La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus y de la estrategia epidemiológica para hacerle frente (reducción drástica de la movilidad) está exigiendo ya un notable esfuerzo fiscal de los países, dirigido de momento a reforzar la atención sanitaria, contener los daños en los niveles de renta de la población más afectada (prestaciones de desempleo y otras ayudas directas) y a sujetar a las empresas (principalmente con medidas financieras de apoyo a la liquidez). Tal esfuerzo de urgencia y los que pudieran ser necesarios a medio plazo para acelerar la salida de la fase recesiva pillan a España y a casi todas sus regiones, Asturias incluida, con niveles de deuda altos que cercenarán su capacidad de asumir por sí mismas magnas expansiones del gasto y de la inversión en los meses venideros. Pesa en las cuentas públicas la carga financiera que dejó la última crisis para varias generaciones.
España
EspañaEl Estado acabó el año 2019 con un nivel de endeudamiento público equivalente al 95,5% del producto interior bruto (PIB). La trayectoria de la deuda así medida ha sido descendente desde el máximo observado en 2014 (100,7%), aunque en términos absolutos ha crecido cada año hasta situarse en 1,18 billones de euros. Con tal resultado, España se encuadra entre el grupo de miembros de la UE, en su mayoría del Sur, que rebasan el 90% de endeudamiento. Dentro de ese bloque, el país está cerca de Francia (99%) y muy por detrás de Italia (134%). Alemania, primera economía del euro y referencia del Norte, ronda el 62%, posición financiera que le ha permitido desplegar acciones más contundentes en estas semanas. Según estimación del centro de análisis Bruegel, con sede en Bélgica, el impacto presupuestario inmediato de la respuesta española equivale al 0,7% del PIB, frente al 4,4% alemán. Y las medidas financieras (avales y otras para facilitar liquidez a las empresas) suponen en el primer caso el 9,1% del producto, y en el germano, el 32,2%.
¿Hasta dónde pueden llegar el déficit y la deuda con esta crisis? Distintos servicios de estudios (Funcas, CEOE, Fedea...) manejan horquillas que van del 6% al 11% para el déficit y del 105% y el 120% para la deuda pública. Esos y otros observadores convienen en que la acción del Banco Central Europeo (BCE), actuando de facto como prestamista de último recurso a través de la compra de bonos en los mercados secundarios, está siendo nuevamente decisiva para cortar el riesgo de que países como España sufran para captar financiación.
Aun conectados al oxígeno del BCE, como lo estuvieron durante toda la fase de recuperación de la anterior crisis, países como España e Italia tienen limitado el recorrido para intentar por sí mismos planes de reconstrucción ambiciosos y dependerán para ello en gran medida de que se articule una respuesta fiscal paneuropea que por ahora ha sido incompleta (se han aprobado 500.000 millones de apoyo financiero, pero ha quedado sobre la mesa la idea de un "plan Marshall" para el día después del COVID).Asturias
Asturias La Administración asturiana está afrontando la crisis del coronavirus y afrontará la fase de recuperación cuando esta llegue con un endeudamiento superior a 4.300 millones de euros (4.357 en diciembre de 2019), equivalente al 91,6% del Presupuesto regional de este año. En términos de PIB, ese pasivo el del 18%, el sexto más contenido entre las autonomías y el cuarto si se excluyen las comunidades forales del País Vasco y Navarra, favorecidas por una financiación privilegiada.
Pese a tal posición y a la moderación en el avance de la deuda en el último año (0,14% de avance interanual, frente al 0,58% de la media), es un nivel que mutila los márgenes del Principado para activar estímulos fiscales, tanto en la actual fase de shock económico y políticas de resistencia como ante la reconstrucción futura. El endeudamiento comentado convive con un nivel modesto de inversión pública -280 millones en 2019, según una liquidación provisional-, capítulo sacrificado desde la Gran Recesión para atender los servicios esenciales (sanidad, educación, atención social...), la expansión que se ha producido en el tamaño de la plantilla de la Administración regional (casi 5.000 personas desde 2015, según datos de la Seguridad Social) y en general el ascenso del llamado gasto corriente.
La capacidad fiscal de Asturias para aportar recursos a una reconstrucción económica -se trate de ayudas a la renta de las personas o de apoyo directo a la actividad productiva- tendrá por tanto dos caminos posibles: un aumento de déficit y deuda, en todo caso sujeto a autorización del Gobierno central, o una revisión y reorientación de gasto actual que pueda ser ineficiente. O ambas cosas al mismo tiempo.
