A las 10 de la mañana, Ángel María Marinero envía a la Agencia Estatal del “Boletín Oficial del Estado” (BOE) un listado con los cambios en la ingente cantidad de normas que rigen la vida en pandemia. Normativa que cambia de un día para otro y que se esfuerzan en compilar en un código electrónico para hacerla más accesible. “Ya no llevo la cuenta porque me parece masoquista”, señala. Marinero elaboraba el código urbanístico de las 17 comunidades autónomas y, ante esta emergencia, le pidieron que se ocupara del código electrónico del covid-19.
“Para hacerse a la idea del cambio de escala, normalmente hay de media una modificación a la semana en alguna de las normas urbanísticas de las 17 comunidades. Ahora cambian una docena de normas al día”, dice. Con casi dos millones de descargas, la normativa covid-19 tiene el récord del BOE, un trabajo invisible que ahora acapara todas las miradas. “Esa cantidad de descargas las suma el Código Penal en 10 años”, dice el director general del BOE, el asturiano Manuel Tuero Secades, natural de Villaviciosa.
Desde marzo se han publicado hasta 26 boletines extraordinarios; es decir, dos boletines por día. “Hemos visto amanecer en el trabajo”, indica Tuero. “Son normas muy diferentes, se elaboran muy rápido, son breves, y muchas están hechas para durar 15 días”, señala Marinero.
En la tarde del pasado jueves, el BOJA (el “Boletín de la Junta de Andalucía) era uno de los temas más comentados en Twitter. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, había anunciado el día anterior el cierre perimetral de la región y de 449 municipios para la medianoche y apenas unas horas antes, el BOJA no se había publicado. Ciudadanos pero también ayuntamientos andaluces denunciaron la inseguridad jurídica. “Tenemos multitud de solicitudes de desplazamientos y sin normativa en la que ampararse para emitirlos”, se quejaba Consuelo Doncel, secretaria-interventora en Lora del Río, Sevilla. “Yo ando igual. Acaban de anunciar medidas que entran en vigor mañana y en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” (DOGC), nada”, le respondía Alba Estévez, desde Santa Margarida i els Monjos (Barcelona). El DOGC que recogía nuevas restricciones se publicó en la medianoche del jueves, con medidas que contemplaban cierres municipales horas después.
La ingente normativa que ha derivado del covid ha sido excepcional. “Muchas son de ámbito municipal, y ligeramente diferentes de las de otro municipio, porque se hacen en función de los datos epidemiológicos. Ese grado de detalle al principio de la pandemia no lo había”, indica Marinero. Es la principal consecuencia del paso de un mando único al gobierno de las autonomías: mayor capacidad de afinar las medidas necesarias y de circunscribirlas solo a su territorio, pero también más disparidad de normas. Los cierres perimetrales del fin de semana son un buen ejemplo de que ya ni siquiera sirve con conocer la normativa de la propia comunidad. De ahí la importante labor de la agencia del BOE.
Desde marzo se han aprobado tres decretos de estado de alarma con siete prórrogas y 25 reales decretos-ley, todos ellos relacionados directa o indirectamente con la crisis sanitaria. Se incluyen leyes con medidas ajenas al covid-19, pero cuya tramitación se ha acelerado por la pandemia, como el ingreso mínimo vital o la ley de trabajo a distancia. Además de otros más de 200 textos entre órdenes, acuerdos y resoluciones. Son normativas “complejas y confusas”, en las que se incluyen medidas “con vocación de permanencia en la legislación para una situación excepcional, lo que hace que todo tenga una complejidad bastante alta”, dice Tuero. A nivel autonómico, el volumen de normas de cada comunidad es bastante similar.
Casi siete de cada 10 ciudadanos quieren que gestionen Gobierno central y autonomías en colaboración, según el CIS. Pero es la difícil cogobernanza la que está estirando las costuras de un estado autonómico que nunca antes se había enfrentado a una situación similar. La disparidad de medidas autonómicas, que no siempre surgen de los consejos interterritoriales de Sanidad, no contribuye a aclararse ante la normativa. “El ciudadano cuando lee el BOE no se entera”, sentencia Manuel Tuero.
