El Ministerio de Sanidad ordenó ayer la retirada urgente de un lote de más de 350.000 mascarillas defectuosas, que se habían repartido a varias autonomías, tras comprobar que incumplen los criterios para proteger al personal sociosanitario de un contagio por COVID-19.
La directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, pidió vía email a varios departamentos autonómicos de Salud "la retirada inmediata" de mascarillas FPP2 adquiridas a la empresa Garry Galaxy, un proveedor incluido en la lista de fabricantes de material sanitario autorizados por China. Esas mascarillas, calificadas de alta calidad, debe tener un nivel de penetración de "material filtrante" menor al 6%, pero las pruebas analizadas por el Ministerio de Trabajo arrojaron resultados que incluso quintuplicaban ese porcentaje.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, admitió ayer en rueda de prensa la retirada de dichas mascarillas y señaló que el Gobierno "ha actuado con la máxima diligencia (...), ha evitado que fueran usadas las que estaban en mal estado". Illa aseguró que el lote "será repuesto por el vendedor" y que la empresa fabricante "cumple todos los requisitos" de homologación que exigen las normas de la UE.
