Asturias tiene una oferta de más de 90 ciclos y tiene más de 15.000 alumnos. La matrícula, además, no ha parado de aumentar en los últimos años. Según las estadísticas del Ministerio del curso 2020/21, en la región hay 15.231 estudiantes de Formación Profesional (presencial), de los cuales 8.442 estudian un grado superior, 5.936 un ciclo medio y 853, un grado básico. Hace diez años, en el curso 2010/11, había un total de 12.307. Es decir, ahora hay 2.924 alumnos más.
Este curso se estrenaron tres nuevos grados, que arrasaron en solicitudes: los de Acondicionamiento Físico, Energías Renovables, y Animación 3D, Juegos y Entornos. La Consejería de Educación “trabaja permanentemente en actualizar” la oferta y tiene en estudio, según adelanta el director Javier Cueli, nuevos títulos para implantar en la región el próximo mes de septiembre. Además, como novedad, Asturias lanzó este curso sus primeros tres cursos de especialización –o másteres–, un complemento a los ciclos. Fueron sobre ciberseguridad y digitalización de mantenimiento industrial. Uno de ellos, no obstante, no pudo impartirse por falta de matrícula. Aun así, el equipo de Lydia Espina seguirá apostando por esta vía el próximo año escolar.
La nueva ley de Formación Profesional, que incrementa el número de horas prácticas en empresas y contempla incluso contratos remunerados para los alumnos, es “muy buena”, tiene una “visión integradora y europea” y puede darle el “empujón” definitivo a la FP en Asturias. Pero... Los directores de los centros educativos advierten de que el modelo dual intensivo, que establece que como mínimo un 35% de las horas de formación deben hacerse en la empresa, tendrá “difícil” encaje en la región. “La mayoría de las compañías son pymes o micropymes. En algunos sectores no serán capaces de absorber a todo el alumnado”, avisan. A ello se suma otro obstáculo más: el contrato. “¿Quién pagará la factura?”, se preguntan los profesores.
El texto definitivo de la ley fue aprobado el pasado 23 de marzo en el Senado y este viernes salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La reforma entrará en vigor dentro de veinte días, sin embargo, aún no estará lista (o no del todo) para ser aplicada el curso que viene. Falta que el Ministerio de Educación haga los desarrollos normativos. Sin ellos, explica el director general de Enseñanzas Profesionales del Gobierno del Principado, Javier Cueli, “las comunidades no podemos hacer nada”. Y, por ahora, los plazos son una incógnita. Lo único que concreta la ley es que la nueva FP dual tendrá que aplicarse antes de diciembre de 2024. “La norma es un paraguas muy grande. Es amplia, compleja y ambiciosa, pero falta aterrizar”, señala Cueli. Es decir, concretar cómo lo que recoge el papel se llevará a la práctica. En el momento que quede claro, “nosotros nos adaptaremos lo más rápido posible”, agrega.
General e intensiva
La piedra angular de la reforma es que impulsa todavía más la Formación Profesional dual, la que combina clases en el centro con prácticas en empresas. La norma recoge dos tipos. La primera es la general, que viene a ser la que se aplica en la actualidad, con la diferencia de que aumenta la duración de la formación en la empresa. Pasa de un 20% a al menos un 25%. Y la segunda es la intensiva, que eleva ese porcentaje mínimo al 35% e incorpora un contrato de formación remunerado para los alumnos. Además, destaca el director general, a partir de ahora el alumno no irá a la empresa en el último trimestre del segundo curso, sino que ya lo hará en primero alternando las aulas con la empresa. No obstante, en la práctica, este gran salto, reconoce Cueli, “no lo podrá garantizar el sistema educativo, sino que dependerá de las necesidades empresariales”. Y es ahí donde los directores de centros de FP expresan sus dudas.
Marisol Martínez, directora del IES de Luces, en Colunga, que oferta ciclos pertenecientes al sector agroambiental, cree que la ley es “muy positiva” y acerca con esa FP dual intensiva “el mundo laboral a los alumnos”. Sin embargo, “en la realidad de Asturias será muy complicado de aplicar y más aún en nuestro sector, que es el agrario, con empresas micro”. “Esto tiene sentido en el País Vasco o en Madrid, pero aquí no hay tantas empresas que puedan absorber a los estudiantes”, señala. A su juicio, “el tejido empresarial asturiano tampoco tiene capacidad para hacer contratos”: “Como idea me parece estupenda, pero no sé si será factible, al menos en todos los sectores”. En su instituto, la modalidad dual solo llega a cuatro alumnos (los mejores) de cada ciclo. “Porque es el número –aclara– que tenemos calculado para que la empresa pueda incorporar a los alumnos”.
Lo mismo expresa Maribel Lugilde, directora del CIFP Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo. “En nuestro tejido industrial no será fácil implementar esa modalidad de FP dual intensiva, le veo difícil materialización. En nuestro campo son micropymes y el trabajo es fluctuante. A veces no pueden ofrecer ni plazas para alumnos”, profundiza. Jorge Saucedo, director del CIFP Cerdeño, en Oviedo, sostiene que “el mayor problema es el contrato”. “Salvo en algunos sectores, yo pienso que el incremento de horas prácticas en empresas no será problemático. Otro asunto son los contratos remunerados... Teniendo en cuenta que en Asturias hay sobre todo micropymes y autónomos va a ser difícil de asumir”, reflexiona. De hecho, las estadísticas dicen que solo el 3,58% de las firmas regionales tiene más de 9 trabajadores. Saucedo se pregunta entonces: “¿Quién pagará la factura de los contratos?”.
