Suprimir el peaje del Huerna, según han subrayado en un informe conjunto tres colectivos: Hostelería y Turismo en Asturias (OTEA), Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA) y Campings de Asturias. Parten de la premisa de que el sector al que representan tendrá que "reinventarse", pues atraviesa una situación "muy crítica" y necesita por lo tanto "medidas extraordinarias, específicas y contundentes", diseñadas "para garantizar la subsistencia de las empresas" y para que recuperen su actividad habitual cuando concluya el estado de alarma y se permita la reapertura de los establecimientos.
Reclaman campañas de promoción, tanto en la región como en el resto del Estado, en las que se lance la idea de que Asturias es la "segunda residencia de España" y un "destino de bienestar, saludable y sostenible", acorde además con las recomendaciones sanitarias. Se lanzaría la idea de Asturias como un "destino seguro" que ofrece un "turismo de tranquilidad, sin masificaciones, natural y saludable".
Harán falta canales de promoción, y para que sean más eficientes proponen crear un portal que permita la comercialización de todos los productos y servicios creados por los diferentes sectores (empresas de alojamiento, agencias de viaje, guías turísticos...), facilitando la creación de viajes combinados. Y para generar "confianza" en los potenciales clientes propugnan cursos específicos de "limpieza, higienización y desinfección para espacios de alojamiento turístico" y un protocolo de actuación ante la detección de personas infectadas por coronavirus.
"Ahora más que nunca necesitamos que los turistas estén conectados y tengan facilidades para llegar al 'Destino Asturias' desde cualquier punto", señalan los tres colectivos, que para lograr esta meta reclaman "conectividad real y de alta capacidad, fija y móvil, en todo el territorio asturiano y sobremanera en el medio rural". Más: apoyo al mantenimiento y mejora de las comunicaciones aéreas, una línea de ferry que conecte con Francia e Islas Británicas y la ya citada supresión del peaje del Huerna (AP-66).
Pero proponen también medidas laborales para garantizar la subsistencia de las empresas. Entre ellas, la retirada de la obligación de mantener el empleo durante seis meses a las empresas que hayan aplicado medidas extraordinarias en el ámbito laboral; mantener el ERTE por fuerza mayor durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad; actuar para que las nóminas se perciban antes del 10 de mayo; contemplar la figura del autónomo fijo discontinuo para el acceso a las ayudas; exoneración de la totalidad de las cotizaciones por los trabajadores que vayan incorporándose a sus puestos de trabajo durante este año; y exoneración de las cuotas de los autónomos durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.
En el apartado de medidas fiscales, y con el objetivo de "proteger la liquidez de las empresas para mantener el empleo y la capacidad productiva", los representantes del sector turístico lanzan varias propuestas, como la moratoria de seis meses, sin intereses, de las liquidaciones trimestral del IRPF de los trabajadores reincorporados; la reducción de la tributación por módulos; deducciones fiscales por inversión en adaptación de locales, formación de personal o adquisición y mejora de equipos; la bonificación de impuestos para el próximo año; el mantenimiento de los aplazamientos en los pagos aprobados tras la declaración del estado de alarma, pero ampliándolos a todo tipo de impuestos, incluyendo las retenciones de personal y alquileres; y la supresión del impuesto sobre la electricidad este año.
Eliminar los costes estructurales de suministros y personal es otra de las necesidades esenciales, según los empresarios turísticos, como también lo es garantizar unos ingresos mínimos a los emprendedores. Y para ello proponen una "financiación especial" para pymes y autónomos del sector hostelero de líneas ICO con un tipo de interés regulado por el Gobierno central. Porque las actuales líneas ICO COVID, según critican los empresarios turísticos, dejan libertad a las entidades bancarias a la hora de fijar los tipos de interés, lo que ha provocado que la TAE de las operaciones haya subido "más de un punto en una semana con respecto a las líneas ICO firmadas a finales de marzo". De ahí que reclamen una dotación de 20.000 millones exclusivamente para esta línea, con la supresión de gastos y comisiones en el estudio y apertura de los créditos y un TAE máximo fijado por el Gobierno. Y, además, nuevas líneas financieras específicamente creadas para el sector turístico, más flexibles y con carencia de 24 meses
Actuaciones en vivo
Por lo que respecta al ámbito jurídico, abogan por moratorias en el pago de las hipotecas y créditos, así como en el pago de los alquileres de locales, "a las que puedan acceder todos los empresarios del sector". Las retribuciones a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deben "encontrarse bonificadas durante lo que resta de año". Y las subvenciones autonómicas tienen que "alcanzar a todos los autónomos, incluidos los societarios, que suponen casi el 30 por ciento del total". Consideran asimismo que es momento de abordar un cambio legislativo que permita, tras el confinamiento, "las actuaciones en vivo en nuestros locales, e incluso en la calle, en la línea de proyectos ya ejecutados por algunos ayuntamientos", como el de Gijón, con las restricciones horarias necesarias "para hacerlas compatibles con la convivencia vecinal".
Un último bloque se refiere a medidas a adoptar por los ayuntamientos y el Principado, que resulta "imprescindible" que estén coordinadas. Entre ellas, la suspensión o reducción proporcional de impuestos municipales (IBI, IAE y viñeta de vehículos relacionados con la actividad). O bien en su defecto "ayudas directas".
Piden por último la suspensión de tasas municipales, al considerar que son contraprestaciones económicas por servicios que presta el Estado y que en la actualidad no se están utilizando. Reclaman asimismo agilizar los trámites para facilitar la concesión de licencias de obras menores; la paralización o reducción proporcional de los cánones por concesiones administrativas afectadas por las medidas de suspensión del Covid-19 y del impuesto autonómico sobre las afecciones ambientales del uso del agua.
