El Ministerio de Sanidad reveló ayer que, durante el fin de semana, se notificaron 52.188 nuevos casos de covid-19. Una cifra similar a los habitantes de Siero, el cuarto concejo en volumen de población de Asturias. Un incremento que ha provocado que la incidencia acumulada en los últimos 14 días pase de los 361,66 positivos por cada 100.000 habitantes registrados el viernes a los 410,18 a día de ayer. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias señaló ayer, al informar de los nuevos positivos, que la evolución de la pandemia es "rápida y ascendente", y que es "muy probable" que si no se consiguen implementar correctamente todas las medidas que se van proponiendo "la incidencia se incremente rápidamente durante las próximas semanas".

Por comunidades, País Vasco es la que más nuevos positivos ha diagnosticado entre el domingo y ayer, con 891 positivos, seguida de Aragón, con 762. Precisamente, esta última autonomía entró la pasada medianoche en el nivel 3 de alerta, el más restrictivo de los que contempla el decreto ley para gestionar la pandemia. Dentro de las medidas adoptadas, la Comunidad Autónoma ha confinado todo su territorio con un cierre perimetral. Además, mantiene los respectivos cierres perimetrales de sus tres principales ciudades -Zaragoza, Huesca y Teruel-, y ha impuesto severas restricciones de aforo a la hostelería (cuyo cierre se ha fijado para las 22.00 horas) y las empresas relacionadas con el ocio. Aragón tiene actualmente más de 600 pacientes hospitalizados por covid y tiene una casa de positividad del 19,11%, lo que implica que prácticamente una de cada cinco personas a las que se hace un test PCR da positivo.

Mientras Aragón entraba en nivel 3, el Gobierno Vasco anunció el cierre perimetral de la comunidad autónoma durante 15 días. Además, se ha limitado al máximo la movilidad entre municipios, de manera que los ciudadanos solo podrán salir de sus localidades por causas justificadas como ir a trabajar, estudiar, al médico o atender a familiares dependientes. El anuncio de estas restricciones, que serán comunes para toda la comunidad autónoma sin distinción de zonas según su afección, se produjo después de que se confirmase que País Vasco supera una tasa acumulada de 500 casos de covid por 100.000 habitantes en 14 días.

Otro de los aspectos que preocupa al Ministerio de Sanidad, según avanzó ayer Fernando Simón, es la presión hospitalaria. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias señaló que la ocupación hospitalaria es del 13,7% (cuando el viernes era del 12,1%) y la de las UCI del 24,2% (22,48% el viernes). Además, Simón alertó de que hay varias comunidades por encima del 40% de ocupación de las UCI, lo que pone al sistema sanitario en una situación de "mucha presión", y aunque precisó que aún no se puede hablar de colapso, reconoció que "la presión hospitalaria es muy importante y ya hay algún hospital que está en una situación muy crítica".

Las advertencias de Simón parecen responder a la situación de los hospitales de comunidades como Castilla y León, que según el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de la región van a colapsar en unos veinte días. Así lo aseguró José Luis Díaz Villarig, presidente del Consejo, quien reveló que la Junta de Castilla y León estimó que, de mantenerse el actual ritmo de contagios, el colapso hospitalario se producirá en torno al 15 de noviembre. Un cálculo que además se recoge en un documento oficial, ya que se incluye en el argumentario del informe remitido por la Junta al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para justificar la necesidad de establecer el toque de queda. A juicio de Díaz Villarig, el cálculo de la Junta no es para nada exagerado, y asegura que los hospitales "se van a colapsar, por supuesto", ya que "estamos peor que en la primera ola". Además, Díaz Villarig duda de la efectividad del toque de queda.