La Asociación de Conservadores-Restauradores de España (ACRE) lamenta que la justicia haya archivado la denuncia por los daños sobre varias tallas de los siglos XV y XVI de la capilla de Rañadoiro, ubicada entre Salas y Tineo. Los hechos trascendieron en septiembre de 2018: la estanquera de La Espina, Marisa Menéndez (presuntamente con el beneplácito de quien entonces era el párroco del lugar, Arturo García), habría acometido el “arreglo” de las tallas, con valor cultural, mediante un repintado de las mismas con una llamativa paleta de colores. En aquellas fechas llegó a decirse que le habían hecho un “Ecce Homo” a las piezas, recordando lo sucedido años atrás con una pintura de la localidad zaragozana de Borja, donde una octogenaria aplicó una peculiar “restauración” a una obra de escaso valor pero cuyo resultado dejó irreconocible el original y se convirtió en objeto de parodia nacional.
En la demanda interpuesta al respecto del caso de Rañadoiro por la Fiscalía del Principado, ya en abril de 2019 se señala que la iniciativa se habría llevado a la práctica sin “la preceptiva autorización” de la consejería de Cultura mediante el “repintado realizado (...) empleando una técnica y paleta que alteraba y desvirtuaba gravemente sus valores culturales”.
Resultaron dañadas, prosigue el auto en su exposición de motivos, “la talla de Santa Ana triple, una Virgen con el Niño y un San Pedro, un pequeño Calvario barroco y un retablillo del Carmen”. Las piezas, si bien no estaban incluidas en el catálogo de Protección Oficial del Principado, sí eran “objeto de protección” según una disposición transitoria de la Ley autonómica de Patrimonio.
Tolerancia cero
“La valía inicial de las tallas no es tan acusada como otros casos, pero la actuación, no obstante, recibe el rechazo absoluto de los profesionales y se ha conseguido un efecto jurídico y social que es la tolerancia cero ante este tipo de actuaciones”, señaló Fernando Carrera, conservador-restaurador y miembro de ACRE, de la que fue presidente en el momento de la denuncia que planteó el colectivo y que dio posteriormente origen a la actuación de la Fiscalía del Principado.
En ese sentido, Carrera apunta que el objetivo de la denuncia no era buscar responsabilidades jurídicas sobre la persona que interviene, sino “sobre quien autoriza o legitima la acción”. De ahí que uno de los principales reclamos de los profesionales sea una regulación “estricta” para el trabajo de conservadores-restauradores, que establezca quién y cómo se deben realizar las intervenciones sobre el Patrimonio. “Tenemos muchos espejos en los que mirarnos fuera de nuestras fronteras”, apunta.
Carrera señala que, como profesional y miembro de ACRE, la finalidad de estas denuncias sobre daños en el patrimonio pretende acabar con “la visión blanda” que hay en torno a este tipo de actuaciones que, en muchas ocasiones, generan, por desgracia, más risa y comentarios jocosos que estupor.
La Audiencia archivó ya hace tiempo el caso de las tallas de Rañadoiro. Se había aceptado el recurso contra el procedimiento abreviado por parte de la representación de la estanquera y el asunto quedó sobreseído por prescripción del delito.
