La ministra Irene Montero, anunció el pasado miércoles en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que su equipo ha empezado a trabajar en la derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo para eliminar la obligatoriedad del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar. Esa modificación fue introducida en 2015 por el PP e implica que los padres pueden obligar a una joven de 16 o 17 años a tener un hijo que no desea y en algunos casos, como las menores que han inmigrado a España solas o las tuteladas por la Administración, puede entorpecer su acceso al aborto.
La ministra de Podemos promueve este cambio legislativo “con el objetivo de que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos” y ha adelantando que la futura Ley también contemplará el acceso de las “formas más novedosas” de anticoncepción y el refuerzo de la educación sexual, que considera una “vacuna” contra la violencia machista.
En Asturias, el anuncio del Ministerio de Igualdad ha sido bien acogido por las feministas y por las activistas que defienden el derecho al aborto. Blanca Cañedo, una histórica del movimiento, sostiene que “no hay leyes permisivas, las hay necesarias o no, hay población educada o no educada”, y en ese sentido se alegra de la iniciativa de Montero. Afirma que la reforma del PP, que restringe el acceso al aborto de las menores, “fue metida a calzador por el PP”, que “intentando proteger a las menores desprotegió a los colectivos más vulnerables”. “La inmensa mayoría de las mujeres de esas edades van acompañadas de sus padres, pero hay un grupo, en una situación compleja que se queda fuera del sistema”, argumenta. Cañedo, que lleva décadas luchando por el derecho al aborto, opina que éste debería ser un debate ya superado. “A nadie se le va a hacer un aborto si no quiere, a ninguna mujer se la puede obligar a tener o no tener un hijo, pero aquí la Ley les está prohibiendo acceder a un derecho”, indica, y hace ver que, mientras sigue la polémica en torno a esa cuestión, “no estamos afrontando asuntos como la anticoncepción. Estamos anclados, y no avanzamos en la educación ni en la formación de los profesionales. Para muchas cosas aún estamos en los años 80”.
Cristina Iglesias, secretaria y vocal por Asturias de ACAI, la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción de Embarazo, y gerente de la clínica Belladona de Gijón, reconoce que, aunque “aún no se sabe en que va a consistir la modificación de la Ley, parece un avance”.
“Nuestra ambición es, por lo menos, volver a 2010, cuando las menores de 16 y 17 años no necesitaban la autorización de sus tutores legales para abortar, aunque sí debían informarles. Lo ideal sería ir más allá, que ni siquiera tengan que informar, que puedan decidir de manera autónoma, igual que hacen en otras especialidades de la medicina”, señala. “La mayoría de las jóvenes de 16 y 17 acuden a las clínicas arropadas por su familia, pero las leyes están para favorecer a las que lo tienen más difícil, a jóvenes más vulnerables que vienen de familias desestructuradas. Hay que tratar de normalizar la prestación de aborto, que es un servicio gratuito para la mujer que cubre el Sistema Público de Salud”, afirma.
Eva Irazu, miembro de la Plataforma Feminista de Asturias, traslada la valoración que ese colectivo hace sobre el anunciado cambio en la legislación, que es “positiva”. “Coincide con una de las reivindicaciones que la Plataforma viene haciendo desde hace mucho tiempo”, señala. Desde la Plataforma inciden en que la actual legislación “deja desprotegidas a las más vulnerables. Más del 80 por ciento de las mujeres de 16 y 17 años acuden a abortar acompañadas de sus padres o tutores legales, las que no pueden hacerlo son las que están en manos de las Administraciones públicas, en riesgo de que se pasen los plazos para abortar, y las que están solas, como las menores inmigrantes, con sus tutores en prisión o que viven en situación de violencia familiar”.
Irazu intuye que el cambio legislativo que ha anunciado Igualdad encenderá otra vez el debate sobre el aborto. “Una gran mayoría de la población se muestra a favor de la interrupción voluntaria del embarazo pero hay una parte que no y hace mucho ruido, los grupos ultracatólicos van a intentar generar polémica. El aborto es una cuestión que nunca está superada del todo, los derechos de las mujeres están siempre en la frontera”, asume.
La Federación Española de Asociaciones Provida ha denunciado que la reforma de la Ley del Aborto anunciada por Irene Montero es “injusta” y “contraria a todo derecho y a la conciencia” y va más allá, pidiendo que se derogue la ley de 2015 pero “no para ampliarla” sino para promulgar otra “que respete el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción”. Latorre considera el aborto un acto de “violencia hacia la mujer”.
El compromiso de recuperar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres forma parte del acuerdo de Gobierno firmado en diciembre de 2019 entre PSOE y Unidas Podemos. La tramitación de la Ley será lenta y su aprobación dificultosa. El Ministerio de Igualdad tendrá que negociar la modificación con el Ministerio de Sanidad, que dirige el PSOE, y la nueva legislación necesita de mayoría absoluta en el Parlamento, 176 votos.
Ayer, en Francia, el Parlamento aprobó la ampliación del plazo legal para abortar de 12 a 14 semanas, dentro de una proposición para reforzar la interrupción voluntaria del embarazo presentada por el grupo Ecología, Democracia y Solidaridad. El texto aprobado ayer todavía debe pasar por el Senado.
