La Consejería de Salud del Principado busca una fórmula jurídica que le permita cerrar los prostíbulos, en el marco de las medidas sanitarias encaminadas a frenar los rebrotes, y siguiendo las directrices marcadas días atrás por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. Aunque oficialmente el Principado no se ha pronunciado aún sobre esta posible medida, que ya se está implementando en otras comunidades autónomas, fuentes próximas al Gobierno regional inciden en que se está trabajando para paralizar la actividad en los clubes de alterne, más allá de la licencia que hayan expedido para su actividad. Precisamente, la diversidad de licencias bajo las que se amparan este tipo de negocios (que operan indistintamente como establecimientos hoteleros, bares, restaurantes, cafeterías u otro tipo de locales de ocio) hace muy complicado para las autoridades poder activar una regulación genérica que sirva para todos.
Con esta iniciativa, el Principado seguiría los pasos de Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha, que ya han decretado el cierre de los prostíbulos, independientemente de la licencia bajo la que operen, en el marco de las medidas encaminadas a frenar los rebrotes. En el caso de Castilla-La Mancha, autonomía que se estima que aglutina cuatro de cada cinco prostíbulos activos en España, el cierre entró en vigor ayer, incorporado en una batería de nuevas medidas que incluye también el cierre de todos los locales dedicados al ocio nocturno y la prohibición de vender alcohol entre las 22.00 y las 8.00 horas, salvo en locales de hostelería y restauración.
La experiencia de estas comunidades autónomas puede servir al Principado para estructurar una norma que alcance a todos los clubes de alterne, independientemente de la licencia bajo la que operen. Algo que no resulta sencillo dada la esquiva naturaleza legal de estos establecimientos. Algo que se comprobó en 2017, cuando la Audiencia Provincial absolvió a los propietarios del Model's, en Siero, tras no poderse demostrar que era un club de alterne. El local se cerraría dos años después por una sentencia judicial que constataba un fraude a la Seguridad Social, por haber tenido a 38 mujeres trabajando en el club sin estar dadas de alta.
Este caso constata, a ojos de juristas y abogados, la complejidad de afrontar una regulación para este tipo de locales, aunque entienden que es factible encontrar una solución dentro del marco legal. "Lógicamente, un establecimiento de estas características lo que no puede es no ser nada: tiene que ser algo, y si participa de la misma naturaleza que un local de ocio nocturno, tiene que beber de las mismas medidas", explica el abogado Javier Dapena. "Lo que no puede ser", continua el letrado, "es que estén en un limbo legal para lo que les interese y para lo que no, no. Si operan con licencia de bar o de discoteca, tendrán que someterse a la misma regulación que un bar o una discoteca".
Más allá del problema jurídico, la situación de los lupanares genera controversia incluso entre los colectivos feministas, donde conviven las posiciones abolicionistas con aquellas que apoyan una regulación del trabajo sexual. Pese a estas conocidas diferencias, la ministra de Igualdad, la podemista Irene Montero, remitió días atrás una carta a las autonomías a las que instaba a cerrar los prostíbulos en el marco de la lucha contra los rebrotes de la pandemia de coronavirus.
Aunque el debate se mantiene dentro del marco plenamente sanitario, desde algunos sectores se ve la opción de que, a partir de unas eventuales restricciones a la actividad en el marco de la crisis sanitaria, se profundice en otro tipo de reformas cara a una regulación más específica de este tipo de establecimientos. Ante esta opción, Javier Dapena advierte de los peligros de usar la emergencia sanitaria para ejecutar otro tipo de reformas: "No se puede aprovechar una situación de crisis para afrontar medidas estructurales. No es el debate ahora mismo, sino el tema sanitario. Pero además, si se ejecuta una regulación más amplia y llega a los tribunales, el resultado es impredecible".
En toco caso, Dapena precisa que en el marco sanitario sí sería necesaria una regulación, sobre todo habida cuenta la dificultad para hacer un seguimiento de los positivos en un eventual brote en un prostíbulo. Una problemática que se vio diez días atrás, cuando se detectó un brote en un club de alterne de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Pese a la gravedad del brote, que afectó a siete trabajadoras y otros cinco empleados del local, las reticencias de los clientes a reconocerse como tales dificultó el seguimiento por parte de las autoridades sanitarias.
