El Plan Director para la Gestión del Patrimonio Castreño en Asturias, el documento llamado a marcar la política del Principado en la protección del patrimonio castreño, revela la desaparición de materiales recuperados en al menos seis excavaciones desarrolladas en otros tantos yacimientos. En concreto, el informe constata la pérdida de estructuras y materiales exhumados en, al menos, los castros de Llagú (Oviedo), San Chuis (Allande), El Castillo de San Martín (Soto del Barco), Mohías (Coaña) y San Isidro y Pico da Mina (ambos en San Martín de Oscos). Una situación que lleva al redactor del informe, el arqueólogo Ángel Villa Valdés, a considerar como “tarea prioritaria” la recuperación de estas piezas desaparecidas.
La legislación es muy explícita en lo relativo al depósito de las piezas de carácter arqueológico, independientemente de si fueron recuperadas por azar o como objeto de una campaña arqueológica. Unas y otras, como precisa la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de Patrimonio Cultural, deben depositarse obligatoriamente en el Museo Arqueológico. En el caso de los bienes exhumados en campañas arqueológicas, de hecho, se apunta que han de ser debidamente inventariados y catalogados, y que en ningún caso se debe exceder el plazo de un año después de su descubrimiento. Además, la ley señala que es obligación de los directores de las excavaciones hacer el depósito de las piezas.
Pese a esta obligación legal, se han documentado diversas desapariciones de materiales exhumados durante campañas arqueológicas. “Son relativamente abundantes las piezas que, por una u otra razón, nunca fueron ingresadas en el Museo Arqueológico de Asturias tal y como, por otro lado, prescribe la normativa vigente. En consecuencia, las intervenciones arqueológicas de las que proceden jamás han podido ser convenientemente contrastadas, circunstancia ocasionalmente agravada por la carencia añadida de un registro documental que facilite la contextualización de los hallazgos”, señala el documento.
Algunos casos resultan especialmente sangrantes. En el castro de Llagú, un yacimiento que 25 años atrás protagonizó una gran controversia dado que su excavación podía afectar a la explotación de una cantera, el Plan director señala que en los expedientes relativos a una intervención arqueológica en el yacimiento “consta el desmontaje y traslado de algunas estructuras domésticas así como parte de los paramentos de la muralla. Se desconoce el paradero de estos materiales”.
Esta desaparición de materiales se une, en algunos casos, al propio abandono de los yacimientos. En los poblados fortificados de San Isidro y Pico da Mina, en las proximidades de Bousoño (San Martín de Oscos), el documento señala que en la actualidad, ambos castros “sufren los efectos de un abandono total con desarrollo incontrolado de vegetación, exposición de estructuras a la intemperie y promoción turística sin ningún servicio de vigilancia o control”, además de precisar que “los materiales recuperados en las intervenciones arqueológicas, salvo dos piezas metálicas procedentes de Pico da Mina, no han ingresado en el Museo Arqueológico de Asturias”.
“La recuperación de estos objetos y colecciones se impone como tarea prioritaria. Para ello habrá de rastrearse las intervenciones conocidas, contrastar el registro de fondos del Museo Arqueológico de Asturias con los estudios y noticias publicadas y reiterar los requerimientos administrativos ya realizados pero no atendidos”, sostiene el informe, que alerta además que esta problemática se une a la proliferación de prácticas de expolio y a la actividad, cada vez más frecuente, de los detectoristas que operan en zonas protegidas, a los que se considera “una amenaza creciente” para el patrimonio castreño. Unas prácticas que el Plan Director insta a frenar aplicando “una política punitiva severa”.
