La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia interpuesta por Vox sobre la situación de las residencias de ancianos asturianas en el contexto de la pandemia. La fiscal superior, Esther Fernández, considera que no existen indicios de delito. El decreto de la Fiscalía concluye que la denuncia relata una serie de hechos ya conocidos, publicados por la Administración y los medios, sin aportar datos o hechos concretos cometidos por personas determinadas. El escrito hace, según la Fiscalía, una denuncia genérica sobre la pandemia, el número de fallecidos en las residencias y la gestión de la propia crisis.
El pasado 19 de marzo se incoó un expediente para analizar la situación de los centros residenciales, tanto públicos como privados. En Asturias, los residentes han estado sometidos a control médico. Algunas residencias han sido medicalizadas, y no se han puesto en conocimiento situaciones que puedan resultar delictivas. Tampoco desde los complejos hospitalarios se ha recibido denuncia de negligencias o agresiones.
El denunciante solicitaba que se diesen una serie de órdenes a la autoridad competente sobre la gestión de la pandemia, labor que no entra en las funciones atribuidas al ministerio fiscal, señala la Fiscalía. Contra este archivo no cabe recurso, aunque Vox puede reproducir su denuncia ante el Juzgado.
