Thomas Piketty, en su artículo habitual de "Le Monde", maneja en relación al coronavirus los dos asuntos que más le obsesionan: la desigualdad y la distribución de la renta. Cualquiera que haya leído "El Capital en el siglo XXI" o "Capital e Ideología" sabe que su medicina preferida son los impuestos sobre la riqueza, las herencias y los ingresos más altos. Defiende, por tanto, un fisco justo y un registro financiero internacional para que las empresas más grandes contribuyan tanto como sea necesario. Ve fundamental la creación de un estado social frente a la pandemia y reitera, una vez más, que el régimen actual de libre circulación de capitales, establecido en los ochenta del pasado siglo, bajo la influencia de los países ricos, favorece la evasión fiscal de multimillonarios y multinacionales de todo el mundo y evita, a su vez, que las frágiles administraciones tributarias de los países pobres creen un impuesto justo y legítimo, socavando la construcción de un sistema estatal. No entra, como es natural, a juzgar el gasto social inapropiado por razones partidistas o clientelares de la izquierda. Lo contrario sería poner obstáculos a la bondad de sus argumentos.
Pero la crisis del COVID-19, según Piketty, es también una oportunidad para reflexionar sobre una provisión mínima de salud y educación para los habitantes del planeta, financiada por una ley universal de todos los países sobre una parte de los ingresos tributarios provistos por los actores económicos más prósperos. Argumenta que esa prosperidad se basa en la explotación de los recursos naturales y humanos a escala planetaria, y que la regulación mundial para garantizar la sostenibilidad social y económica resulta esencial. ¿Algunos pensarán que son tesis radicales? Sí. Pero es Piketty.
"Le Monde" destaca que, después de un mes de encierro, todavía es muy temprano para relajarse. La comunidad médica sigue siendo cautelosa sobre la evolución de la epidemia de COVID-19 en Francia, una vez que el parte nacional diario revelado en la noche del jueves haya registrado, al menos, 17.920 muertes desde principios de marzo y un aumento de 753 víctimas mortales en veinticuatro horas, según aseguró el director general de Salud, Jérôme Salomon. En Francia, los datos de los contagios y de la mortalidad empiezan a compararse en los titulares de los periódicos con los de España, que es desde hace tiempo una referencia europea catastrófica junto con Italia. En los hospitales se registraron 11.060 muertes y 6.860 en otros centros médico-sociales, que es donde se cifran ahora el 40 por ciento de las muertes. Esta evaluación no incluye los que fallecen en los hogares, que son más difíciles de contabilizar. El cálculo de la pandemia se está haciendo cada vez más complicado.
El número de pacientes hospitalarios que reciben cuidados intensivos ha disminuido de nuevo, lo que sugiere que la circulación del virus se estabiliza. Pero a un altísimo nivel, según las autoridades sanitarias. Los internados aún exceden el número de camas de reanimación que Francia tenía antes de la epidemia, alrededor de cinco mil. Y a pesar de la disminución, los centros hospitalarios de varios regiones aún sufren fuertes tensiones, explicó Salomon. Cuando se le preguntó sobre el pico de la epidemia, el director general de Salud repitió las palabras recurrentemente usadas por los científicos: no hay que hablar de un pico, sino de una meseta y de ella no se puede salir sin seguir respetando el encierro y el distanciamiento social.
Después del 11 de mayo, la fecha anunciada por Macron para el inicio de la descontaminación, casi 18 millones de personas en riesgo, que padecen enfermedades crónicas o simplemente ancianos, tendrían que permanecer confinados, dijo el miércoles, ante la Comisión de Derecho del Senado, el profesor Jean-François Delfraissy. Y el desconfinamiento tendrá que posponerse si no se cumplen las condiciones esenciales, que consisten en un número suficiente de pruebas de detección y un sistema de rastreo de los contactos de los nuevos casos identificados, recalcó. Algunos diputados de la oposición reclamaron el jueves una votación de la Asamblea Nacional para apoyar esas técnicas de rastreo de los teléfonos para combatir la epidemia. La anunciada reanudación de la actividad en menos de cuatro semanas genera, según cuentan los periódicos franceses, controversias, como la relacionada con el anuncio de la reapertura de guarderías y escuelas, con la excepción de la educación superior. Varios funcionarios electos locales se niegan a reabrir las escuelas en esta fecha y consideran apresurada la decisión.
Los bares y los restaurantes permanecerán entonces todavía cerrados. "¿Serán los peluqueros los héroes del desconfinamiento?", pregunta el conservador "Le Figaro". El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, es partidario de que estos salones vuelvan a abrir el 11 de mayo, el día señalado para empezar a romper gradualmente el encierro impuesto en el país. "Creo que hay millones de franceses a quienes les gustaría poder ir a la peluquería". El cabello de los vecinos, como el nuestro, ha comenzado a crecer debido al cierre de una actividad no considerada esencial para la vida de la nación. Existe la alternativa del corte casero, pero no siempre es una buena idea, recuerda el ministro. "Yo lo he intentado y no ha quedado bien", dice Le Maire, que, como escribe el diario parisino, suele lucir una cabellera impecable.
