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Pobreza

PP, Ciudadanos y Vox aprueban la ordenanza contra la mendicidad entre críticas de la izquierda por convertir Alicante en una ciudad "cruel e inhumana"

El bipartito y la formación ultra defienden que es una norma "necesaria para la convivencia" en la ciudad, mientras la izquierda habla de un texto "injusto" con los más vulnerables | Se prevé que entre en vigor en marzo, quince días después de su publicación en el BOP, que debería ser inminente

El Salón de Plenos, vacío este martes durante la celebración del pleno extraordinario telemático.

El Pleno de Alicante ha aprobado definitivamente la controvertida ordenanza de mendicidad y prostitución, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica [aquí puede consultar el texto]. El documento, que incluye multas de hasta 3.000 euros, ha salido adelante con los votos a favor de los socios de gobierno (PP y Ciudadanos) y de Vox, frente al rechazo de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís). En total, 16 a favor y 13 en contra. La norma se prevé que entre en vigor quince días después de su inminente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Es decir, se calcula que esté operativa para principios de marzo.

El concejal de Seguridad, el popular José Ramón González, ha sido el encargado de defender la nota, asegurando que se trata de "una buena ordenanza, justa, útil y solidaria, para hacer una ciudad mejor y más segura". "La demandan diariamente los alicantinos. Queremos actuar contra conductas incívicas. La gente está harta de que no se respeten las normas. Vamos a poder afrontar los problemas existentes en la ciudad", ha señalado González, quien ha hablado de la ministra Ione Belarra y de la vicepresidenta Mónica Oltra, dos de las voces críticas contra el documento rechazado por las entidades sociales, incluida Cáritas. "Con esta ordenanza ayudaremos a que las mujeres prostituidas salgan de esa situación y también a aquellas personas que están en la indigencia", ha añadido.

No ha sido el único de hablar de asuntos sin vínculo con la ordenanza. Además de referirse la derecha, de nuevo, a los abusos en centros de menores y del mortal incendio en una residencia de mayores con el objetivo de atacar a Oltra, además de la reciente gala de los Goya, también ha habido tiempo para aludir a las elecciones en Castilla y León, desde Vox para presumir de resultados y desde la izquierda para advertir de las consecuencias de "jugar" con la extrema derecha. También ha estado presente en el debate Sonia Castedo, la promotora de la anterior ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, que derogó el tripartito al llegar al gobierno en 2015, e incluso el recién nombrado obispo de la Diócesis Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, al que le han pedido que se preocupe más por los vulnerables que serán, según la izquierda, "criminalizados" con la nueva ordenanza.

Por su parte, la vicealcaldesa de Alicante y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, que hoy sí ha tomado la palabra tras el silencio durante el pleno de aprobación inicial, ha reivindicado que "la ordenanza viene a mejorar la vida en esta ciudad". "Ya se ha hecho demasiado demagogia. Lo más fácil habría sido hacer lo que ustedes [a la izquierda] hicieron, nada. Queríamos dar marco jurídico para que la Policía Local pueda actuar ante actos incívicos. Esta ordenanza no va contra las personas, sino contra las mafias que se aprovechan de las personas. A los más vulnerables vamos a ofrecerles alternativas. No se va a sancionar a las primeras de cambio", ha asegurado Sánchez, quien ha puesto en valor los cambios introducidos a petición del grupo naranja antes de la aprobación definitiva del controvertido texto: "Ciudadanos ha optado por incluir una mayor protección social para estas personas. Con las alegaciones, la ordenanza mejora. Habrá que ver los resultados con el tiempo. Estamos convencidos de que mejorará la convivencia en Alicante".

Desde Vox, el portavoz de la formación ultra, Mario Ortolá, ha defendido la ordenanza con ataques al alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís) y a la ministra Ione Belarra (Podemos), además de recordar el resultado electoral de Castilla y León tras el alza de la extrema derecha. "Se prohíbe ofrecer y solicitar servicios sexuales en el espacio público. ¿Esto es una afrenta a los derechos humanos? Ésta es la ordenanza de Ribó en Valencia. Son unos cínicos. Con esta ordenanza se garantiza la libertad de los ciudadanos, que pagan con sus impuestos el mantenimiento de la ciudad", ha señalado Ortolá, quien ha proseguido: "Cuando las hace la izquierda son chulis, cuando lo hacemos los demás somos enemigos de la democracia. Hasta Belarra se ha sumado a esta cortina de humo. Les recuerdo que seis cargos de la Conselleria de Igualdad han sido imputados por la Audiencia Provincial por el caso de abusos sexuales en centros de menores. ¿Dónde esta Oltra? La vimos muy apenada en la Gala de los Goya, de fiesta y sin mascarilla. Son la izquierda caviar".

Desde la izquierda, por su lado, el discurso ha sido muy distinto, poniendo en el centro a los más vulnerables. La socialista Llano Cano ha asegurado que Alicante, con esta ordenanza, es "una vergüenza nacional". "Dejamos de ser la 'millor terreta del món' para ser una ciudad cruel y deshumanizada que atenta contra los derechos humanos de los más vulnerables. Eso sí es de récord Guinness. Criminalizan la pobreza, generan mas desigualdad. No han dicho más que mentiras", ha apuntado Cano, quien ha insistido en que el objetivo que busca la derecha con esta norma en Alicante es "cambiar a los mendigos y a las mujeres prostituidas de barrio". Además, se ha mostrado muy crítica con Ciudadanos por "copiar" las alegaciones del PSOE, pero "quedándose a medias".

