La Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad se preparan para el choque de trenes a cuenta de la gestión ante los rebrotes en la capital. El ministro, Salvador Illa, estudia una intervención de la comunidad autónoma esta misma semana: algunas fuentes aseguran que el miércoles es la fecha marcada en rojo por Illa para tomar las riendas de la gestión sanitaria en la comunidad madrileña, donde se concentran, en la última semana, uno de cada cuatro nuevos contagios y uno de cada tres fallecidos a causa del covid-19.
El límite sería, pues, de 48 horas, pero la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se enroca en su postura y mantiene su estrategia (que pasa por confinar únicamente 45 áreas sanitarias de la comunidad autónoma, donde reside en torno a un millón de personas), mientras lanza una envite: aceptará confinar las zonas con 500 contagios por cada 100.000 vecinos si se hace lo mismo en toda España.
La dirigente popular escenificó en la tarde de ayer el pulso, al asegurar que "Madrid no se puede cerrar", como le pide el Ministerio de Sanidad, contra el que ha cargado al entender que ha cambiado de criterio por motivos políticos.
A juicio de Ayuso, es el Ejecutivo central el que rompe la unidad de acción contra la pandemia. "El confinamiento total no es posible", ha subrayado Ayuso en una entrevista con Antena 3, en la que ha defendido que Madrid tiene "una estrategia muy clara", que pasa por que "las personas que están contagiadas se pongan en cuarentena y avisen a su familia" mientras el resto siguen "adelante". La presidenta madrileña ha abogado por una "situación intermedia" y por fórmulas creativas, más complicadas que un confinamiento total, que "fue fácil" en la primera etapa de la pandemia, pero ahora "estamos viviendo las consecuencias" y "nos estamos arruinando".
A la vista de la posición de la presidenta madrileña, el choque entre administraciones parece difícilmente inevitable. Las declaraciones de Ayuso, en todo caso, inciden en la estrategia que, desde la dimisión el sábado de Emilio Bouza -el médico que iba a hacer de puente entre los gobiernos central y autonómico en el Grupo Covid-, ha orquestado el ejecutivo autonómico, que ha ido lanzando por diversos canales el mensaje de que aceptará las restricciones que exige Illa con dos condiciones: que lo mismo se pida a otras comunidades y que se hagan pruebas PCR a quienes llegan por Barajas y el AVE.
El vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, se ha presentado como nuevo puente llamando en redes sociales a "un alto el fuego" a los ministros Illa y Carolina Darías. Los dos le han contestado que Madrid debe seguir a "la ciencia y los técnicos sanitarios". Se debate, en el fondo, si es mucho ratio 1.000 contagios por cada 100.000 vecinos o bastan 500 para confinar la ciudad y su conurbación. Pero también está en cuestión una discusión sobre el modelo territorial y sobre hasta dónde puede mantener un gobierno autonómico su criterio frente al Ejecutivo central.
A partir del miércoles, si no antes, Illa resolverá. Entre tanto, desde el Gobierno de España se ha deslizado una advertencia: no hace falta un 155 ni ninguna ley excepcional para tomar la sanidad madrileña. Basta el artículo 65 del decreto de nueva normalidad del 9 de junio, ese que da la primacía al ministerio en situaciones de "especial riesgo o alarma para la salud pública".
En medio de la polémica, la izquierda local explota el sinsentido de que un vecino de los distritos pobres pueda ir a las zonas ricas a trabajar, pero no a pasear. Ayer, cuatro manifestaciones con presencia de concejales de Podemos y Más Madrid y con gritos de "no es confinamiento, es segregación", reunieron a cientos de personas ante la Asamblea de Madrid, el Puente de Vallecas y la glorieta del Marqués de Vadillo. No están lejos del Parque Roma, que amaneció con 53.000 banderines de España clavados en su césped por la Asociación de Afectados por Coronavirus, en recuerdo de los muertos.
Madrid ve aproximarse un aumento severo de las restricciones de movimiento. No lo descarta ninguna de las fuentes médicas madrileñas consultadas, que se dividen a la hora de esperar, mucho menos desear, un cierre total de accesos. Pero sí coinciden en creer que, cuando menos, se van a generalizar a toda la región las prohibiciones.
Dependerá de los datos de contagios que se lean el miércoles, transcurridos 10 días de los suaves confinamientos que anunció la presidenta el viernes 18. Es el plazo mínimo para ver los efectos de la medida.
