con la suma de las retenciones del IRPF de la plantilla, el abono del IVA y los pagos del impuesto de sociedades.
"Lo que recomendamos también es que quien pueda pagar estos impuestos ahora que lo haga, porque las arcas nacionales lo necesitan también", señala Jesús Sanmartín. Y añade que, hasta que esta crisis estallara, había una parte relevante de empresas de la región que estaban creciendo con cierta intensidad, por lo que cabe intuir que en esos casos pueden disponer de recursos suficientes para hacer frente a los pagos.
