07 de octubre de 2020
07.10.2020
La Nueva España

Desahucios a ciegas

Una familia con un enfermo y un menor tendrán que dejar mañana un piso propiedad de un banco

07.10.2020 | 19:11
Desahucios a ciegas

Abdel tiene 62 años y pesa 45 kilos. Su extrema delgadez revela una enfermedad que le consume y que él resume como «un problema pulmonar». Vive en un piso okupado en Torrefiel desde hace tres meses con su mujer, su hijo pequeño de 8 años y su hija mediana de 18.

En Córdoba les hablaron de esa vivienda y no dudaron en pagar 500 euros que no tenían -y que pagó su hijo mayor, que trabaja en Madrid, en la obra, a días sueltos- para abandonar una casa con goteras, sin luz ni agua, por un piso en Valencia que es propiedad de un fondo buitre y según los vecinos llevaba más de 5 años vacío. Se mudaron en cuanto acabó el estado de alarma y escolarizaron al pequeño.

Hace poco más de tres semanas recibieron la inesperada visita de un agente de la Policía Nacional y de un trabajador de seguridad privada. Eran portadores de un mensaje: en dos semanas se tenían que ir porque había una orden de desalojo. No la mostraron ni les entregaron notificación alguna. La familia apenas chapurrea algo de español, pero entendió un mensaje que, sin embargo, no tenía asignada ninguna fecha.

A la semana, un número ocultó llamó al teléfono del hijo mayor, en Madrid: «El jueves 1 de octubre tu familia se va a la calle». El joven contactó con la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH) València. La maquinaria de respuesta y la red social se puso en marcha. La PAH, Entrebarris y Stop Desahucios consiguieron paralizar el desalojo previsto. «La propiedad estaba dispuesta a conceder uno o dos meses, pero predominó la decisión de la Policía que allí mismo propuso una semana de plazo», explican desde la PAH.

Entre las posibles soluciones a la familia por parte de las Administraciones se baraja la posibilidad de que el Ayuntamiento de Valencia pague una pensión durante 4 días para que luego la familia ocupe una plaza en el albergue de Casa Caridad.

Las entidades sociales trabajan para que la familia no se vea mañana en la calle. Al parecer, el piso contaba con un procedimiento judicial anterior. Sin embargo, los desalojos se producen a ciegas, en muchos casos, ya que se desconoce quién ocupa la vivienda en ese momento (si hay enfermos, menores o personas con discapacidad) y cuál es su situación. Tanto El Rogle como la PAH destacan la «barbaridad» que supone un desahucio sin notificación judicial a los afectados.

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