Asturias tiene intervenidas actualmente 52 residencias de mayores, de las que 24 son privadas y 13 concertadas, según ha precisado esta tarde la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, de un conjunto de establecimientos donde se han registrado hasta ahora la mayoría de fallecimientos en la región, 87 de un total de 156 víctimas mortales al cierre de ayer por el coronavirus. Estas residencias han recibido 5.000 test rápidos y se harán 500 pruebas al día a sus profesionales, en toda la región.
La consejera ha facilitado ese dato en su comparecencia semanas ante los grupos de la oposición. La diputada Reyes Fernández Hurlé (PP) ha reiterado que "cuando se pueda elevar el tono", su grupo promoverá una comisión de investigación específica sobre la gestión del coronavirus en las residencias de mayores y ha expresado su preocupación "por las quejas que trasladan los profesionales de la red privada, que se suben por las paredes: algo no funciona". La consejera ha respondido que las residencias privada " son empresas, que deben garantizar esa seguridad", aunque ha subrayado que la mayor parte de las residencias intervenidas por registrar casos positivas son precisamente de gestión privada.
Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, planteó serias dudas de que los profesionales de las residencias, tanto públicas como privadas, contasen con los medios suficientes desde el inicio de la pandemia, un planteamento realizado también por el resto de la oposición. Rafael Palacios (Podemos) se interesó asimismo por la denuncia de personal de la atención a domicilio, que también alerta de falta de materia lcomo batas, mascarillas o gafas de protección.
Ovidio Zapico (IU) se interesó por las medidas de desescalamiento para que los mayores puedan tener contacto con sus familias. "Seguiremos el criterio que se nos marque de Salud Pública", afirmó la consejera, que detalló a Adrián Pumares (Foro) la situación de la última residencia afectada hasta ahora por un brote, la de Pravia. "Estamos procediendo a su total desinfección", respondió.
Sara Álvarez Rouco, de Vox, cuestionó la tardanza "en dos semanas en dar respuesta a la falta de material de protección" y sostuvo que los datos no son buenos "porque el número de fallecidos sigue creciendo", por lo que exigió que se determinen responsabilidades.
Por otra parte, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha advertido a las residencias privadas de que el incumplimiento injustificado en el envío de datos relacionados con la incidencia del coronavirus conllevará sanciones. Y es que el Servicio de Inspección y Acreditación, que se pone en contacto diariamente con los geriátricos privados, detectó ayer que siete de ellas incumplieron el requisito de informar debidamente.
"Pese a que la actuación inspectora se rige por el principio de proporcionalidad, ya que se atiende a las especiales circunstancias de presión que existen sobre los centros, se comunicará a todos que los incumplimientos reiterados o no justificados serán objeto de la oportuna sanción", explica la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez. "Tenemos que agradecer la colaboración y esfuerzo que se está llevando a cabo por parte de los centros, que en su mayoría actualizan y notifican los datos a diario", precisa.
Añade la consejera de que "aunque estos casos en los que se han registrado retrasos en el envío de información son puntuales", están obligados a "velar por las personas usuarias y, entendiendo que la información que se registra todos los días es un instrumento esencial para ello, se actuará con contundencia en aquellos casos en que se detecte el incumplimiento de esta obligación", concluye.
