El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, 6 de julio, el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del “solo sí es sí” impulsada por el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero (Podemos). Si la ley pasa el trámite parlamentario y es promulgada, el consentimiento será lo único que se tendrá en cuenta a la hora de discernir si se ha producido una agresión sexual. Para muchos, se trata de un avance trascendental, pero muchos otros, incluidos amplios sectores del feminismo, cuestionan la necesidad de una ley que se solapa con las que ya están en vigor y que, en ciertos aspectos, deja en manos del Estado la tutela de las mujeres en cuestiones de índole sexual. La iniciativa no satisface a quienes defienden la abolición de la prostitución ni contenta a las trabajadoras sexuales o a quienes exigen que se regule esa actividad. Hay incluso quien considera que, de salir adelante tal y como está redactada hoy, sería una ley paternalista hacia las mujeres.
Del Código Penal desaparecerá el delito de abuso, se incorporará el de acoso callejero y se penalizará el proxenetismo con hasta tres años de cárcel. Esas serían algunas novedades de la futura ley, las más concretas, pero en muchos aspectos la ley resulta ambigua y difícil de ejecutar.
Paloma Uría, profesora de Secundaria jubilada y una histórica del movimiento feminista en Asturias, se pregunta, para empezar, si “hacía falta una ley”. Uría entiende que la iniciativa legislativa está motivada por la violación grupal de “la Manada” en Pamplona, en 2016, y la ola ciudadana de indignación que desencadenó la primera sentencia. La abogada ovetense opina que no es buena idea “responder a los problemas, enfrentamientos y ofensas sociales mediante decretos o leyes”. También repara en que “el feminismo está de moda”.
En el actual proyecto de ley, Paloma Uría encuentra varias debilidades. “La definición de violencia es demasiado abierta e inconcreta”, dice, y eso contribuye a la inseguridad jurídica. No aumentan las penas, pero sí el catálogo de delitos –se incorpora el acoso callejero, por ejemplo– y el carácter de la ley es meramente punitivo, en su opinión. Sin embargo, la abogada considera que el castigo es poco útil para hacer avanzar la sociedad. Por otra parte, entiende que la ley “se inmiscuye en la intimidad de las mujeres” por la forma en la que plantea el asunto del consentimiento en las relaciones sexuales.
La directora del Instituto de la Mujer en Asturias, Nuria Varela, aclara que desconoce los cambios al anteproyecto de ley que hicieron llegar las comunidades autónomas y que se incorporaron al texto. De todos modos, explica que el Principado pidió que se “incluyesen todas las manifestaciones de violencia sexual, considerada esta como una expresión de la violencia de género”, y que “fuese una ley abolicionista que contemplara todas las formas de prostitución y explotación sexual”. “También señalamos que debía contemplar definiciones claras sobre el concepto de violencia sexual y que no debería abordar la violencia sexual a menores, puesto que se acaba de aprobar una ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia”, sostiene la responsable de las políticas de Igualdad del Principado.
Esther Crespo, con una larga trayectoria feminista en diversas organizaciones políticas y sindicales, también cuestiona la necesidad de la ley, como Paloma Uría. “La primera pregunta que me surge es si hace falta, y yo creo que no, que esta iniciativa legislativa es una respuesta populista”, afirma. Dice esto porque, como explica, el contenido de ese proyecto de ley “ya está recogido en el actual ordenamiento jurídico”. “Lo que hace falta son recursos y dinero”, afirma, para implementar las medidas ya contempladas en las leyes vigentes. Así que, a su juicio, los promotores están actuando para dar satisfacción a “un clamor popular”, que es el que desató el caso de “la Manada” de Pamplona y los que vinieron después.
Crespo advierte que “legislar en caliente es lo peor que se puede hacer”. “Nos estamos dejando llevar socialmente, incluso el feminismo, por la apuesta del punitivismo, por castigar más y más. La igualdad y los derechos no se logran con castigos. ¿Por qué no invertimos este esfuerzo en empoderarnos? Es un error judicializar todos los derechos sociales y que sean los poderes judiciales, que son a veces muy conservadores, los que diriman sobre ellos”, argumenta.
La activista también expresa sus dudas sobre el asunto del consentimiento. “Toda la vida hemos luchado las feministas por tener libertad sexual y ahora casi tenemos que poner por escrito cada relación. Todos saben lo que es el consentimiento, otra cosa es que les importe”, sostiene. De modo que, en su opinión, siempre habrá hombres que ignoren las negativas de las mujeres a mantener relaciones sexuales con ellos, por explícitas e inequívocas que sean. La única solución, según Crespo, pasa por la educación y la sensibilización, y por el empoderamiento de las mujeres.
El proyecto de ley es especialmente cuestionado en lo que se refiere a la persecución del proxenetismo y al tratamiento de la prostitución. Esther Crespo considera que incurre en una paradoja: “Reconoce el consentimiento a todas las mujeres salvo a las trabajadoras sexuales. Yo estoy en contra de la trata, pero no todo es trata, y eso es algo que no termina de entrar en la cabeza de este Gobierno y de una parte del feminismo. La tercería locativa –el alquiler de viviendas o locales para el ejercicio de la prostitución– se lo pone muy difícil a las mujeres que tienen en la prostitución su modo de vida”.
Lucía Fernández, trabajadora sexual y miembro del colectivo Putas en Lucha, incide en esa idea. “Solo sí es sí, a menos que seas una puta, entonces se da una relación paternalista del Estado frente a las prostitutas, porque nuestro consentimiento se invalida”, afirma. “Se incluye dentro de la violencia sexual la prostitución ajena”, observa, pero se teme que lo que va a suceder es que “las prostitutas que trabajan independientemente solo tengan dos salidas: emigrar a otros países o buscarse algún subterfugio para seguir trabajando. La gente que se dedica a esto no va a dejar de hacerlo, pero lo va a hacer con más marginalidad”. “Un Gobierno feminista no puede perseguir a un grupo de especial vulnerabilidad” como las prostitutas, se queja Lucía Fernández, y agrega que si además “empiezan a perseguir a los clientes tendremos que bajar precios y hacer prácticas que no haríamos en otras condiciones: nos están quitando la capacidad de decidir”.
