La crisis del coronavirus ha pasado factura en muchos sectores económicos. En uno de ellos el turístico. Muchos de los propietarios de pisos que en los últimos meses habían decidido sacar sus inmuebles de las webs en las que se ofertaban para, en cambio, poder ofrecerlos en páginas dedicadas al alquiler por temporadas turísticas (como Airbnb) hizo que el precio de las rentas subiera como la espuma en muchas ciudades. Una realidad que ahora es justo la contraria. Han dejado de llegar los turistas y por lo tanto muchos han sacado de nuevo esos pisos al mercado inmobiliario bajando los precios.

Echar un vistazo en las diferentes páginas de alquiler de pisos da una idea de lo que está sucediendo. Sin ir más lejos en una de las webs más utilizadas para la búsqueda de inmuebles se pueden encontrar varios pisos por menos de 400 euros. El inmueble más barato en esta ocasión lo encontramos actualmente (hay que tener en cuenta que todos estos datos van cambiando) en la calle Jesús González Alsonso, en pleno barrio de Pumarín en Gijón.

En este caso se trata de un piso próximo a la carretera de Carbonera que se vende como todo exterior y muy “luminoso y con altura”. Está totalmente amueblado y tiene dos dormitorios y un salón. Además cuenta con una cocina reformada, electrodomésticos, vitrocerámica con horno y campana, tarima, ventajas abatibles y hasta una terraza cerrada en la cocina”.

Pero no es el único inmueble con ese precio que se puede encontrar en Gijón a pesar de que esta es la ciudad del Principado con los pisos más caros según se refleja en todas las estadísticas que se hacen públicas a este respecto y en las que se habla del precio que alcanzan los inmuebles en Asturias.

Otro apartamento, en esta ocasión situado en La Guía y de 30 metros cuadrados, también se puede conseguir por este precio. En las últimas semanas el gobierno del Principado anuncio además que se iba a conceder una ayuda de unos 500 euros (como máximo) a los propietarios de pisos para que pudieran pagar el alquiler. Las ayudas iban a tener una duración máxima de unos seis meses y en teoría van destinadas a todo aquel que tenga problemas para asumir el pago de la renta como consecuencia de los despidos y ERTES que se están produciendo tras la declaración de la pandemia del coronavirus.