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha lamentado que la ordenanza se haya "cocinado de espaldas a la ciudadanía, fruto de la deriva del gobierno municipal hacia posiciones más antisociales, injustas y misóginas". "Es la punta de iceberg de la dirección que ha tomado el PP. Alicante es otra cosa, es una ciudad de muchos colores, solidaria y abierta. Se trata de un error histórico y tiene consecuencias directas para la reputación de Alicante", ha señalado López, quien ha añadido que el bipartito es un "gobierno incapaz de bajar a los barrios, enemigo de los órganos de participación". Además, ha criticado que no se hayan solicitado informes al Consejo de Igualdad ni al Consejo Social. "El señor Barcala está solo con Ortolá, hasta los concejales de su grupo agachan la cabeza. Hoy cometen un nuevo error, votan contra derechos de personas sin hogar, de las mujeres… Están contribuyendo a una ciudad más injusta e insolidaria", ha apuntado López, quien al igual que el resto de la izquierda ha avanzado que trabajarán por "derogar" el texto, aunque para conseguir ese objetivo primero deben obtener el respaldo de los ciudadanos en las urnas.

Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha empezado su intervención, en respuesta a la inicial del concejal de Seguridad, con una propuesta: "Retiren este texto, cojamos la ordenanza de València y convoquemos a las entidades sociales… Si me dice que sí, ni intervengo. ¿No, verdad?". El silencio ha sido el "no" del bipartito a Bellido, quien ha puesto de manifiesto su "profundo enfado". "Iniciamos la semana negra. No sabemos si habrá gobierno PP-Vox en Castilla y León, pero aquí ya lo hay. Ciudadanos es la primera víctima. El PP de Casado será la siguiente. Volvemos al pasado, a la ordenanza de Sonia Castedo. A ser una ciudad más inhumana, más cobarde y más dura. Tan cobarde como la actitud de Barcala ocultando el pleno", ha defendido Bellido, quien ha criticado al bipartito por "alejarse del dialogo, como hasta Cáritas ha denunciado". "Se convierten en negacionistas de la Agenda 2030, entierran el plan Plan de Acción Social. Ustedes que dicen que son de misa diaria se alejan hasta de los evangelios. Haría bien el nuevo obispo en alzar la voz frente a estas agresiones a las personas necesitadas". 

Bellido, al igual que otras fuerzas de la izquierda, ha revelado que el gobierno municipal "en privado" dice que "no se van a aponer las multas, que no se van a ejecutar". "Entonces, a qué juegan? ¿A meter miedo? ¿A ser los abusones de la clase. Están jugando con la vida de las personas. Han elegido camino. Se alejan de los acuerdos, de la moderación, y lo fían todo a abrazar el populismo de Vox", ha finalizado. 

El Pleno municipal se ha celebrado por vía telemática. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, decidió que uno de los plenos más relevantes del año, en el que se debe aprobar la controvertida ordenanza contra la mendicidad y prostitución se celebrase fuera del Salón de Plenos.

Esa decisión provocó el enfado de toda la oposición, tanto de la izquierda como de Vox. Indignación generalizada que se vio en la Junta de Portavoces previa al pleno, en la que los portavoces de los tres grupos progresistas (PSOE, Unidas Podemos y Compromís) y de la formación ultra solicitaron que la sesión plenaria se celebre, por lo menos, de manera semipresencial. Es decir, con parte de los concejales en el Salón de Plenos (entre ellos, los que intervengan por cada grupo en el debate del próximo martes) y el resto, por vía telemática. El alcalde, sin embargo, se negó en rotundo, alegando la situación epidemiológica existente.

El texto aprobado incluye multas de hasta 500 euros por el ofrecimiento de servicios o productos, siempre que no hayan sido demandados por el usuario, como tarot, videncia, masajes, tatuajes, espectáculos circenses o de malabarismos, indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas, pañuelos, mecheros u otros análogos, en vías o espacios públicos y a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos, a cambio de una cantidad de dinero o donativo.

Además, se multará con hasta 750 euros por dormir en la calle. En concreto, según la redacción de la ordenanza, estará castigado "acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos, sus elementos o mobiliario de tiendas de campaña, tenderetes, colchones, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos, y tampoco estará permitido dormir de día o de noche en estos espacios".

Con hasta 3.000 euros estará castigado realizar "conductas que, bajo apariencia de mendicidad o de manera organizada, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de la ciudadanía por los espacios públicos, cuando se ejerzan directa o indirectamente con acompañamiento de menores o de personas con diversidad funcional".

El documento aprobado, por tanto, fija en los 3.000 euros las multas más elevadas para personas vulnerables, según se recoge en la ordenanza definitiva, tras la inclusión de los cambios promovidos a último hora por Ciudadanos. Las iniciativas de la formación naranja iban encaminadas a incluir cláusulas sociales en el documento, además de buscar no equiparar las multas a las mujeres prostituidas y a los hombres que solicitan los servicios. Así, la ordenanza recogerá, entre otras acciones, que el Ayuntamiento deberá adoptar "todas las medidas sociales a su alcance para erradicar el ejercicio de la mendicidad en cualquiera de sus formas en Alicante y para dotar a todos los ciudadanos de Alicante de una vivienda digna" y que los "agentes de la autoridad, o en su caso el personal de los servicios sociales, informarán a las personas que ejerzan la mendicidad de los servicios de atención social a los que puedan acudir para recibir el apoyo que sea necesario para el abandono de estas prácticas".

Respecto a la prostitución, el Ayuntamiento "coordinará las actuaciones de atención social dirigidas a las personas que se encuentren en situación de prostitución en Alicante". Además, también se incluyeron a propuesta de Ciudadanos cambios en la fase de alegaciones en el apartado económico, ya que las sanciones a las mujeres prostituidas pasarán a ser consideradas leves (de 100 a 750 euros), mientras que seguirán como graves la petición de los servicios (de 750,01 a 1.500 euros). El artículo en cuestión recoge hablar de "llevar a cabo prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana".

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