El Plan Director para la gestión del Patrimonio Castreño en Asturias, el documento llamado a guiar las futuras actuaciones de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado en la defensa, conservación y promoción de la cultura castreña, plantea una enmienda a la totalidad de la política que, en las últimas décadas, ha aplicado el gobierno regional en relación a los castros. En sus 160 páginas, el documento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, constata deficiencias en el mantenimiento de estos bienes, abocados algunos incluso al abandono, lagunas en su inventario, pérdida de materiales recuperados de varios yacimientos, la falta de aprovechamiento turístico de estos activos y, en general, una desatención sostenida en el tiempo a nivel administrativo y presupuestario.
El documento, redactado por el arqueólogo Ángel Villa Valdés y que ha sido aprobado por el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, plantea también una serie de actuaciones, algunas muy ambiciosas, con las que se podría revertir la situación.
Inventario
El Plan Director contabiliza unos 270 poblados castreños identificados actualmente en Asturias, aunque precisa que esa cifra seguramente irá a más en los próximos años gracias a la evolución de las técnicas de teledetección. Pero el conocimiento y la catalogación de estos enclaves es desigual. Aunque el autor valora de forma positiva que se hayan inventariado gran número de castros, lamenta que “la calidad de los datos” inventariados “es tan diversa como lo fueron las circunstancias y el personal responsable de su realización”, confrontando trabajos de orientación científica o académica con “los realizados con fines administrativos”, así como el desigual tratamiento que los distintos autores dieron a los yacimientos. Por ello, el Plan Director propone “como labor imprescindible” actualizar el inventario, en un proceso que se debe hacer por fases, y para el que se proponen cinco unidades de prospección: Oriente (que sería el área prioritaria para empezar), Litoral centro y occidente, Centro, Cordillera central y Occidente interior. Este inventario sería la base para la elaboración posterior de un Atlas Castreño, un “repositorio general en soporte digital de acceso libre, con información detallada de cada yacimiento y toda la documentación producida en torno al mismo”.
Materiales
La actividad arqueológica en los castros ha permitido, ya desde el siglo XIX, recuperar “un volumen importante de materiales”. No obstante, el Plan Director reconoce que “son relativamente abundantes las piezas que, por una u otra razón, nunca fueron ingresadas en el Museo Arqueológico de Asturias tal y como, por otro lado, prescribe la normativa vigente”. Por ello, el documento considera que “la recuperación de estos objetos y colecciones se impone como tarea prioritaria”, e insta a rastrear “las intervenciones conocidas, contrastar el registro de fondos del Museo Arqueológico de Asturias con los estudios y noticias publicadas y reiterar los requerimientos administrativos ya realizados pero no atendidos”.
Mantenimiento
Castros colonizados por la maleza, atrapados entre bosques de eucaliptos o “totalmente abandonados”. Este es el escenario que el Plan Director presenta en ausencia de planes globales de siega, desbroce y limpieza de los castros. Un ejemplo es el Picu’l Castru de Caravia: “A pesar de su relevancia histórica y localización en las proximidades de itinerarios muy concurridos, el paraje se encuentra hoy en total abandono”. Otro, el Castro de Doña Palla, en las proximidades de Peñaullán (Pravia): “Las ruinas allí exhumadas permanecen expuestas a las inclemencias meteorológicas y al enraizamiento forestal”. El Plan Director plantea actuaciones continuadas de siega, desbroce y limpieza, y remarca ya prioridades para este mismo ejercicio, en el que se han consignado 300.000 euros para los castros en los presupuestos. Las prioridades pasan por actuar en los castros de Coaña, Mohías, Larón, Degaña, Caravia y en plantear un proyecto de conservación para el castro de San Chuis.
Detectorismo
El documento alerta de diversas amenazas que ponen en peligro la integridad de los yacimientos. En algunos casos hay circunstancias especiales, como es el de los castros marítimos, en los que la erosión del frente litoral “implica una cierta e inevitable alteración” del perfil de los poblados, algo especialmente preocupante en 13 yacimientos en los que se impone una actuación urgente. Pero en un marco más general, el documento alerta de “la proliferación del uso incontrolado de detectores de metales”. La localización apartada de los castros y la relativa abundancia de objetos metálicos en sus depósitos, señala el documento, hace que estos yacimientos sean “especialmente vulnerables a este tipo de expolio”. Por ello, el Plan Director plantea una actuación global contra el detectorismo que opere sobre “campos tan diversos como la educación, el control de venta y adquisición de detectores, la función policial, respaldo judicial y política punitiva severa”, aplicando las sanciones que contempla la ley a aquellos detectoristas a los que se descubra en una zona en la que se presuma que pueda haber restos arqueológicos.
Compra de tierras
A la hora de gestionar los espacios arqueológicos, el Plan Director reconoce la dificultad de operar sobre terrenos que, en muchas ocasiones, pueden ser de titularidad privada. Por ello, el documento propone activar un programa de adquisición de terrenos, generalmente de ámbito rural y un precio de mercado contenido, en los que se localicen asentamientos castreños. “La modesta valoración económica que, por lo general, poseen los terrenos afectados por el inventario de bienes arqueológicos habría de permitir, con dotaciones mantenidas, una continua y efectiva exclusión de yacimientos del conjunto de bienes amenazados”, señala el Plan Director.
Turismo
El documento encargado por la consejería que gestiona Cultura y Turismo no duda en calificar la promoción turística de los castros como “inapropiada”, señalando que “solo un reducido grupo” de los yacimientos “reúnen condiciones mínimas que ofrezcan una exposición respetuosa con el bien y que, al tiempo, garanticen las necesarias medidas de seguridad y accesibilidad”, de tal manera que la experiencia de visitarlos “suele resultar poco grata, proyectando una imagen institucional muy negativa”.
