La ministra de Educación y Formación Profesional, la socialista Isabel Celaá, pretende tener lista la nueva ley de Educación, la polémica ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), para las próximas Navidades y así comenzar lo antes posible su tramitación en el Congreso. Enfrente tendrá al menos a 1.138.449 personas, que era el número de firmas recogidas a última hora de la tarde de ayer por la plataforma “Más plurales”, una agrupación promovida por la escuela concertada.
Desireé Fernández, presidenta de Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos), tachaba ayer la nueva ley de Educación de “partidista e ideológica”. La representante de las familias afea que “esta es la primera vez que no hay un acuerdo entre el Gobierno y la comunidad educativa para modificar una ley”. “No se nos ha consultado para nada, no se han reunido con nadie, no tenemos ni voz ni voto”, subraya Fernández, que denuncia que en el nuevo texto “coartan la libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos”. En su opinión “se impone una gestión de la educación en la que la planificación se diseña unilateralmente desde la Administración”.
“Eliminar la libertad de los padres para elegir colegio es lo peor que puede existir”
Los docentes están del lado de los padres. José Manuel Cueto, secretario general de OTECAS, el sindicato mayoritario entre los profesores de la concertada, cree que la nueva ley destruirá puestos de trabajo, “no de manera inmediata, pero sí en el futuro”. “Defendemos la libertad de los padres de elegir colegio, y esa libertad deja de existir y pasa a ser potestad de los gobiernos autonómicos”, dice Cueto. “Cuando esa Administración autonómica vea que hay aulas vacías en los colegios públicos, enviarán a alumnos de la concertada y ese profesor se quedará en la calle”, explican desde OTECAS. En Asturias trabajan actualmente en la enseñanza concertada alrededor de 3.500 personas, entre docentes y personal administrativo y de servicios.
“En el futuro se producirá una pérdida de puestos de trabajo en la educación concertada”
Cueto alerta además de que “los mayores perjudicados serán los padres de clase media o baja que no tendrán otra alternativa educativa que no sea la pública porque no pueden permitirse un colegio privado”.
Carlos Robla, secretario de la patronal Escuelas Católicas, se indigna con que los padres pierdan ese derecho a elegir. “Es lo peor que puede existir, eliminar esa libertad de elección, es una medida de un calado terrorífico”, enfatiza.
Con la nueva ley de la ministra Celaá, Carlos Robla ve que “las consejerías de Educación pueden organizar los procesos de admisión de alumnos atendiendo a sus intereses”.
“Es la primera vez que se hace una ley sin pactar con la comunidad educativa”
Ese punto, el de la libre elección de centro, se refleja en el artículo 109 de la nueva ley. “Es un elemento fundamental”, insiste Robla. El representante de la patronal de escuelas católicas no entra ni siquiera a valorar la modificación en la asignatura de Religión, que no contará en la nota media. “Dar Religión no es enseñar los mandamientos”, resume.
