La regularización de la marihuana ha entrado de lleno en el debate político. Con un 49,7% de los españoles a favor de legalizar el cannabis, según el CIS del pasado abril, en apenas una semana, ERC y Más País han registrado sendas proposiciones de ley para permitir su consumo en España y Unidas Podemos presentará su norma en los próximos días. Clubes de fumadores, bancos de semillas y plantaciones de cáñamo industrial se multiplican a raíz de la crisis del coronavirus. A falta de que en los siguientes meses el Congreso decida si acepta a trámite alguno de los textos, estas son las propuestas que están sobre la mesa:
Consumo y tenencia legales. La esencia de las proposiciones de ley presentadas por ERC y Más País es legalizar el consumo de marihuana para personas mayores de edad. Ambas normas recogen que se podrá portar marihuana o productos cannábicos –no especifican cantidades– por la calle y se podrán consumir en la vía pública, ambas cosas prohibidas en la actualidad. No obstante, detallan que la posesión y el transporte deben llevarse a cabo “sin realizar ostentación”. ERC especifica que no se podrá fumar marihuana en lugares en los que está prohibido el tabaco.
La norma presentada por el partido de Íñigo Errejón añade, además, que no será sancionable conducir “con la mera presencia” de THC en el organismo, que puede tardar semanas en eliminarse del cuerpo humano, y tampoco se podrá sancionar en el ámbito laboral mientras el consumo se haya realizado en el tiempo de ocio y no afecte al trabajo realizado.
Cultivar en casa. Todo ciudadano que resida en España y sea mayor de edad podrá cultivar marihuana en su casa para consumo propio. Así lo recogen ambas proposiciones de ley, aunque cada una establece un máximo. ERC propone un tope por persona de seis plantas de cannabis psicoactivo y una recolección máxima de 480 gramos anuales. La propuesta de Errejón es menos restrictiva: hasta 12 plantas en cultivos exteriores o un consumo máximo de 1.200 vatios en interior, y el almacenaje no podrá superar los 3.650 gramos de floración seca al año.
Asociaciones y producción profesional. El cultivo de marihuana también sería legal en otras dos modalidades: el consumo compartido y la actividad profesional. El primero de los casos hace referencia a clubes o asociaciones de cannabis, los cuales podrían cultivar una cantidad determinada de marihuana en función del número de socios que tengan. Más País plantea que exista un máximo anual de 2,5 kilos de flor seca por cada miembro. ERC no detalla una cantidad exacta, aunque sí establece que estos clubs serían la única vía para obtener cannabis, junto al autocultivo. No obstante, en ambas proposiciones de ley se regula también el cultivo profesional de marihuana, siempre que se haya obtenido una licencia por la Administración.
Comprar marihuana. En este punto reside una de las principales diferencias entre ambas normas. ERC establece que la obtención de la marihuana solo podrá ser para el autoconsumo o las asociaciones, mientras que Errejón plantea que existan distribuidores e intermediarios profesionales que deberían obtener una licencia. Más País detalla que los puntos de venta deberán ser establecimientos abiertos al público, en los que haya sistemas de seguridad para impedir la entrada de menores, con circuitos de grabación para hacer un seguimiento del producto y sin elementos que inciten al consumo de cannabis. A esto se suma que se deberá entregar la marihuana empaquetada y sellada de manera que incluya en el interior el etiquetado obligatorio “y no presente signos identificativos evidentes en el exterior”.
ERC propone que solo puedan vender marihuana o productos derivados los establecimientos que tengan licencia para la distribución de cannabis como medicamento y siempre bajo receta médica. Sobre las llamadas “growshops” detallan que solo podrán vender semillas o esquejes de plantas.
Impuestos. Ambos partidos coinciden en crear un impuesto especial para el cannabis y los productos derivados. Más País cifra este tributo en un máximo del 35% sobre el precio final de venta al público. La norma detalla que sería una tasa con carácter finalista, ya que el 60% de la recaudación derivada “se destinará específicamente a las partidas presupuestarias asignadas al sistema de salud pública”. Errejón calcula que se recaudarían más de 3.000 millones de euros anuales. La propuesta de ERC, menos específica, recoge el compromiso de impulsar en menos de seis meses desde la aprobación de la ley un impuesto especial que, igualmente, tendrá una función extrafiscal como “instrumento de las políticas sanitarias en materia de prevención y tratamiento de las adicciones”. Los usos medicinales y terapéuticos quedarían fuera de ambas tasas.
