La Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de Asturias interpusieron desde que se inició el estado de alarma y hasta este domingo pasado un total de 17.789 multas, y realizaron 86 detenciones, según los últimos datos del Ministerio del Interior, facilitados por la Delegación del Gobierno. Un buen puñado de ellas ya les han sido comunicadas a los infractores, que ahora tendrán un plazo para presentar alegaciones.
La mayoría de estas "propuestas de sanción" correspondería a la infracción menos grave, que tiene que ver con la desobediencia, la resistencia, negarse a facilitar la identificación o aportar datos falsos. La multa en estos casos es de 601 euros, aunque si el sancionado aplica el pronto pago, queda reducida a la mitad, 300,50 euros. Otra opción es recurrir, pero entonces se pierde la bonificación.
Las sanciones pueden ser mucho más elevadas, hasta llegar al máximo establecido de 30.001 euros. A medio camino hay otros tipos, como amenazar a un agente de la autoridad, penalizado con 10.400 euros. Y también las hay inferiores, que oscilan entre los 100 y los 600 euros, por cuestiones menores, como retirar una cinta o una valla que haya colocado la Policía.
Las fuentes consultadas indicaron que los agentes realizan propuestas de sanción que se trasladan a la Delegación del Gobierno y, a partir de ahí, se inicia la tramitación. En Asturias hay sancionados a los que ya se les ha comunicado oficialmente la infracción cometida y la sanción correspondiente, aunque esa información la maneja el Ministerio del Interior y no la facilita por la ley de Protección de Datos.
Las propuestas de sanción en el conjunto de España se elevaron desde el principio del estado de alarma hasta el pasado domingo a un total de 996.231, y las detenciones llegaron a 8.316, según los datos del Ministerio del Interior.
Lo previsible, según las fuentes consultadas, es que las cifras continúen creciendo, teniendo en cuenta que España sigue en estado de alarma y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a solicitar en el Congreso que se prolongue aún seis semanas, aunque con distinto planteamiento y aplicación asimétrica, igual que ocurre con las fases de la desescalada.
Las cuantías económicas que el Estado podría ingresar si todas estas propuestas de sanción se ejecutaran, utilizando para el cálculo el importe más bajo de los 601 euros, supondría que solo en Asturias se pagarían a día de hoy más de 10,7 millones de euros, que se quedarían en algo más de 5,3 en el caso de que por pronto abono se redujera la multa a la mitad. Si estas mismas cuentas se hacen a nivel nacional, las arcas estatales ingresarían más de 300 millones de euros con el descuento (600 millones sin la bonificación).
Son muchos los abogados y juristas que han advertido de que la mayoría de las sanciones propuestas, si no todas, serán recurridas y que los afectados presentarán alegaciones. También hay quien afirma que semejante volumen de tramitación en las circunstancias actuales es muy difícil, por no decir imposible, de abordar. Las fuentes oficiales consultadas aseguraron que "de momento se está tramitando todo lo que llega".
