La Mesa de la Junta General del Principado ha admitido a trámite la comisión de investigación sobre la gestión del coronavirus en las residencias de mayores de la región, que había solicitado el Grupo Parlamentario Popular el pasado día 13, tras la reapertura del Registro de la Cámara. Resta ahora que la decisión de la Mesa sea publicada en el "Boletín Oficial de la Junta", momento en el cual quedará abierto un plazo de siete días hábiles para que los grupos políticos de la Cámara pueden oponerse. Si se registrara algún rechazo, la constitución de la comisión de investigación debería someterse a votación en la Junta General; en caso contrario quedaría creada automáticamente.
La portavoz del Grupo Popular en la Junta, Teresa Mallada, subrayó ayer la necesidad de "esclarecer" lo sucedido en estos centros que concentran casi el 60 por ciento del total de fallecidos por el virus en la región. A su juicio, ha habido "oscurantismo" por parte del Principado en la gestión de las residencias, que están, tanto las públicas como las privadas, "bajo la tutela de la Administración regional desde el pasado 22 de marzo", resaltó Mallada.
"Debemos analizar si se actuó con la debida diligencia y eficacia porque son muchas las denuncias conocidas sobre falta de medios humanos, materiales y deficiencias en la gestión a este respecto; hay que aclarar si se produjeron negligencias", indicó Mallada, quien resaltó que los familiares de las víctimas "merecen conocer cómo se actuó ante la pandemia", "si las directrices de los responsables políticos fueron las adecuadas" y "si el Principado puso todos los medios humanos y necesarios para evitar los contagios".
"Ante los testimonios que se nos han trasladado de trabajadores de estos centros y de familiares, y denuncias que se han hecho públicas en los medios de comunicación, es necesario escuchar las explicaciones de los responsables de esta gestión. Las buenas intenciones no salvan vidas", subrayó la líder del PP.
Entre las principales denuncias lanzadas por los conservadores figuran las siguientes: "falta de material (EPIS, mascarillas, guantes) para los profesionales sanitarios y resto de trabajadores de los centros"; "a día de hoy, aún no se ha testado a todos los trabajadores y mayores", y "es urgente y necesario que haya test masivos para todos"; "han llegado a algunas residencias cajas de material con bolsas de basura para que ellos mismos elaboren su propia protección", y "se ha quedado 'atrapado' material en Irún".
Más denuncias del PP: "No se están realizando ni inspecciones ni controles alimentarios que garanticen que la distribución de alimentos y comida a los centros esté en buen estado", por lo que el PP espera que no se produzca "ningún brote alimentario porque puede ser un foco importante de contaminación". Además, "la comunicación con familiares en algunas residencias no está siendo efectiva". Y una demanda: "Es importante incorporar apoyo psicológico específico en los centros residenciales a fin de atender las necesidades del personal y residentes".
El PP sospecha que pudo haber "negligencias" en la gestión de la pandemia, lo que podría haber influido en el hecho de que el 58 por ciento de los fallecidos en Asturias sean residentes en geriátricos. En la mañana de ayer habían fallecido 160 ancianos en Asturias, por los 80 que se registraban el 13 de abril, cuando el PP presentó la petición para investigar. Mallada destacó asimismo el hecho de que fallecieran más ancianos en centros públicos que en privados, pese a que estos últimos tenían "menos medios" que aquellos para afrontar la pandemia.
