La Fundación Selgas-Fagalde, que gestiona La Quinta de El Pito (Cudillero) –uno de los conjuntos arquitectónicos y una de las colecciones de arte más relevantes del norte de España–, nació tras un pacto entre sus primeros patronos. La entidad, cuya gestión económica ahora investiga la Fiscalía y escandaliza a la oposición política en Asturias, echó a andar con dos importantes decisiones que presuntamente contravenían la voluntad expresada en vida por las legítimas propietarias de tan fabuloso legado, las hermanas Carmen y Manuela Fagalde. Según las actas oficiales, a las que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, la primera reunión del patronato celebrada tras el fallecimiento de ambas, el 28 de noviembre de 1992, dio carpetazo a la denuncia presentada por Carmen Fagalde por “estafa” contra el que había sido el albacea familiar, Luis Gozalbo Jornet. Carmen Falgalde acudió a la Justicia denunciando que Gozalbo había hecho firmar a su hermana Manuela, sin su conocimiento y “en el lecho de muerte”, la venta de un edificio en una de las zonas más valoradas de Madrid (calle Jorge Juan) y en condiciones muy ventajosas. Además, pese a que Carmen Fagalde había expresado en esa demanda que “ni ahora ni en el futuro” ese albacea, hoy ya fallecido, volviera a tener relación con la Fundación, el primer patronato decidió nombrar presidente de la entidad al abogado Gregorio Peña Varona, que fue elegido como “apoderado” del propio Gozalbo.
La gestión de la Fundación Selgas-Fagalde, presidida por Peña Varona, está en el centro de la polémica desde que, en diciembre del año pasado, este periódico desvelase que sus responsables, con el respaldo de su patronato (incluida la Consejería de Cultura), habían puesto a la venta sus dos principales joyas pictóricas, el Goya “Aníbal vencedor” (que ya cuelga en el Prado) y el Greco “Inmaculada Concepción” (una operación de exportación a Hungría que fue abortada por el Ministerio de Cultura). Estos dos lienzos están inventariados desde 1924 como parte de La Quinta, y los estatutos de la entidad prohíben expresamente vender cualquier patrimonio vinculado a este conjunto histórico artístico ubicado en Cudillero. La Fiscalía, tras las denuncias de Podemos y Foro, ha abierto diligencias sobre el caso.
La Fundación Selgas cuenta con 95 millones de euros de patrimonio, es una de las más ricas de su clase en España, pero aduce dificultades económicas para tener que acudir a la venta de cuadros. El Principado pidió a principios de septiembre que el Ministerio de Cultura interviniese esa entidad, sobre la que tiene tutela. El departamento encabezado por Miquel Iceta aún no ha tomado decisión alguna. La reunión del patronato de la Fundación Selgas del 28 de noviembre de 1992 supuso, según el acta de aquel encuentro celebrado en La Quinta de El Pito, la firma de la paz entre dos bandos enfrentados por controlar una herencia tan fabulosa. Por una parte, estaba el albacea denunciado, Luis Gozalbo, que había intentado nombrar un patronato propio. Por la otra, los patronos privados “fieles” a Carmen Fagalde. En medio, los representantes públicos: el Principado, la Universidad de Oviedo, la diócesis asturiana y la Alcaldía de Cudillero. Ignacio Marzal, presidente en funciones de la Fundación, uno de los que se habían mantenido leales a Carmen Fagalde, abre la sesión.
Acto seguido, presenta al abogado Gregorio Peña, quien concurre en concepto de “abogado y apoderado de Luis Gozalbo Jornet”. A continuación, toma la palabra el secretario, Rafael García Ormaechea, actual miembro del patronato y el abogado que en su día suscribió la demanda contra Gozalbo en nombre de Carmen Fagalde. Da cuenta del triste fallecimiento de esta última y de que ella, como albacea de su hermana, “ejercitó una acción judicial contra el otro albacea solidario”, en alusión a Gozalbo. También informa de la mediación que ejercieron los patronos públicos en un viaje a Madrid para que ambas partes firmasen la paz. Acto seguido, indica que, tras “haber trabajado firme” con Gregorio Peña, “creo que hemos encontrado el camino que debe llevarnos, en poco tiempo, a conseguir aquellos objetivos propuestos”. García Ormaechea reconoce que “el único albacea solidario que vive es Gozalbo” y que él debe “adicionar todos los bienes restantes” al legado que las Fagalde encomendaron a la Fundación para que lo mantuviera unido y conservado.
