España es, desde ayer, uno de los seis países en los que la eutanasia está despenalizada, en determinados casos y condiciones, junto con Países Bajos, Luxemburgo, Colombia y Canadá. En otros dos, Suiza y Estados Unidos en varios de sus estados, el suicidio asistido es legal. En España, la ley que regula la aplicación de la eutanasia tiene un largo recorrido. Hace 28 años que el pescador Ramón Sampedro presentó ante un Juzgado de Barcelona una demanda judicial pidiendo ser ayudado a morir, poniendo sobre la mesa el debate sobre la eutanasia en España. La ley que la regula llegó tres veces al Congreso de los Diputados y fue aprobada ayer por mayoría absoluta, en una jornada que su principal valedora, la socialista asturiana María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, y las asociaciones que la defienden calificaron de “histórica”. En junio, tres meses después de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE) y una vez completado su desarrollo por las comunidades autónomas, entrará en vigor.

“Hemos hecho una ley pionera, con muchísimas cautelas y jurídicamente muy armada”, “una ley garantista” como no lo es ninguna de las que están en vigor en otros países, subrayó la diputada asturiana, que tras su aprobación en el Congreso recibió el aplauso de sus compañeros de la bancada socialista. La ley ha salido adelante con 202 votos a favor (PSOE, Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, PNV, CUP, Ciudadanos), 141 en contra (PP, Vox, UPN, Foro Asturias) y dos abstenciones (CDC). La diputada de Vox Lourdes Monasterio anunció que su grupo la recurrirá y pedirá su paralización al Tribunal Constitucional y de igual modo se pronunció el diputado del PP José Ignacio Echániz.

La legislación española contempla, a partir de ahora, la aplicación de la eutanasia, en casos de “enfermedad grave e incurable” o con “padecimiento grave, crónico o imposibilitante” y facilita tanto que el paciente se autoadministre el medicamento que provoca la muerte con supervisión médica (suicidio asistido) como la administración por parte del médico de la sustancia al enfermo terminal.

La persona que desee que le ayuden a morir deberá presentar dos peticiones por escrito, separadas por 15 días. En un plazo máximo de dos días naturales desde la llegada de la primera, el médico responsable abrirá “un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre los posibles cuidados paliativos”. El “proceso deliberativo” se repetirá a la llegada de la segunda solicitud. Entonces, si el solicitante quiere continuar adelante, el médico se lo comunicará al equipo asistencial y, si el paciente lo pide, a los familiares que él elija.

La ley contempla una segunda figura, la del “médico consultor”, que es quien deberá corroborar el cumplimiento de los requisitos en un plazo de 10 días naturales. Si emite un informe desfavorable, el paciente podrá recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación que se creará en cada autonomía y que hará tanto un control previo como posterior del procedimiento. Esa comisión, indicó Carcedo, no existe en otros países y España la ha incorporado atendiendo a una recomendación del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dirigida en su día a Holanda.

En total, la ley española prevé que entre la petición inicial y la práctica de la eutanasia transcurran en torno a 35 días, aunque ese plazo podría acortarse. María Luisa Carcedo recordaba ayer que a principios de 2018 el PSOE registró por primera vez el texto legislativo, en el que en Ferraz se empezó a trabajar en 2017. El texto ahora aprobado ha incorporado varias enmiendas parciales.

La diputada asturiana dedicó su intervención parlamentaria de ayer a todos los que a lo largo de varias décadas han luchado por la aprobación de eutanasia en España y tuvo un recuerdo especial para el médico del Hospital Severo Ochoa de Leganés Luis Montes, al que aludió como un “símbolo de muchos profesionales que perseveran a pesar de las crueles persecuciones”.

A la salida del Congreso, María Luisa Carcedo y la portavoz socialista Adriana Lastra se reunieron con los familiares de Maribel Tellaetxe, que murió con alzhéimer y sin lograr que autorizasen a su marido o a sus hijos a ayudarla a morir; con el marido de María José Carrasco, procesado por facilitarle a su esposa, con esclerosis múltiple avanzada, el medicamento que la mató, y con Asun Gómez, pareja de Luis de Marco, que falleció tras más de un mes de agonía, hasta que consiguió que le administraran una sedación terminal. María Luisa Carcedo declaró sentirse “contenta por haber sido capaces de recoger el testigo de todas estas personas que aun perdiendo a sus seres queridos con gran sufrimiento siguieron peleando por conseguir este derecho”.

En Asturias, la presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernanda del Castillo, siguió por el canal del Congreso la emisión de la sesión y recibió con “emoción y alegría” la aprobación de la ley, “por todas las personas que han dado la cara durante estos años para conseguirlo y que han sido valientes, haciendo públicos su sufrimiento y su intimidad”.

Del Castillo anunció que, con vistas al desarrollo de la norma y la constitución de la Comisión de Garantía y Evaluación, que corresponde a la comunidad autónoma, su asociación hará “unas propuestas al consejero de Salud” para que contemple la participación social en ese órgano, pese a que no está recogido en la ley. Las relaciones de Derecho a Morir Dignamente con el Ejecutivo del Principado son muy fluidas, según su presidenta, que confía en que en las comunidades gobernadas por PP y Vox no se “pongan barreras” a la aplicación de la regulación.

“No estamos hablando de ideología, hablamos de personas que sufren”, declaró, añadiendo que es “una cuestión de cordura y humanidad”, que cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad española, incluso entre ciudadanos que votan a los partidos que han votado en contra.

Fernanda del Castillo añadió que la asociación ha registrado en estas últimas semanas, al aproximarse la fecha de la aprobación de la ley en el Congreso, un incremento en las llamadas a sus teléfonos de información.