Quitando este “fleco”, los profesores creen que la ley “es muy buena”. Destacan, por ejemplo, que integra “toda la FP bajo la misma estructura”. Se refieren a la FP para el empleo y la educativa. La nueva norma aúna bajo el paraguas del Ministerio de Educación los dos sistemas, que hasta ahora estaban separados. De esta forma, “el ciudadano podrá ir generando sus propios itinerarios educativos”, resalta Jorge Saucedo. De hecho, la reforma crea cinco niveles ascendentes (A, B, C, D y E), que van desde microformaciones –son cursos de pequeña duración– hasta los másteres de especialización. De esta forma, los estudiantes podrán pasar de un escalón a otro –el Ministerio lo compara con una matrioshka– e ir acumulando formación a lo largo de la vida. Otra novedad dentro de ello es que, sumando varias microcursos, el alumno podrá obtener un certificado de competencia y, más arriba, un certificado de profesionalidad.
Acreditación de oficios
Los directores de centros que imparten FP también ponen el acento en la apuesta que hace la ley por la acreditación de competencias profesionales adquiridas de manera informal. “Esto permitirá que cualquier persona que tenga un oficio o una experiencia, pero no los estudios, pueda solicitar que se lo reconozcan con un título mínimo”, detalla Maribel Lugilde, del CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido. El Gobierno central calcula que puede beneficiar a 3,3 millones de trabajadores. En este contexto, Jorge Saucedo también se refiere a un tema que pasa desapercibido, pero que es “muy importante” a su parecer: la orientación laboral y profesional. “Una herramientas que existe –dice– y, sin embargo, no llega al ciudadano”. La nueva ley la refuerza con el objetivo de que los jóvenes elijan bien la profesión del mañana y no se dejen llevar por las modas, evitando así que cambien de estudios o abandonen, con la pérdida de recursos que eso conlleva.
Otra clave de la norma son las pasarelas con la universidad. “Es fundamental, eso nos permitirá tener una mayor transferencia de conocimiento”, indica Maribel Lugilde. Según puntualiza el director general de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli, pasarelas entre la FP y la universidad ya había. Pero solo de ida. Es decir, “tú haces un ciclo superior y puedes hacer después un grado universitario con reconocimiento de créditos. Lo que no existía es el paso contrario”. Un egresado, si quiere ir a la FP –algo que hacen algunos en busca de empleo–, tiene ahora que cursar un ciclo desde cero. “No hay reconocimiento de créditos”, apunta.
Con todo y a pesar de las dudas que genera la falta de concreción de la norma, los profesores asturianos reciben la ley con los brazos abiertos. “Tiene una visión muy integradora, muy europea, va muy con los tiempos actuales”, dice Marisol Martínez. “Esta ley supone dar un paso más. Si somos capaces de desarrollarla y aprovecharla bien, será una herramienta muy importante para la empleabilidad”, comenta Jorge Sauce, que sostiene que “los primeros que tienen que creer en la FP son los políticos”. “Llevo años escuchando de sus bocas: ‘Llegó la hora de la Formación Profesional’”. A ver si esta es la definitiva. “Esta norma nos hace mucha ilusión, puede darle un empujón a la FP y el reconocimiento público que tiene en el resto de Europa. Se piensa todavía que quien estudia un ciclo es alguien que no ha tenido la capacidad de ir a la universidad. Y no es así: es una alternativa e incluso un complemento”, sentencia Maribel Lugilde.
“Más y mejor comunicación” con la empresa, reclama FADE
La Federación Asturias de Empresarios (FADE) apoya la nueva ley de Formación Profesional por, entre otras cosas, “generalizar el carácter dual de la FP”, dando “más peso en los currículos formativos a las necesidades y responsabilidades empresariales y aumentando las estancia en las empresas”. El responsable de Formación de la patronal regional, Fernando Zapico, considera que todo ello puede desembocar en un “incremento de las matriculación en FP”, un objetivo, dice, “largamente ansiado no solo por el tejido productivo sino también por la UE, que de media duplica el porcentaje de personas matriculadas en España”. FADE aplaude también que la reforma regule “la acreditación de competencias profesionales de casi 11 millones de españoles que a la fecha no están en condiciones de acreditar formalmente sus competencias profesionales”. Zapico entra ahora en la FP dual y advierte que para que sea “real” tendrá que hacerse “un gran esfuerzo en comunicación entre empresas e instituciones educativas”. “La FP será realmente dual si, y solo si, cuenta con el concurso de las empresas y para ello es necesario, además de una buena y mejor comunicación, se dote de un marco normativo claro que facilite la toma de decisiones y especifique las responsabilidades que asume la empresa, reduciendo drásticamente las incertidumbres”, expresa. Una de ellas es “si se dotará al sistema, al menos al principio y dada la actual coyuntura económica, de incentivos que faciliten a las empresas la asunción del rol formativo además del productivo”. “En estos y otros aspectos será clave el desarrollo reglamentario de la mencionada ley orgánica, actualmente en fase de diseño y consenso por las partes”, concluye.