El asesor repudiado por Carmen Fagalde se hizo con un edificio en una de las zonas más caras de Madrid tras hacer firmar la venta a Manuela Fagalde “en su lecho de muerte”
El albacea, explica Ormaechea, aceptó el acuerdo para que todos los bienes de la Fundación queden “claros y adjudicados en su totalidad”, pero con una importante matización: “¿Qué bienes? Naturalmente, todos los que le corresponden y ni uno menos. Pero tampoco ni uno más”. Al punto, se precisa que tanto Carmen como Manuela Fagalde “disponían con total libertad de sus bienes” y “desde hace más de veinte años vinieron enajenando, reiteradísimamente, distintos elementos de su patrimonio a favor de diferentes personas de su cariño y confianza”. Por ello se pide “respeto a la libre voluntad de disposición de sus bienes”. Dicho de otra manera: a partir de ahí ya no se volverá a hablar de tan espinoso asunto, que es este: Carmen Fagalde denunció que Luis Gozalbo le había hecho firmar a su hermana Manuela, “en el lecho de muerte”, la venta del edificio que poseía en la calle Jorge Juan, número 8, de Madrid, una de las zonas mejor valoradas de la capital, a la sociedad Esla, S. A, cuyo accionista mayoritario era el propio Gozalbo. Las condiciones de la venta eran que Esla, S. A. pagaría 275 millones de pesetas y así: “Cinco millones en mano y en el plazo de treinta años, sin devengar interés alguno, ni obligación para la compradora de pagos parciales a cuenta, pudiendo no obstante dicha parte compradora adelantar dichos pagos a su conveniencia”. Distintos patronos consultados por este periódico aseguran que no tienen constancia ni fueron informados de que la Fundación Selgas haya recibido finalmente ese precio de venta a la firma de Gozalbo.
La operación se habría efectuado además, según estas fuentes, en un precio muy por debajo del mercado. Una década después, la Fundación Selgas vendió, en la misma calle, un inmueble “gemelo” al que fue a parar a manos de Esla, S. A. por una cantidad cercana a los 30 millones de euros. Superado este obstáculo, que no se vuelve a mencionar, ni siquiera tan oblicuamente como se hizo, la reunión continúa. Toca nombrar un patronato de consenso. Por eso, para evitar “impugnaciones o discusiones que sólo redundarían en perjuicio de la Fundación y del prestigio de su patronato”, se propone el nombramiento de Peña Varona como miembro del órgano gestor de la Fundación. Peña es “abogado del albacea solidario” y es presentado así: “Va a ser por su encargo (del de Gozalbo) quien material y jurídicamente completaría la testamentaría” de las hermanas Fagalde. Y con esto “quedan zanjadas las discrepancias antes expresadas”. Luego toma la palabra Gregorio Peña, quien ratifica lo dicho, pero hace unas puntualizaciones. Primero, que Gozalbo ha “renunciado expresamente a su presencia personal” en el patronato “en beneficio de la concordia”. Pero que le ha dado “un poder amplísimo material y jurídico” para ejercer el cargo de albacea y que, “como es natural”, será “auxiliado” por Gozalbo, quien “conoce personalmente las características del patrimonio a determinar”.
Tras el nombramiento de Peña Varona como patrono en representación de Gozalbo y de acuerdo con los estatutos de la Fundación, se le propone también como presidente. Marzal, como presidente en funciones, habla del “acierto” que supondría abordar “una primera etapa” de la entidad con un “presidente-gestor que lleve la alta dirección de la ordenación de los bienes y la organización de la administración”. Esa etapa tendría que ser “corta”, “unos “tres o cuatro meses”. A continuación, Peña Varona toma la palabra para decir que, “siguiendo las instrucciones de Luis Gozalbo Jornet, de quien trae causa, está dispuesto a aceptar la presidencia temporal de la Fundación, si así lo decide el patronato”, y matiza que ostentaría el cargo –en el que aún permanece hoy en día– “por un periodo de tiempo corto, tres o cuatro meses”. Peña Varona, con quien este periódico intentó ayer contactar sin éxito, añadió que terminado ese periodo “quedaría a disposición del patronato para que de común acuerdo se designe a la persona representativa que acoja el sentir común de los patronos y que sea más adecuada con la voluntad fundacional recogida en los estatutos”. Afirma que carece de “vocación de permanencia”. Por unanimidad, luego le nombran presidente.
