El presidente del Principado, Adrián Barbón, reclamó ayer que se tenga en cuenta la presión fiscal existente en las comunidades autónomas a la hora del reparto de los 5.000 millones de euros que el Gobierno central va a hacer entre las mismas para compensar la caída de la recaudación derivada de la alarma sanitaria. Barbón alerta contra la posibilidad de que los fondos estatales por la crisis del covid-19 puedan servir para tapar el agujero en la recaudación de aquellas comunidades que eliminaron o redujeron impuestos recientemente, ya que el cálculo para el reparto de este fondo se hará comparando la recaudación actual con la del año pasado.
El presidente asturiano puso este asunto ayer sobre la mesa en la conferencia semanal de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez para abordar la crisis del coronavirus, planteamiento que fue apoyado por varios presidentes de otras autonomías. "A mí me preocupa que haya comunidades autónomas que quieran aprovechar para imputar al covid-19 la pérdida de ingresos que en realidad es consecuencia de una rebaja fiscal. Es decir, hay comunidades que han decidido bajar los impuestos en el último año y eso no se puede imputar al coronavirus, no tiene nada que ver, y por tanto hay que valorar el esfuerzo fiscal de aquellas comunidades, como la nuestra, en las que para sostener la sanidad, que ahora está demostrando la utilidad del sistema sanitario, necesita mantener un sistema fiscal justo y progresivo".
Esta reflexión forma parte de un debate de fondo entre las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda y las que tienen al frente a la derecha, en las que se siguen políticas como la reducción de los impuestos de sucesiones o patrimonio, caso de la Comunidad de Madrid, en el que están en mínimos, si bien en este caso concreto desde hace años.
Esos 5.000 millones de euros forman parte del fondo no reembolsable de 16.000 millones para las comunidades autónomas, del que otros 1.000 van destinados a cubrir gastos de servicios sociales y 10.000 a gastos de salud.
Respecto a estos últimos tanto el Gobierno del Principado como los de Galicia, Cantabria, Castilla y León y Aragón ya habían venido defendiendo que esos 10.000 millones no se repartan exclusivamente en base al censo de población, sino que se tengan en cuenta criterios como el envejecimiento, la dispersión y la orografía. Es lo que se denomina "población protegida equivalente", en el que se viene a tener en cuenta las mayores necesidades de una comunidad como Asturias, con muchas personas mayores de 65 años, frente a las de otras comunidades con una población más joven.
La ministra María Jesús Montero ya había apuntado que se tendrá en cuenta. La clave será aquí saber en qué medida, esto es, hasta qué punto va a afectar ese criterio al reparto de los 10.000 millones de euros del fondo destinados a gastos sanitarios.
Barbón también reclama que no solo se tenga en cuenta para el reparto de esa cantidad el número de test positivos de PCR, sino el número total de PCR realizados a la población, tanto positivos como negativos, dado el esfuerzo que supone. Asturias es una de las tres comunidades autónomas que más test de este tipo han hecho en proporción a su población.
El Principado además también viene defendiendo que se valore el esfuerzo presupuestario de cada comunidad autónoma en materia sanitaria, un criterio que también beneficiaría a Asturias, cuya Administración destina el 38% de su Presupuesto a sanidad.
Núcleo familiar
Núcleo familiarBarbón también expresó su "preocupación por la situación de los ERTE", dado que muchos asturianos que se encuentran actualmente regulados de empleo aún no han cobrado la prestación, por lo que el mandatario regional pidió que se aceleren esas tramitaciones, entendiendo que se han desbordado todas las previsiones, "pero es necesario tener en cuenta la situación de muchos de nuestros conciudadanos".
De la reunión de ayer no salió una respuesta a esta petición, pero sí hubo un cambio en cuanto a la flexibilización de las actividades en regiones como Asturias. Si hasta ahora solo estaban exentas de cumplir las franjas horarias las localidades de menos de 5.000 habitantes, ahora también lo van a estar las de menos de 10.000 habitantes. De esta medida se beneficiarán las 15 localidades asturianas (según los datos censales de 2019) que tienen entre 5.000 y 10.000 habitantes, que son Candás, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Piedras Blancas, Las Vegas (Corvera), Luanco, Grado, Pola de Laviana, La Pola (Lena), Llanes, Noreña, San Andrés de Llinares y El Entrego (estas dos en San Martín del Rey Aurelio), Viella (Siero) y Villaviciosa.
Barbón respaldó la propuesta del Gobierno central de prorrogar el estado de alarma. También defendió una flexibilidad horaria, así como de desplazamientos fuera del municipio para la práctica de actividades deportivas individuales.
El presidente regional insistió además en que se permitan las salidas conjuntas de todo el núcleo familiar, no solo de un único adulto con varios niños, regla que "en estos momentos ya no tiene sentido".
