La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Asturias ha hecho una estimación regional, a partir de los datos de otros países europeos en los que la eutanasia está legalizada, y calcula que, cuando la Ley aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados entre en vigor, unas diez personas al mes podrían solicitar la nueva prestación sanitaria en el Principado. Es un cálculo a la baja y es posible que, a medida que se normalice y haya más información, la cifra aumente, según la presidenta de la delegación autonómica de la asociación, Fernanda del Castillo. En cualquier caso, DMD cree que, en el primer año desde su aprobación, poco más de 120 asturianos pedirán acogerse a ese nuevo derecho.
El Gobierno asturiano ya está trabajando en el desarrollo de la Ley, para se pueda empezar a aplicarla “lo antes posible”, según indicó ayer la portavoz del Ejecutivo regional, Melania Álvarez. En junio el Principado deberá tener constituida ya la Comisión de Garantía y Evaluación, el órgano encargado de valorar las solicitudes y vigilar que se cumple la norma.
La titular de Derechos Sociales y Bienestar destacó, en su comparecencia informativa tras el Consejo de Gobierno, el trabajo de la ponente de la Ley, la ex ministra asturiana de Sanidad María Luisa Carcedo, y transmitió la satisfacción del Ejecutivo autonómico por la ampliación de los derechos civiles en España.
El solicitante deberá confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso
La prestación para la ayuda a morir formará parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud (SNS) y podrán solicitarla las personas mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”. El proceso se alargará durante unas cinco semanas, desde que el enfermo pida la eutanasia hasta su administración, y el solicitante deberá ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos a su disposición. Deberá confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso.
Carlos Ponte, médico jubilado al frente de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Asturias, considera que la aprobación de la Ley que regula la eutanasia es “un hecho histórico” y “un éxito”. Ponte considera que la eutanasia reconoce un derecho, que es “el de decidir sobre la propia vida” y que se sitúa en un plano distinto a los cuidados paliativos, porque no trata tanto del sufrimiento como de la libertad individual. Ponte, que declara su admiración por la lucha cívica de Ramón Sampedro, el pescador tetrapléjico que hace 28 años se expuso públicamente para reclamar su derecho a morir, dijo conocer a familias que han afrontado momentos muy duros en estos años y con las que se solidariza.
El ex director general de Salud Pública del Principado, Julio Bruno, que junto a Ponte y otra decena de profesionales de Asturias, forman parte de la plataforma “Médicos por la eutanasia”, a la que se han adherido 795 profesionales de toda España, considera que la regulación de la eutanasia responde a “una demanda social, de los pacientes y también de los profesionales”. “Vivir sin sufrimiento es un derecho, uno puede sufrir con alguna expectativa, pero hay enfermos que tienen un diagnóstico inevitable. La mayoría de los ciudadanos pide poder elegir ese final, o no, sin exponerse a una sanción penal”, argumentó.
Bruno considera que la ley es “garantista” y augura que “va a ser muy positiva y, como ha pasado con muchos derechos civiles, va a adquirir normalidad en poco tiempo”.
