La Fiscalía pide mantener los 12 años y siete meses de prisión para C. V. G, el acusado de dejar morir a su pareja, Silvia Hernández, tras apuñalarla en Gijón durante un forcejeo en torno a las cuatro de la mañana del 13 de marzo de 2016. Según los forenses, la mujer, de Gijón, falleció entre las 19:30 horas de ese mismo día y la 1:30 de la madrugada del día siguiente.
Las acusaciones defendieron el mantenimiento de la condena en la vista del recurso de apelación presentado por el abogado defensor, Enrique Lamadrid, celebrada ayer en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). La sentencia condenatoria por homicidio por omisión de socorro fue emitida por la Sección Octava de la Audiencia Provincial tras el veredicto de culpabilidad del tribunal del jurado que juzgó al acusado, que actualmente se encuentra en libertad.
Las acusaciones insistieron en que el acusado pudo haber evitado la muerte de Silvia si hubiera avisado a los servicios médicos. La Fiscalía solicita la confirmación de la pena impuesta al autor material de los hechos por haber mantenido "una posición pasiva hasta dejarla morir", tras darle dos puñaladas que le perforaron un pulmón y el estómago. La Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación particular en representación de la familia de Silvia Hernández y la acusación popular, que ejercita Abogadas para la Igualdad, han incidido en que el procesado dejó "desatendida" a la víctima, de 34 años, y con la que convivía. La fiscal ha asegurado que C.V.G. generó "una situación de riesgo utilizando un cuchillo que era un medio idóneo para causar la muerte" y no llamó a los médicos, pese a que la puñalada en el estómago provocó una hemorragia interna que derivó en un empeoramiento de su estado hasta fallecer.
El abogado del Estado, Luis de la Ballina, explicó que el informe forense describía que la víctima había manifestado varios síntomas tras la puñalada en el estómago como debilidad, bajada de tensión, vómitos, náuseas y encorvamiento sin que el acusado, que "tenía la condición de garante", hiciera nada para salvarle la vida.
Sergio Herrero, que ejercita la acusación particular, afirmó que C.V.G. "dejó morir" a Silvia tras causarle dos lesiones "perforantes" y posteriormente "se desentendió de ella" pese a la gravedad. La abogada de la acusación popular, Andrea Rodríguez, remarcó que la prueba forense confirmó que Silvia se hubiera salvado con una pronta asistencia sanitaria.
El abogado defensor, Enrique Lamadrid, incidió en las "enormes y flagrantes contradicciones" entre el veredicto y los testimonios de los forenses que expusieron en el juicio que ni el acusado ni la víctima eran conscientes de la gravedad de las heridas y ni la mujer sabía que se estaba muriendo. Lamadrid mantiene que la fallecida, con una minusvalía psíquica del setenta por ciento, estaba "plenamente capacitada para decidir si acudía o no al médico".
