El Parlamento tiene que acelerar su actividad si quiere llegar a tiempo para ampliar la protección de las mujeres víctimas de violencias machistas y de sus hijos en esta legislatura. La hoja de ruta legislativa marcada es ambiciosa, pero su éxito va a depender de la diligencia de las Cortes: la ley del “solo sí es sí”, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la ley de mejora de la protección de los huérfanos de la violencia de género dependen de ello.
El 3 de diciembre se alcanza el ecuador de la legislatura, el reloj corre. En el Congreso de los Diputados ya hay varias iniciativas legislativas que persiguen agrandar el marco de protección de las mujeres en los contextos de la violencia sexual, acabar con el acoso que sufren a las puertas de las clínicas de interrupción del embarazo y mejorar la respuesta legal que se da a los hijos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
Mientras el proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual (solo sí es sí) continúa en plazo de enmiendas, las proposiciones de ley de penalización del acoso en centros donde se practican abortos y de mejora de la protección de huérfanos ya han recibido las enmiendas de los grupos parlamentarios y han entrado en fase de ponencia, por lo que le toca a la Comisión de Igualdad, presidida por la socialista Carmen Calvo, fijar los tiempos para dar forma final a los textos que tendrá que votar el Pleno. El Ministerio de Igualdad espera que la ley del “solo sí es sí” sea una realidad en 2022, se trata de su gran proyecto legislativo.
“Desde luego contamos con que sea ley en 2022”, ha explicado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien destaca que esta norma ofrecerá una protección integral contra la violencia sexual (incluida la explotación sexual) como la ley 1/2004 lo hace en el ámbito de la violencia de género en la pareja.
Reforma del Código Penal
El proyecto de ley regula el consentimiento expreso en las relaciones sexuales (un mandato del Convenio de Estambul) y reforma el Código Penal para acabar con la distinción entre los delitos de abuso y violación y crear un sistema progresivo de penas para las conductas delictivas contra la indemnidad y libertad sexuales.
Se trata de una ley integral porque incluiría la prevención, la atención, la sanción, la especialización y la reparación. En el texto se consideran violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida. Todas las víctimas de estas violencias estarían amparadas en esta norma.
Tanto el PP como Vox presentaron una enmienda a la totalidad del texto, pero el Ejecutivo contaría con la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante todas las medidas relativas a la violencia sexual, sin embargo, no lo va a tener tan fácil con los artículos incorporados para luchar contra la impunidad de la industria proxeneta: se propone endurecer el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y la tercería locativa, esto es, el lucro del alquiler de locales donde se explota sexualmente a mujeres y niñas.
Por un lado, el PSOE quiere una ley para abolir la prostitución, y PNV, ERC y JxCat han expresado sus dudas sobre el proyecto planteado por el Gobierno y han pedido un debate profundo antes de abordar este tema.
Más sencilla se prevé la tramitación de la ley para facilitar los trámites sucesorios y el acceso a las pensiones de los hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. En la actualidad, aunque a estos pequeños se los reconoce como víctimas, la respuesta legal que se les da es mejorable y deben sortear grandes trabas.
Renovación del pacto
En manos de las Cortes se encuentra también la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya financiación caduca en septiembre de 2022.
Antes de esa fecha, debe haberse renovado para garantizar las partidas económicas de lucha contra esta violencia.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, destacaba el pasado viernes que es “evidente” que hay una “fecha máxima para blindar” la financiación y mostraba su convencimiento de que la renovación se hará con rapidez.
“Entiendo que se cerrarán unos ejes o un dictamen a la mayor brevedad, este mismo año”, aseveraba en rueda de prensa.
Ante la inminencia de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mañana, día 25, la ministra de Igualdad presentaba hace pocos días en el Congreso una propuesta de dictamen de actualización y renovación del Pacto consensuada por los socios del Ejecutivo. “El Gobierno considera que es el momento de reafirmar el consenso político para la erradicación de todas las violencias machistas”, indicaron entonces fuentes de la Moncloa, que aseguraron que el Ejecutivo trabajará con todas las formaciones políticas del Parlamento y “desde la unidad institucional” para actualizar “cuanto antes” el Pacto de Estado.
Serán las Cortes quienes reediten esta iniciativa política vital en la lucha contra las violencias machistas, pues fueron las cámaras las que lo sacaron adelante en el año 2017.
El Ministerio de Igualdad trabaja en la actualidad en otras dos leyes ambiciosas que aún están en fase de preparación: la reforma de la ley del aborto y una ley integral contra la trata.
